La implementación de una reforma fiscal en nuestro país ya no es cuestión de si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir y bajo cuáles términos. La realidad es que no es sostenible que el Estado busque satisfacer todas las necesidades que debe cubrir con apenas un 14% o 15% del producto interno bruto (PIB) como recaudos fiscales; pero surge la pregunta, ¿de qué forma vamos a aumentar el porcentaje de tributación fiscal en nuestro país?
Con la abrumadora mayoría que logró el PRM en las pasadas elecciones, dominando la Cámara de Diputados, el Senado y, por supuesto, la Presidencia, no queda ninguna duda de que podría “imponerse” una reforma conforme los deseos del Gobierno. Pero el Presidente y sus subalternos han manifestado en múltiples ocasiones que la idea en este caso no es sencillamente lograr un cambio en el sistema impositivo, sino un verdadero Pacto Fiscal integral.
No obstante, nos queda la duda y la preocupación de que existen “mangos bajitos” que pueden ser muy tentadores para el Gobierno y que han sido, históricamente, las principales herramientas para procurar aumentos en los ingresos fiscales. En este sentido, la solución más sencilla sería aumentar las tasas de los impuestos existentes y eliminar ciertas exenciones; pero esto no sería un curso adecuado para lograr un aumento en los recaudos.
El impuesto al valor agregado -denominado ITBIS en nuestro país- ya es de un 18%, una cifra que lo coloca entre los más altos de América Latina. Igualmente, el impuesto sobre la renta societario también se cifra muy dentro del promedio de la región, es decir, no es más alto pero tampoco más bajo que otros países similares, y esta misma calificación podríamos también colocar al impuesto sobre ingresos de personas físicas en nuestro país.
Sería muy tentador, y de hecho consistente con pasadas “reformas” en el área fiscal, aumentar estos impuestos para que los que ya pagan, paguen más. No hay nada más sencillo que fiscalizar y buscar que los que ya están identificados por la DGII aporten más, pues no conlleva ningún esfuerzo de parte de la administración pública.
Pero esto sería un error. Además de que la teoría económica, al referirse la Curva Laffer, demuestra que llega un punto en la curva de tasa de impuestos que los ingresos bajan, sencillamente porque aumenta la evasión y se reduce la actividad económica. De hecho, hay estudios económicos en nuestro país que demuestran que este ha sido el caso en reformas pasadas, en las cuales se aumentan los ingresos por uno a dos años, pero luego disminuyen o vuelven a sus niveles previos a la reforma.
Imponer una reforma en la cual se aumenten los ingresos a través de mayores tasas para los que ya pagan sería un grave error. El Estado tiene una obligación de ampliar la base de los contribuyentes para que la presión fiscal sea distribuida de manera más equitativa en toda la base productiva. Los que evaden impuestos también son competencia desleal para los que pagan.
Esperemos que el Gobierno logre un consenso en esta materia y que se trate de un verdadero esfuerzo por simplificar nuestro anticuado y complicado sistema tributario para incentivar a la formalización y, de esta forma, aumentar los ingresos del Estado.
