[dropcap]L[/dropcap]a suspensión de los desembolsos de financiamientos para la construcción de las plantas a carbón mineral de Punta Catalina, provincia Peravia, han obligado al Gobierno a destinar recursos propios para mantener a flote el ritmo de los trabajos, aunque con atrasos que implicarán la espera de al menos un año más para su terminación.
El Gobierno ha estado utilizando recursos presupuestados originalmente para otros capítulos de gastos, a los fines de cubrir los costos de la construcción de la mega obra energética de 720 megavatios que habrán de fortalecer la oferta energética nacional bajo administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
De acuerdo con estadísticas sobre los informes de desempeño de las empresas públicas del sector eléctrico, entre 2014 y 2015 el Gobierno estimó un presupuesto de RD$11,348.2 millones para “Obra de energía”, es decir, para las plantas a carbón. Sin embargo, en esos dos años -sin contar diciembre 2015- la inversión con recursos internos ascendió a RD$27,372.7 millones.
En esos casi dos años el Gobierno agregó RD$16,024.5 millones a lo que originalmente había programado para invertir en esas dos unidades, mientras esperaba la aprobación y posterior desembolso de los préstamos para costear la obra.
Pero aunque los créditos fueron debidamente aprobados, el dinero no llegó. Incluso, las últimas versiones al respecto, nunca desmentidas por el Gobierno, dan cuenta de que un primer desembolso de US$200 millones debió ser devuelto.
Entonces, ¿de dónde han salido los fondos no presupuestados que el Gobierno ha destinado a las plantas a carbón? La respuesta puede encontrarse en el hecho de que, al parecer, no todo ha sido negativo para el Gobierno, pues si de un lado ha enfrentado problemas para recibir los financiamientos de la planta, de otra parte ha sacado provecho a la reducción en los precios internacionales del petróleo y consecuente bajada de los costos de generación.
De esa forma, las partidas presupuestadas para subsidiar el déficit operativo de las distribuidoras ha bajado a tal punto que en 2014 y 2015, de los RD$76,871.3 millones aprobados para cubrir pérdidas de Edenorte, Edesur y EdeEste, el Gobierno solo desembolsó RD$44,303 millones -hasta noviembre de 2015-, por lo que se ahorró RD$32,568.3 millones en el período y de esos fondos estaría canalizando alrededor de la mitad hacia las plantas a carbón.
Financiamiento “trunco”
El Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) había aprobado un crédito por US$656.1 millones para financiar las plantas, mientras que a través de un pool de bancos europeos encabezados por la Compañía Italiana de Crédito a la Exportación (SACE) el Gobierno obtuvo otro crédito por US$632.5 millones para el mismo proyecto, haciendo un total de US$1,291.1 millones.
A esos recursos se agregarían cerca de US$1,000 millones más de recursos propios para completar los costos de las dos unidades de generación de 360 megavatios cada una para tenerlas listas a más tardar en el tercer trimestre de 2017.
Pero el BNDES no desembolsó los fondos, debido a que la empresa constructora del proyecto, la también brasileña Odebrecht, enfrenta problemas judiciales atribuidos a que supuestamente conseguía contratos de construcción mediante sobornos y otras maniobras ilícitas. Ante esa situación, el BNDES ha preferido suspender toda clase de desembolsos vinculados con Odebrecht.
De otro lado, el SACE, que hizo un primer desembolso de US$200 millones del financiamiento previamente aprobado, le habría reclamado al Gobierno la devolución hasta tanto se resolvieran los conflictos en torno a la situación de la obra.
Sin embargo, aún sin esos financiamientos, el Gobierno ha continuado, de forma muy lenta, la construcción del parque energético con recursos propios o al menos financiados en el mercado interno.
En los dos primeros meses de este año, la CDEEE reporta que ha invertido RD$4,594 millones en la obra de generación, mientras que no se conocen datos oficiales sobre la cantidad invertida en los meses siguientes y hasta la fecha, debido a que los reportes de desempeño del sector no están actualizados.
La CDEEE mantiene el control de la política energética del Estado hasta septiembre de 2018, fecha en la que pasará a la administración del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo con lo que establece la ley que crea esa institución.
Las plantas a carbón, un proyecto difícil
El proyecto de construcción de las dos plantas de carbón mineral con una capacidad de 360 megavatios cada una es la principal obra de inversión del gobierno de Danilo Medina en materia energética. Originalmente se presupuestó en alrededor de US$1,950 millones, pero las estimaciones más recientes dan cuenta de que podría colocarse por encima de los US$2,500 millones.
Además de las dificultades para obtener los financiamientos para su terminación, se ha criticado la forma en que fue licitada la obra, pues supuestamente se habría dado preferencia a la oferta de Odebrecht en detrimento de otras propuestas de empresas con más experiencia en la materia y cuyos costos eran menores.
Asimismo, diversos sectores han expresado su oposición a que el Gobierno se embarque en una obra para producir energía con carbón mineral, cuando la tendencia mundial es hacia la sustitución de ese tipo de generación por la de energía más limpia y menos contaminante.
Entre una posición y otra se ponen también de manifiesto los intereses de sectores a los que conviene y a los que no les favorece que el Estado adquiera una capacidad de generación suficiente para no depender tanto de los generadores privados.
