El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) solicitó este jueves a las autoridades respetar y cumplir con el contrato suscrito por el AIB y el Estado dominicano para continuar con el proceso de construcción de la terminal aeroportuaria que dará al país una mayor capacidad de conexión y competitividad en materia aérea, especialmente por la importancia que tiene el turismo en la economía.
Durante una rueda de prensa, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero precisó que “se ha pretendido que hay vicios en la aprobación” del contrato. Sin embargo, ninguna de las acciones legales realizadas hasta el momento ha determinado ni estudiado si existe algún “vicio”. Por lo tanto, aseguró que se “ha pretendido lograr la suspensión de la construcción del aeropuerto a través de una famosa declaratoria de lesividad emitida por un organismo inferior”.
El jurista explicó que no se puede desconocer un contrato suscrito por el Estado dominicano a través de una resolución. “Lo que hay aquí es un conflicto de intereses, mezclado con una revancha política, si se quiere, de partidos políticos que entienden que lo que hace un partido el otro debe deshacerlo y el país no se beneficia con eso”. De acuerdo con Esquea, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) ha pretendido anular la resolución que autorizó la construcción del aeropuerto, el cual está avalado por un decreto y un contrato.
“Ni siquiera el Presidente de la República puede contravenir un contrato suscrito por el Estado dominicano, porque el orden es el Estado, después vienen los Poderes”, afirmó, al señalar que “hay un organismo del Estado dominicano haciendo causa común con un aeropuerto establecido y con una empresa establecida que tiene un aeropuerto que está tratando de impedir que se ejecute un contrato suscrito por el Estado dominicano”.
Esquea resaltó que esta posición pone en riesgo las futuras inversiones en el país. “Ustedes se imaginan un Gobierno y un país que requiere inversión extranjera que está rechazando la inversión interna, la inversión nacional, y los extranjeros qué van a decir”, sostuvo.
Precisó que actualmente estiman que por el proceso se ha paralizado una inversión de unos US$20 millones. Dijo que esta puede ser una muestra de que el Presidente no está siendo bien asesorado o que “no lo han informado lo suficientemente de los detalles que hay envueltos en la situación”.
Al hablar sobre cómo evalúa el procedimiento, afirmó que no existe “ningún alegato jurídico válido” y que lo que puede interpretar es que se están cuidando intereses. “Hay un aeropuerto que viene a competir conmigo y a mí no me conviene, porque el pastel vamos a tenerlo que partir entre dos”.
Puso por ejemplo la ubicación de las estaciones de expendio de combustibles, las cuales están reguladas a cierta distancia para evitar la competencia desleal. Sin embargo, en el caso aeroportuario no “hay ninguna ley que establezca que no se puede establecer un aeropuerto en un sitio, porque haya otra cerca”.
