La OCDE considera que el “círculo vicioso” del empleo informal, que afecta a casi el 60% de los trabajadores del mundo, con bajas remuneraciones para la mayor parte de ellos y que se transmite de padres a hijos, debe romperse con políticas públicas específicas de formación y de protección social.
“Los trabajadores informales tendrían que poder dar un mejor futuro a sus hijos”, señaló el embajador español ante la OCDE, Manuel Escudero, que es también presidente de su Centro de Desarrollo, en la presentación de un informe sobre esta cuestión.
Sobre la base de los datos recopilados en 42 países para el estudio, que se ha llevado a cabo en los cuatro últimos años, una de las constataciones es que de media un 54% de los trabajadores informales ganan menos del 50% del salario medio de esos Estados. En el caso de Costa Rica, ese porcentaje llega hasta el 85%.
Otro problema añadido es que las personas con un empleo informal tienen muchas dificultades para salir de la situación, en parte por su bajo nivel educativo y por los obstáculos para mejorar su cualificaciones.
En la práctica, casi el 45% de todos ellos tienen en el mejor de los casos educación primaria, mientras que entre los que cuentan con un trabajo formal ese grupo no representa más que el 7%.
Su acceso a la formación, tanto con programas públicos como de las empresas, son muy limitados, lo que explica la persistencia de la informalidad y de los bajos salarios.
El agravante es que ese perfil se reproduce de padres a hijos que, en palabras de Escudero, “heredan esas desventajas”. La asistencia a la escuela de esos niños es inferior y eso es perceptible en algunos países desde la primaria. Conforme se sube en el nivel educativo, la brecha se amplía.
Los padres con un trabajo formal tienen más recursos financieros para dedicar a la formación de los hijos. Durante los confinamientos por la covid-19, quedó claro que esos padres eran capaces de dedicar más tiempo a esa educación.
El presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE afirmó que “la cuestión no es si los círculos viciosos se pueden romper, sino cómo”.
Los autores del informe subrayan que las políticas para desarrollar la capacitación son una de las soluciones. Eso pasa por crear oportunidades específicamente dirigidas a esos trabajadores informales por parte de las empresas y de los servicios públicos. También por reconocer las capacidades adquiridas en el trabajo informal.
Otro terreno de acción pública es la protección social, partiendo del reconocimiento de que algunos trabajadores nunca lograrán salir del trabajo informal mal remunerado.
Para ellos, cuando esos empleos permiten mantener la calidad de vida y se consideran esenciales y necesarios socialmente, lo que se debe hacer es imponer salarios mínimos y medidas para reforzar su poder de negociación.
También hay que financiar con los presupuestos públicos la protección social de los trabajadores pobres, mientras que para aquellos informales con niveles de ingresos superiores la prioridad debe ser integrarlos en los sistemas fiscales y de la Seguridad Social, exigiendo su cumplimiento por parte de las empresas y de los propios trabajadores.
