Con el anuncio de la reforma fiscal (ahora denominada “modernización fiscal”) el pasado lunes 7 de octubre, el Gobierno coloca en la palestra pública otro espinoso tema de modificación de los preceptos legales y sociales que rigen el quehacer de nuestra sociedad. Sin restarle importancia a las propuestas de modificación constitucional, reforma laboral y de estructura gubernamental, el cambio al sistema tributario es el que tendrá mayor efecto en el día a día de la ciudadanía dominicana, y merece una mirada crítica.
En entregas anteriores hemos afirmado que es necesario un cambio en el sistema de tributación de nuestro país para lograr más recaudación. Un país que ha caminado en la vía de desarrollo como lo ha hecho República Dominicana, no puede contar con un Estado que recaude apenas poco más del 15% del PIB. Para invertir en obras de infraestructura y gastos de capital, el Gobierno debe contar con recursos (además, para evitar el sobreendeudamiento).
Sin embargo, nos causa gran extrañeza la propuesta de “modernización fiscal”. En primer lugar, el Gobierno -correctamente- presenta ciertos ejes y razones que justifican (a su entender) la necesidad de aumentar la presión fiscal. Las obras e inversiones que presenta, nuevas vías de transporte masivo, atención médica primaria, entre otras, son requeridas por nuestro país y, de ser efectuadas con prudencia y una buena gestión de fondos, van a redundar en beneficios para los dominicanos.
Pero si sumamos la presentación de nuevos programas sociales e inversiones y contrastamos con el pronóstico de aumento en la recaudación, pareciera ser que los gastos ya previstos se llevarán casi la totalidad del aumento de los tributos. De ser así, nos deja con una pregunta fundamental: ¿qué pasa con el enorme déficit fiscal que tenemos? Esta “modernización fiscal”, ¿no tendrá un efecto de reducción sustantiva sobre el mismo, y de no ser así, entonces cuándo pagaremos por esos gastos que se asumen en deuda?
Igualmente, aunque la presentación se refería a una ley de responsabilidad fiscal y un supuesto ahorro por eficiencia administrativa en el aparato burocrático del Estado, prácticamente no se refirió al tema de la evasión. Durante el discurso, el ministro de Hacienda hizo alusión a que quienes evaden están cometiendo un crimen contra el Estado y contra los otros ciudadanos. Pero, ¿dónde está el plan para reducir la masiva elusión y evasión fiscal?
No deja de sorprender que, a pesar de la presentación de nuevas inversiones y de planes de mejor de eficiencia del gasto estatal, la “modernización fiscal” no traza un plan claro para combatir el flagelo que es más directamente responsable por las reducidas captaciones tributarias dominicanas. En vez, parece ser “más de lo mismo”: cobrarle más al que ya paga.
Aunque entendemos que es necesario aumentar la presión fiscal en nuestro país y brindarle al Estado los recursos necesarios para cumplir su misión de salvaguardar el bienestar social, hay aspectos de esta propuesta que merecen ser ponderados. Por el contrario, el efecto de esta reforma será igual que las anteriores: mayores cargas a los sectores productivos sin un plan claro para reducir el déficit fiscal y reducir la altísima evasión fiscal.
