En los últimos 30 años, la política dominicana se ha convertido de una competencia por el poder, en una por comprar el poder. Un avance si pensamos que esta competencia antes nos costaba sangre, pero un sistema corrupto y corruptor por donde quiera que se vea. Las ideas y el bienestar de los territorios y sus poblaciones se han supeditado al interés del representante, su partido y, sobre todo, al dinero.
En este sentido, el Estado dominicano se encuentra hoy cooptado por una partidocracia que sólo busca su propio bienestar económico y que utiliza el presupuesto del Estado para conseguir su fin. Es menester decir que esta realidad no es culpa, ni fue creada por el actual gobierno. Aunque, en gran medida, la ha mantenido y se beneficia de ella.
En este contexto, se nos plantea que el país necesita una reforma fiscal. Personalmente, creo que la sociedad tiene una oportunidad de oro, un deber, el de decir un “no” rotundo hasta que los partidos políticos no suelten los privilegios que nosotros les proveemos y ordenen el Estado para que beneficie al país y no a sus propios intereses.
No, mientras los partidos políticos, su liderazgo y los candidatos no sean sujetos obligados de la ley de lavado; no, mientras los diputados y senadores puedan ser electos sin vivir con sus representados; no, mientras reciban “cofrecitos” y “barrilitos”; no, mientras los legisladores no tengan que sufrir las consecuencias de las leyes que ellos mismos instalan.
No; mientras sus hijos no vayan a las escuelas públicas, ellos no usen los hospitales públicos y sus pensiones no estén supeditas a la legislación que ellos votaron para que dictara la vejez del resto de la sociedad. No, mientras el gasto en publicidad del Estado controle la narrativa de la prensa nacional y los medios de comunicación. No, mientras el Método D’Hondt deje en manos de los partidos la voluntad claramente expresada en las urnas.
No, mientras un regidor se niegue a entregar su declaración jurada o el Estado no tenga medios para meterlo preso por eso; no, mientras legisladores y regidores puedan decidir sus propios emolumentos; no, mientras un candidato presidencial se atreva a decir que él no paga impuestos y no enfrente ninguna consecuencia; no, mientras un ministro entienda que tiene que sacarle lo más posible al puesto para seguir viviendo de él una vez acabe el gobierno.
No, mientras el aparato de representación dominicana en el exterior sea una caja negra, anclada en el siglo XIX, produciendo riquezas no para el país, sino para los funcionarios que ostentan los puestos; no, mientras haya militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos contra nacionales y extranjeros. No.
La premisa de base del Gobierno para la reforma es que hace falta recaudar más (como si reducir el gasto o redirigirlo no fuera una posibilidad.) Como cualquier ama de casa puede explicarnos, siempre faltan recursos. Eso no está en discusión.
Lo que como sociedad debiéramos estar discutiendo es cómo se pretende que “busquemos” más dinero para el Estado, cuando el comportamiento tradicional de los funcionarios del Estado dominicano es dilapidador y elitista, y no hay ninguna garantía de que esto vaya a cambiar. Cierto, el actual presidente tiene un comportamiento más frugal que sus antecesores y así también muchos de los ministros; pero no todos y definitivamente no los senadores y diputados.
Cualquier aumento en la contribución fiscal debería hablarse una vez estemos seguros de que los administradores, presentes y futuros, de estos fondos serán idóneos. No porque sean grandes profesionales o monumentos de la corrección ética, sino porque hay un sistema instalado que los obliga a actuar con probidad y honradez, que los obliga a poner su interés juntos con los del colectivo y no delante. Si no, lo que haríamos sería repetir lo que sucedió hace poco con el 4% para la educación: echar mucha plata al drenaje de la política partidista y repetir un bucle que nos enclava en el subdesarrollo más pleno.
Hoy el 4% es un botín que se pelea entre el ministerio y la ADP, hoy ambos profundamente politizados. ¿Desde el 2012 a la fecha cuánto del dinero que debió ir a mejorar la condición educativa del país paró en cuadros y proyectos políticos? ¿Cuánto en bolsillos personales? ¿Quiénes han sido perseguido por esto? ¿Peor aún, del 4% que sí se usó en construir aulas y educar maestros, podemos decir que real y efectivamente nos ha comprado una mejor educación para la población? Si le preguntamos a la prueba PISA parecería que no.
La reforma fiscal debe ser un proceso lento y abarcador que permita que la sociedad se una y desarrolle un proyecto de nación que incluya un sistema de gobierno que impida que diputados, senadores, ministros y presidentes puedan gastar sin control, independientemente de quién esté al frente de él. Uno donde no se asuma que un funcionario “tiene” que tener determinada imagen y mucho menos que el contribuyente tiene que proveérsela.
Un proceso con metas anuales, de lado y lado, donde el aumento de cualquier recaudación sea precedido por un cambio concreto en el comportamiento del gobierno de turno y un paso de avance en la visión del todo. Un proceso en el que las diferencias socioeconómicas se estrechen, no porque el Estado reparte más en nombre de los partidos, sino porque se han construido nuevas oportunidades de inclusión económica, porque más gente produce y aporta al colectivo, no porque es su obligación, sino porque cree en el proyecto común que es República Dominicana.
