Las autoridades plantearon una reforma tributaria que apuntaba a una recaudación objetiva de 122,000 millones o 1.5% de PIB que representaba, en promedio, el 80% del déficit efectivo del gobierno central presupuestario en el periodo 2016-2023. Si bien puede alegarse que es un ejercicio estático, no es menos cierto que el efecto dinámico de la reforma iba a generar, en principio, una caída de la actividad y, posteriormente, una progresiva reactivación buscando su nuevo equilibrio. Se sabe que ese nuevo equilibrio no sería eficiente, ya que los impuestos son una distorsión. En ese orden, y sabiendo eso las autoridades, la reforma apuntaba a reducir la pérdida de eficiencia y generar recaudaciones suficientes para cumplir con sus promesas de política pública.
En un artículo anterior resalté dos aspectos básicos a tomar en consideración sobre la reforma tributaria. Ahora, toca profundizar en el para qué. Como indiqué, el para qué buscaba por todos los medios el aumento de las recaudaciones. Y se resaltaron tres dimensiones, revisión y actualización del código tributario, búsqueda de mayor equidad vertical y la disminución del gasto tributario. En términos agregados, estas dimensiones recomponían el ingreso y gasto de hogares y empresas en aras de una recomposición del ingreso y gasto del gobierno. Esto modificaría el sistema de incentivos en la economía y generaría de inmediato efectos en el comportamiento de agentes que buscarían amortiguar las secuelas de nuevas reglas impositivas.
Respecto a la revisión y actualización del código, se incorporaban y ampliaban, por ejemplo, bases gravables como el consumo de plataformas digitales, cigarrillos electrónicos y bebidas azucaradas, así como, la unificación a una única tasa aplicada al consumo de bienes que hoy tienen alícuotas diferenciadas. La búsqueda de mayor equidad vertical se observaba de manera directa en la revisión de la base gravable a contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado de Tributación, la base gravable aplicable al Impuesto al Patrimonio Inmobiliario y escalas adicionales de impuesto sobre la renta a personas físicas; y de manera indirecta a través de la presentación de la declaración jurada obligatoria a personas físicas para seguimiento y control fiscal.
Por su parte, el gasto tributario que se define como el sacrificio que hace el Estado al renunciar a ingresos por apoyo a sectores, actividades y agentes vía exenciones, deducciones, créditos y diferimiento se racionalizaría aún más. Para el Presupuesto General del Estado 2024, se estimó un gasto tributario de 340,890 millones o 4.60% de PIB concentrándose en personas físicas, zona franca, salud, educación, generación eléctrica y turismo. De estas cinco, que concentran el 70% de dicho gasto, salud y educación, quedan excluidas por razones de política pública, personas físicas, intentan quedar cubiertas a través de las medidas de equidad vertical y ampliación de bases gravables, quedando zona franca, generación eléctrica y turismo. Estas ameritan un análisis fuera del alcance de este artículo, pero a prima facie la propuesta implicaba un fuerte impacto en la productividad, competitividad y rentabilidad de los sectores indicados.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo fue un acto responsable, pero quedó corta. Siendo así, la pregunta natural es, ¿cumplía el proyecto de reforma con las expectativas nacionales? Desde el punto de vista de las autoridades, los ingresos adicionales eran claramente insuficientes para atender las necesidades de su administración y su plan de modernización fiscal. Desde el punto de vista de hogares y empresas tampoco cumplía con sus expectativas por el efecto esperado en el ingreso, gasto y patrimonio. Entonces, ¿esto significa que no cumplía con los requerimientos mínimos y necesarios? Si, si cumplía, porque la revisión del código es necesaria, la mayor equidad vertical también es necesaria y la reducción del gasto tributario por igual. Sin embargo, debe abordarse de manera más amplia teniendo en cuenta tres elementos adicionales: reingeniería de gasto público, persecución de la informalidad y lucha genuina contra la corrupción. La iniciativa, por tanto, debió de convertirse en el “banderazo de salida” de un gran diálogo nacional, que generara una propuesta valorada, concertada y sustentada. Señor presidente, no es momento de recular, es momento de actuar apegado a su firme convicción y deseo de un mejor país, retome el proyecto de reforma.
