La propuesta de Ley de Modernización Fiscal presentada por el Gobierno dominicano, sometida al Congreso Nacional, ha suscitado un clima de incertidumbre en la población y en diversos sectores productivos. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la eliminación del tratamiento fiscal preferencial para varios sectores, incluyendo los fideicomisos.
Al respecto, la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (Asofidom) expresó su preocupación al calificar como “adversa” la nueva regulación fiscal relacionada con los fideicomisos. Según la asociación, este cambio podría obstaculizar que tanto individuos como empresas se beneficien de las ventajas que ofrece este instrumento financiero, perjudicando así la transparencia que promueve.
“Anticipamos un impacto severo e indeseado en el sector construcción, especialmente en el desarrollo de viviendas de bajo costo”, señaló Asofidom a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. La asociación ha anunciado que emitirá un pronunciamiento formal tras realizar un análisis exhaustivo de la situación.
Por su parte, Richard Medina Gómez, economista y director de la escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), calificó la propuesta como “muy agresiva” hacia la clase media y el sector construcción. “Es esencial evaluar cómo esta reforma podría afectar el crecimiento económico del país”, subrayó en declaraciones a elDinero.
La propuesta también establece que los compradores de viviendas estarán exentos del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) siempre que el valor no supere los RD$5,025,380.75, lo que categoriza estas propiedades como de bajo costo. Sin embargo, aquellos inmuebles cuyo precio exceda esta cifra estarán sujetos a una tasa del 1 % sobre el monto excedente. Además, se incluirá en este impuesto el valor total de las mejoras y solares, ampliando así la base gravable del patrimonio inmobiliario.
Durante la reciente presentación de la propuesta, el ministro de Hacienda, José Manuel “Jochi” Vicente, destacó que las recaudaciones fiscales en este sector representan apenas el 0.2% del producto interno bruto (PIB), lo que evidencia una recaudación “casi insignificante”. “El impuesto a la vivienda suntuaria está diseñado para recaudar muy poco”, afirmó.
Vicent también señaló que las leyes actuales han permitido exenciones a propiedades de alto valor que deberían contribuir fiscalmente. La nueva reforma busca “corregir esta disparidad y establecer un sistema de recaudación más equitativo”.
