Latinoamérica y el Caribe tienen un sistema educativo público segregado por renta que mantiene las desigualdades adquiridas al nacer, estima la economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ana María Ibáñez, para quien “la educación en la región hoy no permite separarse de los factores heredados”.
En una entrevista con EFE, la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento (VPS) del BID desde 2023 explicó que, en esta parte del continente americano, el estatus socioeconómico de una persona depende de “los padres, el lugar de nacimiento, el género y el color de piel”.
Esta es una de las conclusiones que se desprende de una investigación del BID en alianza con la Universidad de Yale, la London School of Economics y el Instituto de Estudios Fiscales, que ha contado con la participación de más de 60 académicos y ha reafirmado que dicha región es la más desigual del mundo.
El documento recalca que en América Latina y el Caribe el 10% más rico de la población tiene de promedio ingresos 12 veces mayores que el 10% más pobre (el promedio de los países desarrollados de la OCDE es de 4 veces). Además, uno de cada cinco de sus habitantes es clasificado como pobre.
La economista colombiana desarrolló que, por lo general, en estos países los hijos de familias con altos ingresos estudian en colegios que les permiten ser competitivos en el mercado laboral, mientras que los nacidos en hogares más humildes lo hacen en centros que no les dan oportunidades.
Como consecuencia, la clase media intenta no tener que escolarizar a los niños en las escuelas públicas, por lo que los gobiernos “no sienten presión para tener que mejorar su calidad”, una coyuntura que se reproduce en el ámbito sanitario.
Uno de los 27 estudios que conforman la investigación evidencia que la desigualdad de ingresos producida por factores heredados es relevante. En algunos países supone porcentajes significativos, como un 44% en Argentina y un 63% en Guatemala, por lo que Ibáñez destacó la “suprema importancia” de invertir en servicios públicos de calidad.
Otro de ellos expone que en países como Colombia, Chile y Uruguay alrededor del 1% de la población controla entre el 37% y el 40% de la riqueza total; una cifra que es del 42% en Estados Unidos, pero que en Europa Occidental y Escandinavia se sitúa entre el 20% y el 30%.
En Latinoamérica y el Caribe, la mitad más pobre de la población solo controla una décima parte de la riqueza.
Según la economista, la situación de desigualdad se puede revertir, pero las estrategias tradicionales para hacerlo basadas en políticas fiscales de redistribución no son suficientes, ya que existen dificultades para pagar las pensiones y las ayudas no bastan para cubrir a toda la población vulnerable.
La investigación especifica que la desigualdad en la región aumentó “rápidamente” en la década de 1970, alcanzando su punto máximo en los años 90 y que, después de disminuir gradualmente, en 2014 se quedó estancada porque, como dijo Ibáñez, el crecimiento económico es positivo de media, pero no suficiente para reducir la disparidad.
Con el objetivo de situar la problemática en la discusión pública, los resultados y las propuestas generadas en la investigación ahora se presentan en formato conversacional en el pódcast ‘Voces en Acción’, impulsado por la plataforma de conocimiento y aprendizaje del BID, AcademiaBID.
Sus episodios pretenden abordar los estudios con un lenguaje “accesible” para poder generar debate con la población y la clase política.
Aunque Ibáñez considera que las administraciones de la región son conscientes de que no hay equidad, cree que falta una “discusión detallada” para dar con las medidas más convenientes: “Si reducimos la desigualdad va a aumentar la productividad y el dinamismo porque habrá un impacto en el crecimiento económico”, concluyó.
