Ahora que la Ley de Modernizacion Fiscal pasó a formar parte de lo que el viento se llevó, le toca a las autoridades gubernamentales de República Dominicana realizar malabares y ser muy creativos para, sin ingresos adicionales, equilibrar las débiles finanzas públicas, cumplir con los compromisos de pago de la deuda pública, mantener en pie el tren administrativo de la cosa pública y, fundamentalmente, satisfacer las necesidades de bienes y servicios públicos de una población que le negó al gobierno las posibilidades de implementar una reforma fiscal cuyos objetivos parecían loables.
Y uno de los puntos focales que, al parecer, está en la cabeza de los hacedores de políticas públicas del país, son los evasores, aquel amplio porcentaje de los incumplidores que no pagan el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (43% según datos obtenidos), y también el porcentaje de los que no pagan el Impuesto sobre la Renta (62% mal contados).
Independientemente de los culpables del pasado, el hecho es que el dinero recaudado no alcanza, empujando a un permanente endeudamiento y a la permanencia de un déficit fiscal que, probablemente, aumente en el 2025, sin querer ser pájaro de mal agüero. Esto obligará a que el gobierno tome medidas trascendentales por el lado del gasto, pues no existe otra alternativa, al tiempo que se agarra por el pichirrí a los evasores fiscales.
Pero esto no será tan fácil, pues los evasores están en todos los sitios, pero la administración tributaria no los ve. Por ejemplo, están dentro del gobierno, pues muchos son funcionarios y, al mismo tiempo, realizan actividades económicas privadas; otros son eternos financiadores de campañas electorales por lo que, automáticamente, son evasores históricos.
Un grueso importante evade por su informalidad, en donde se ocultan para no ser vistos por el gobierno, en tanto un porcentaje no menos atractivo, son profesionales liberales que, alegremente, cobran servicios a la ciudadanía y si hacen los chivos locos con las autoridades fiscales (Ahí hay de todo: médicos, abogados, profesionales liberales, técnicos especializados, artistas, etc.).
Pero la economía dominicana no se puede dejar morir, y mucho menos la estabilidad macroeconómica, política y social, por lo que la creatividad del gobierno para combatir a los evasores, formales e informales, deberá empezar por utilizar la Inteligencia Artificial (IA) como instrumento de persecución, dado que esta se ha convertido en una herramienta clave para detectar patrones sospechosos, identificar fraudes complejos y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos.
Adicionalmente, la IA tiene la capacidad de procesar y analizar enormes cantidades de datos en tiempo real, lo que permite a las agencias tributarias revisar con mayor precisión la información de los contribuyentes. Estas fuentes de datos incluyen: declaraciones fiscales históricas, transacciones bancarias, datos de redes sociales y comercio electrónico. También, al integrar y analizar múltiples fuentes de datos, IA puede encontrar discrepancias o irregularidades que podrían indicar evasión fiscal.
En definitiva, los desafíos de este gobierno durante los próximos años no serán pocos ni fáciles. Una sociedad atomizada, partida en mil pedazos en términos de representaciones e interlocutores es, quizás, el reto más difícil, sobre todo porque estamos en democracia y todos tenemos derecho a la palabra, no así a pagar los impuestos correspondientes.
