[dropcap]Y[/dropcap]a lo ha dicho el experto tributario Francisco Canahuate: No hay que temer a la reducción de las tasas, pues en la medida en que el costo impositivo le permita a las empresas operar de manera apropiada, no se van a arriesgar al incumplimiento, porque el costo de incumplir les resultará mucho mayor que el pago que van a realizar.
Chile (19%), Argentina (21%) y Uruguay (22%) son los únicos países de América Latina cuyas tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aquí el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), son más altas que en República Dominicana (18%).
En esencia, de lo que se trata es que cada contribuyente individual pague menos, pero la colectividad, en su conjunto, aporte más. El Centro de Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) propone una tasa generalizada del IVA de 10%, ampliando la base imponible.
Lo que sí está demostrado es lo complicado del sistema impositivo dominicano, dificultando la operatividad hasta para el Gobierno. Al menos 28 disposiciones legales, entre leyes, decretos y resoluciones que imponen tasas por servicios, comprometen cerca del 70% de los ingresos, lo que los economistas califican como rigideces del presupuesto.
Sólo la debilidad de las instituciones y el incumplimiento de las leyes (en este caso podría decirse que por suerte) permiten al Gobierno disponer de los recursos para operar, aunque, por supuesto, siempre acudiendo al déficit, cuyo monto se estimó en RD$75,893.5 millones en 2016, equivalentes a un 2.3% del producto interno bruto (PIB).
Si las leyes que comprometen el presupuesto se cumplieran tal cual fueron aprobadas casi no habría dinero para otras áreas. La excepción es la Ley de Educación (66-97), que dispone el 4% del PIB para este sector o el 16% del gasto (el que sea mayor de los dos).
La legislación que dispone el 5% de los recursos internos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) nunca se ha cumplido, lo que la convierte en letra muerta. La que manda a entregar 10% del Fondo General a los ayuntamientos tampoco se cumple. Una que sí se cumple es la que establece el 0.25% o 0.5% (año electoral) para el financiamiento de los partidos políticos.
Por ley el Ministerio de la Juventud debería recibir el 1% de los recursos internos. Deportes también recibe un por ciento de la recaudación de las bancas deportivas y el 30% por los tragamonedas. El Consejo Nacional de la Niñez (Conani) recibiría 20% del 30% recaudado por los tragamonedas y el 2% de los recursos internos.
El Ministerio de la Mujer está supuesto a recibir el 1% de las licencias para porte de armas de fuego, mientras que Turismo debería recibir 50% de las tarjetas de turismo y 50% de las tasas aeronáuticas.
El Instituto del Tabaco tiene derecho al 8% del impuesto selectivo al tabaco, mientras que el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) tiene que recibir RD$120 millones fijos cada año.
Más distribución
La Junta Central Electoral (JCE) debe recibir el 1.5% de los recursos internos, el Congreso Nacional del 3.1%, el Poder Judicial el 2.66%, la Procuraduría General de la República el 1.44%, la Cámara de Cuentas el 0.3%, la Dirección de Aduanas el 4%, Impuestos Internos el 2% de la recaudación efectiva y el 0.5% de los reembolsos; la Presidencia el 5% de los ingresos corrientes y tiene otro capítulo que equivale al 1% de los ingresos corrientes para emergencias.
Otra ley dispone el 5% de los ingresos por hidrocarburos para impulsar las energías renovables, mientras que Medio Ambiente debe recibir el 100% de los ingresos por las visitas a áreas protegidas. El Instituto Nacional de Administración Pública (Inap) está supuesto a recibir el 0.25% de los ingresos por servicios personales, mientras que el Instituto Nacional de Auxilio y Vivienda (Inavi) el 1% de nóminas.
El presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur, Eduardo de Castro, indicó que cualquier decisión tendente a generar cambios en el aparato tributario debe realizarse sobre la base del Pacto Fiscal.
Prioridades
En medio del debate que ha generado el Pacto Fiscal, la Asociación de Industrias (AIRD) consideró que en estos momentos los diferentes sectores de la sociedad dominicana deben centrarse en la discusión de temas prioritarios sobre los cuales previamente se deben llegar a conclusiones satisfactorias para el país y no adentrarnos en el debate del pacto fiscal antes de terminarlos.
“El sector empresarial ha sostenido y así lo hemos acordado con las autoridades, que antes de iniciar cualquier discusión relativa al Pacto Fiscal se debe culminar el Pacto Eléctrico que nos conduzca a una reforma del sector eléctrico consensuada que permita la eliminación o reducción sustancial en el sector eléctrico y que, por lo tanto, reduzca significativamente el déficit fiscal”, expresó Campos de Moya, presidente de la AIRD.
Recordó que a partir del 16 de agosto de este año habrá que poner atención en garantizar la transparencia y el cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de República Dominicana, como son la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, la designación de los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, así como conformación del Consejo Nacional de la Magistratura que deberá a su vez elegir a los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral y un juez de la Suprema Corte de Justicia.
