Una de las políticas públicas que mayor impacto tiene en el desempeño del gobierno del Estado es la política fiscal, toda vez que esta tiene dos componentes principales que son, por un lado, el gasto público, con fuerte incidencia en la ecuación del producto interno bruto a través de la demanda de consumo y de la inversión gubernamental y, por otro lado, lo ingresos, con influencia definitiva sobre los agentes económicos mediante el cobro de impuestos.
Comúnmente, a la política fiscal se le asigna un rol de herramienta en el impulso al desarrollo, sobre todo en países de ingresos medio y bajo, además de servir como instrumento para mantener la estabilidad macroeconómica. Adicionalmente, se requiere que la política fiscal que se defina sea congruente con la política monetaria implementada por el Banco Central, de modo que no se afecte la meta de inflación ni los objetivos vinculados a las tasas de interés.
A todo esto, la política fiscal debe ser tan efectiva como para hacer que se reduzca el déficit fiscal, al tiempo que sirve para promover el desarrollo y expansión de los sectores productivos. Pero qué ocurre, por lo menos en el caso dominicano, que la presión tributaria es demasiado baja en comparación con la mayoría de los países de la región y, al mismo tiempo, existe una alta demanda por exenciones tributarias.
Bajo ese esquema, no existe política fiscal que pueda jugar todos los roles que le han sido asignados. Para corroborar nuestra conclusión anterior, veamos lo que planteó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, durante su intervención en el tercer foro económico del periódico elDinero, celebrado a principios de la semana que transcurre.
Uno de los planteamientos del ministro Vicente estuvo alrededor de lo que él denomina encrucijada del órgano fiscal, en donde se plantean las dificultades que existen para poder armonizar las tasas impositivas con los incentivos tributarios, pues la dirección en que se muevan estas variables puede implicar un sacrificio para el Estado con perjuicio para la ciudadanía y también para la inversión privada. A la par, el ministro de Hacienda catalogó como una tarea ingrata la de gestionar el presupuesto público, debido a que “hay que repartir múltiples necesidades con muy pocos recursos”.
En el mismo sentido, Jochi Vicente se refirió a lo define como estrechez fiscal, un esquema en el cual existe baja recaudación fiscal, una estructura fiscal que descansa en tributación indirecta, una proliferación de exenciones y una debilidad institucional e insatisfacción social con lo que el Estado provee. Bajo ese escenario, se plantea la necesidad de movilizar mayores recursos al sector público para garantizar la provisión de más y mejores servicios estatales.
Para el ministro de Hacienda, uno de los graves problemas es la reducida carga fiscal que tiene el país, en comparación con países similares de la región latinoamericana, y esa reducida carga fiscal no puede ser compensada con otros ingresos como ocurre en otras latitudes.
Entonces, todo se reduce a la búsqueda de fórmulas razonables que posibiliten elevar la base fiscal, al tiempo que se revisa la política de incentivos basados en exenciones de impuestos de todos los sectores productivos (personas físicas, personas jurídicas, sector público). Y, para el gobierno del presidente Luis Abinader lo más relevante es, según Jochi Vicente, “Mantener un resultado fiscal consistente con la sostenibilidad financiera del país, y respaldar las políticas gubernamentales destinadas a beneficiar a la población”.
