Los temas de salud, agua y pactos educativo, eléctrico y fiscal son principales desafíos para el próximo gobierno, advirtió un estudio dado a conocer por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode),
“Los desafíos de políticas públicas para el cuatrienio 2016-2020”, revela los principales retos que enfrentará el próximo gobierno que inicia este 16 de agosto.
El estudio examina los avances y desafíos en cinco aéreas fundamentales de políticas públicas contempladas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END): agua potable y saneamiento, Pacto Educativo, salud y seguridad social, Pacto Eléctrico y Pacto Fiscal.
“Las políticas públicas que resulten del próximo cuatrienio tendrán gran influencia en la capacidad del país para lograr las metas de la ambiciosa Estrategia Nacional de Desarrollo y así incrementar de manera sostenida el desarrollo humano de los habitantes”, advierte Fanny Vargas, coordinadora de la Unidad de Políticas Públicas del OPD-Funglode y autora de esta publicación.
Pacto Educativo
Tras el aumento de la asignación presupuestaria de 4% del PIB a la educación pública logrado en 2012, la investigación señala que los avances registrados en el cumplimiento del Pacto Educativo son significativos.
“El gasto se ha destinado mayormente a la educación primaria y secundaria pública, a través del plan “Quisqueya Empieza Contigo”, abriendo acceso a los más pobres”, precisa.
La investigación destaca otras conquistas de este sector: entre 2011 y 2014 los salarios bases de los docentes se incrementaron en más de 40%; se han implementado diversos programas como el “Bono Escolar Estudiando Progreso” para luchar contra el abandono escolar y ha aumentado el porcentaje de jóvenes que optan por una educación de modalidad técnico-profesional.
Sin embargo, Vargas sostiene que el reto más difícil ha sido implementar el currículo efectivamente, ya que las deficiencias estructurales que impiden su adopción son grandes.
“La principal deficiencia es la calidad de los docentes, que muestran poco dominio del currículo actual y poca capacidad pedagógica. La implementación de los Estándares, que permitiría dar de baja a los docentes que tengan pobre desempeño y fomentar la permanencia en el aula de los docentes efectivos, no ha iniciado a pesar que estos están aprobados desde 2014”, indica.
A pesar de los avances, el nivel general de la educación sigue siendo bajo: República Dominicana obtuvo la peor puntuación en todas las asignaturas entre los 15 países que participaron en TERCE, indica el estudio del OPD-Funglode.
De acuerdo con esta investigación, otros retos del sector Educación son la expansión de la cobertura, sistemas de evaluación docente y la modernización institucional.
Pacto Eléctrico
El estudio del OPD-Funglode pone en perspectiva los principales problemas del sector eléctrico y las posiciones conflictivas de los sectores que participan en el dialogo del Pacto Eléctrico, que a un año y medio de su lanzamiento aun no se ha logrado concretar por falta de consenso.
Vargas plantea que las problemáticas relativas a este pacto giran en torno cuatro ejes: generación, transmisión, distribución y regulación.
Según el informe, la generación constituye el área más conflictiva de este pacto debido a que el 85 % de la energía depende del petróleo y derivados, lo que la encarece ya que el combustible debe ser importado y representa un riesgo ante cualquier aumento de los precios internacionales del crudo.
Otro factor que contribuye al alto precio de la generación son los contratos de venta de energía de los generadores a las distribuidoras firmados en el Acuerdo de Madrid, que sobreindexan el combustible en el cálculo del precio de venta de la energía. Esto se conjuga con la necesidad de definir si la generación de Punta Catalina se mantendrá como propiedad estatal o se licitará, explica el análisis.
Sobre la transmisión, que es administrada por el Estado, los puntos principales de conflicto son la operación de las líneas de transmisión privadas y la interconexión de los sistemas aislados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), ya que estos son manejados por el sector privado.
Vargas argumenta que el principal fracaso del sector eléctrico está en la distribución, caracterizada por las fuertes pérdidas técnicas y no técnicas que tienen las empresas distribuidoras (EDES).
“El nivel de pérdidas promedio de las tres distribuidoras se estimó en 33.1% en 2013, cuando el estándar internacional de pérdidas es de 10-12%. El 67% de las pérdidas son no técnicas, es decir, robo de electricidad y fraude; el 33% restante son pérdidas técnicas, resultante de equipo obsoleto, niveles de tensión insuficientes y otras ineficiencias en el proceso de distribución”.
El déficit se ve agravado por la estructura tarifaria que no cubre los costos de generación, transmisión y distribución, sumado a los gastos que genera el Programa de Reducción de Apagones (PRA), el cual subsidia a 460,000 hogares en barrios pobres a los que se les cobra una tarifa fija.
Respecto a la regulación, el estudio del OPD-Funglode destaca que el sector eléctrico adolece de duplicidad de funciones. “La Ley núm. 125-01 establece que la responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía es trazar las políticas sectoriales, la regulación corresponde a la Superintendencia de Electricidad y la CDEEE quedaría manejando los contratos con los Productores Independientes de Electricidad (IPP), ciertas deudas con organismos multilaterales y continuaría el proceso de electrificación rural”.
Sin embargo, el análisis enfatiza que ninguna de las instituciones ha sido capaz de asumir cabalmente sus funciones.
“Lograr la firma del Pacto sería una victoria para el presidente Medina, pero es evidente que se requiere un esfuerzo por flexibilizar las posiciones del Gobierno ante los reclamos de los sectores convocados”, argumenta Vargas.
Pacto Fiscal
La investigación del OPD-Funglode advierte que el llamado a un pacto fiscal debe analizarse desde la óptica de las necesidades de ingreso del Gobierno, tomando en cuenta que la presión fiscal en el país es reducida.
“En 2015 esta presión, medida a través de los ingresos tributarios del Gobierno como porcentaje del PIB, fue de aproximadamente 13.8 %, mientras que el promedio para América Latina y el Caribe fue de 15.5% en 2013”, precisa el documento.
El informe explica que para conseguir los ingresos necesarios, el Gobierno recurre a los llamados “paquetazos fiscales” con frecuencia (2001, 2005, 2006, 2007, 2012). “El gasto se concentra en los servicios de Educación, Salud, Protección social y Pago de la deuda pública, y el monto del gasto ha mostrado un aumento veloz empujado por varias tendencias”, agrega.
Vargas indica que los subsidios consumen una fuerte proporción de los recursos públicos, en especial el subsidio eléctrico, que surge de la necesidad de cubrir las pérdidas operacionales las empresas distribuidoras de electricidad. Aquí es obvia la fuerte vinculación que tiene el problema eléctrico con la sostenibilidad de las finanzas públicas, advierte el informe del OPD-Funglode.
El análisis precisa que urge mejorar la eficiencia en la recolección y la persecución del fraude, pues el 30% del ITBIS y más del 50% del Impuesto Sobre la Renta se pierden.
Crisis sector Salud
Según esta investigación, el sector Salud y Seguridad Social enfrenta importantes desafíos. “Los resultados del sistema en el año 2015 fueron lamentables: aumento de la incidencia del zika, dengue, y otras enfermedades por vectores, poco progreso en la mortalidad materno-infantil y sobrecarga de la red pública”.
Vargas resalta que en términos de normativa la conquista más importante fue la promulgación en 2015 de la Ley núm. 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, advierte que la habilitación y acreditación de los centros de salud y la implementación de nuevos modelos de gestión y atención representan un reto crítico.
“El monto de los recursos dedicado al sector ha aumentado, pero aún se encuentra por debajo del promedio regional. En 2014, el gasto publico promedio en salud para América Latina y el Caribe fue de 3.3% del PIB, mientras que en el país fue 1.8% en 2014 y 2015”, indica.
“Los salarios del personal de salud siempre han sido motivo de conflicto y fueron el tema que generó la mayor parte de las 60 protestas relacionadas con el sector salud que ocurrieron durante 2015”, agrega.
La atención primaria todavía se encuentra en la fase inicial de un proceso que debe llevar esta modalidad a ser la puerta de entrada del sistema de salud. Asimismo, el sector permanece centralizado, con múltiples barreras de acceso y deficiencias en la calidad del servicio, junto con un personal médico y de apoyo con serias deficiencias en su capacitación y actualización, marcado por el poco compromiso y la desmotivación, puntualiza el estudio.
Para elevar la calidad de la atención es necesario aumentar de manera significativa el gasto público en salud y concentrarlo en disminuir las inequidades de acceso y recursos, apunta.
Agua potable y saneamiento
Por último, la investigación se refiere a la necesaria reforma del sector agua y saneamiento. Apunta la sequía histórica que vivió toda la región del Caribe durante los años 2014-2015, que dejó el sistema de agua potable dominicano durante meses en situación crítica.
“Estos fenómenos aumentarán en intensidad y frecuencia debido al cambio climático y cuando se toma en cuenta las deficiencias de conservación medioambiental, gestión, distribución y mantenimiento dentro del sector agua, las perspectivas del país lucen sombrías”, advierte Vargas.
La infraestructura de saneamiento y alcantarillado es totalmente insuficiente para lidiar con el volumen de desechos sólidos y aguas residuales que se producen. Además, todos los sistemas de alcantarillado del país son obsoletos, en su mayoría construidos durante la dictadura de Trujillo.
Señala que el problema del agua es complejo y la necesidad de acción cada vez más evidente. Se requiere de un marco regulador actualizado y coherente, que unifique y coordine acciones de las instituciones del sector, integre a las comunidades y garantice el acceso equitativo, sostenible y eficiente al agua.
