[dropcap]L[/dropcap]a legislación laboral debe tener un doble propósito: la protección del trabajador para evitar situaciones abusivas de parte del empleador, pero por igual debe promover la eficiencia económica estableciendo un mercado de trabajo flexible y de costo razonable.
No obstante, resulta evidente que en República Dominicana el Código de Trabajo y sus normas complementarias han sido concebidas para proteger al trabajador sin considerar ningún elemento de costo-eficiencia.
En este sentido, las abortadas discusiones para lograr un nuevo pacto laboral han dejado en claro relieve las posiciones de los actores más importantes del sector.
Por un lado, el sector empresarial ha realizado propuestas para generar los incentivos necesarios que motiven la creación de nuevos empleos y la eficientización del mercado laboral.
En cambio, el sector gremial se ha enfocado en proteger los “derechos adquiridos” y las normas que obligan a los empleadores a mantener nóminas abultadas e ineficientes. Los “derechos adquiridos” más importantes bajo nuestra legislación son los pagos al trabajador en caso de la terminación de su contrato laboral por la voluntad del empleador, es decir, el desahucio.
El concepto de pago por desahucio sin un monto tope –aumenta en base a los años en el empleo– ha sido abandonado en muchos países, debido a los efectos negativos que conlleva. Este pasivo laboral es un costo escondido que todas las empresas deben enfrentar y, aunque pareciera favorecer al empleado cuando recibe el pago de su liquidación, distorsiona el mercado laboral.
En este sentido, los que se ven perjudicados por medidas como estas son los jóvenes que buscan su primer empleo, pues los empleadores tienen pocos incentivos de contratarlos y, si lo hacen, les pagan poco.
Asimismo, estas normas protegen a los trabajadores poco eficientes pero que han laborado por mucho tiempo en la empresa. En estos casos, las empresas suelen tomar la decisión de aceptar un bajo nivel de eficiencia en vez de asumir el elevado costo de liquidar a esos trabajadores.
Las normas que imponen restricciones en el establecimiento de los horarios laborales, la bonificación por participación en los beneficios de la empresa y las reglas de nacionalización del trabajo presentan trabas para el eficiente desenvolvimiento del mercado laboral.
Aunque es menester que la legislación laboral proteja al trabajador, la forma en que está concebida incrementa el costo real del empleo.
Los líderes de una economía moderna y abierta como la de República Dominicana no pueden esperar la creación de oportunidades sin llevar a cabo una profunda y honesta reflexión al respecto.
