Es oportuno que la ciudadanía observe lo que sucede con los servicios básicos existentes que el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer, ya sea de manera efectiva, regular o precaria, pero que le toca.
Desde la expedición de pasaporte, suministro de medicamentos de alto costo, servicio de emergencia 911, asistencia vial, salud en los hospitales, educación pública, agua potable, electricidad, asistencia social a través de tarjetas electrónicas entre otros, por los que los ciudadanos deben pagar o simplemente les llegan gratis o como ayuda extra, es preciso verificar si, con respecto a los años anteriores a la pandemia, están igual, mejor o peor que antes.
Es la manera más objetiva de evaluar la capacidad administrativa de los autoridades actuales y de determinar en cuáles aspectos ha habido mejoría y en cuáles otros, que son responsabilidad directa del Estado, se está registrando deterioro en perjuicio de la ciudadanía. Así se toman menores decisiones.
