El Gobierno dominicano ha tomado la decisión. El proyecto de Ley de Modernización Fiscal fue presentado al país.
El escenario no pudo ser el más lógico: LA Semanal, una rueda de prensa que se ha convertido en el canal oficial del Gobierno para ofrecer “noticias buenas”, pero que en esta ocasión se sabía que no sería así.
Es inevitable: habrá un impacto significativo en sectores sensibles de la economía, pero con mayor profusión en la clase media, tanto por el lado del ingreso, porque el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria es cruel contra esta clase económica, como por el consumo, toda vez que los alimentos quedarán todos afectados, con las excepciones que confirman la regla.
El Gobierno ha expresado, con total convencimiento, que está comprometido con realizar las transformaciones que cambiarán de manera positiva al país para que dé el gran salto para mejorar la calidad de los servicios públicos e infraestructura para convertirnos en un país plenamente desarrollado. Es un gran compromiso.
El presidente Luis Abinader, consciente de lo que significaría, lo ha expresado con toda sinceridad: “Cualquier reforma no es enteramente simpática, nosotros lo sabemos y sabemos que en algunos sectores es fuerte, pero lo estamos haciendo para el bien del país”.
Es un acto de responsabilidad que estamos tomando, sabiendo las consecuencias.
Escuchar al encargado del Poder Ejecutivo hablar así da una señal muy clara de lo que realmente significará en términos económicos para la mayoría de las familias dominicanas. De aprobarse tal cual fue sometida al Congreso, hay que estar preparado para una gran tormenta.
Es oportuno decir que la eliminación de exenciones fiscales a determinados sectores productivos, como se propone en el proyecto, pudiera interpretarse como una demostración de que el Gobierno está dispuesto a hacer lo que sea para sanear las finanzas públicas.
Esto, por supuesto, está por verse, tomando en cuenta la influencia de los poderes fácticos.
Por supuesto, hay que estar conscientes de que todos los sectores, incluyendo partidos políticos, saben que es necesaria una reforma fiscal. Nadie se había atrevido a tomar esta decisión por los efectos políticos que tiene, máxime si el gobernante de turno tenía en la mira la repostulación.
En todo caso, tomar la decisión implica una cuota importante de responsabilidad.
Políticamente es oportuna porque, en el mediano plazo, la economía se ajustará y la población quizá habrá olvidado este capítulo.
