Los gobiernos del PLD durante el período 2004-2020 mostraron una clara tendencia a recurrir al endeudamiento interno y externo para solventar los déficits presupuestarios resultantes de importantes iniciativas gubernamentales.
En ninguno de estos mandatos se implementaron reformas significativas para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema tributario nacional, ni para reducir la evasión fiscal masiva o eliminar las trampas fiscales a las que recurren ciertos agentes nacionales.
Es evidente que resulta más fácil gestionar nuevos préstamos en condiciones relativamente blandas que enfrentar el desafío de una reforma tributaria integral y equitativa, con un enfoque en la reducción de la evasión. Así como sucede en el subsector eléctrico, quienes cumplen cabalmente con sus compromisos tributarios terminan pagando por la evasión y el fraude de quienes creen que el crecimiento y desarrollo del país es asunto de unos pocos agentes responsables.
Durante la segunda administración del Dr. Leonel Fernández (2004-2008), la variación absoluta del endeudamiento público consolidado fue de aproximadamente 4.6 mil millones de pesos, 1.9 mil millones por debajo del incremento registrado en el período de gobierno anterior. El endeudamiento total terminó en 2008 en 15.4 mil millones, en comparación con los 10.9 mil millones heredados del gobierno de Hipólito Mejía. El peso de la deuda en la producción nacional fue en promedio de 29.3%, comparado con un 32.5% en el período precedente, alcanzando al final de 2008 un 32%, frente al 47% de agosto de 2004.
En el período siguiente (2008-2012), la tendencia a coger prestado se acentuó, especialmente por los grandes proyectos de infraestructura en curso o iniciados durante este mandato. En esos cuatro años, el incremento de los empréstitos consolidados fue de 9.6 mil millones de pesos, más del doble del período anterior. Destacó la inclinación por el endeudamiento interno, que compuso el 154.3% del externo, llevándose la gran tajada el Gobierno Central y, dentro del sector público financiero, el Banco Central (aumentos absolutos de 3.2 mil millones en 2000-04 y aproximadamente 2 mil millones en 2004-08).
Los siguientes gobiernos del PLD (2012-2020) mostraron un comportamiento decididamente irresponsable frente al endeudamiento. Durante el último mandato, el gobierno de Danilo Medina aceleró significativamente las obligaciones externas e internas. En el primer mandato, el incremento fue de más de 9 mil millones de pesos, y en el segundo de 20.4 mil millones, casi igualando la variación absoluta de la deuda para todo el período 2000-2012 en solo cuatro años.
Al final, los dominicanos enfrentaban los compromisos derivados de la deuda pública consolidada de 54.5 mil millones de pesos: 2.2 veces más que en 2012 y 3.5 veces más que en 2008. El indicador deuda/PIB pasó de 44.2% en 2013-2016 a 53.5% en 2017-2020. En agosto de 2020, por cada cien dólares de producción nacional, se debían más de 69 dólares.
Por último, en los primeros tres años del primer mandato del PRM, según cifras preliminares, el aumento absoluto fue de 16.5 mil millones de pesos, llevando la deuda pública consolidada a cerca de 71 mil millones de dólares. La participación promedio de la deuda en el PIB en estos primeros años fue del 59.8%, y en el último año del 58.3%.
Como se ha indicado, la dependencia excesiva del endeudamiento puede limitar la capacidad del gobierno para invertir en áreas esenciales como educación, salud e infraestructura, ya que una porción significativa del presupuesto se destina al servicio de la deuda. Además, un alto nivel de deuda puede aumentar el riesgo país, elevar los costos de futuros préstamos, afectar la calificación crediticia de la nación y generar vulnerabilidades cambiarias, entre otros muchos efectos adversos.
Tenemos la esperanza de que en el nuevo mandato del presidente Abinader el endeudamiento público consolidado se convierta en una herramienta de desarrollo, no en su retranca, afectando los ingresos de los más vulnerables.
