El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alertaron este lunes de que la delincuencia violenta y la inseguridad siguen siendo importantes barreras para la prosperidad en América Latina y el Caribe y generan pérdidas que superan el 3% del producto interno bruto (PIB) de la región.
Las multilaterales publicaron este lunes dos informes en los que analizan la situación. Así, señala el FMI, la delincuencia conlleva costos directos como la pérdida de vidas, la reducción de la calidad de vida, el aumento del gasto público en servicios de prevención y control y gastos de seguridad en el sector privado.
La suma de estos costos directos, que representan solo una fracción de la carga real de la delincuencia y la violencia, se estima en un 3.5% del PIB en promedio, apunta la institución de Bretton Woods, unos costos que son mucho más altos cuanto más alta es la tasa de delincuencia.
El FMI calcula que un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica en alrededor del 4% y que rebajar a la mitad las tasas de homicidios podría impulsar la actividad un promedio del 30%.
En América Latina y el Caribe, recuerdan ambas instituciones, se producen un tercio de los homicidios del mundo pese a que solo cuentan con el 8% de la población mundial.
El costo directo del crimen promedio en la región es del 3.44% del PIB, una cifra que “equivale al 78% del presupuesto de educación pública de la región, es el doble del gasto en programas de asistencia social y doce veces la inversión en investigación y desarrollo“, apuntó en un encuentro con medios Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del BID.
“Pero estas cifras no son solo números. Representan recursos que podrían usarse para construir comunidades fuertes, fomentar la innovación y mejorar el mantenimiento en nuestra región”, añadió.
Según el FMI, aunque el delito violento y la inseguridad son cuestiones clave a nivel nacional, para la mayoría de países los indicadores ocultan enormes disparidades internas.
Así, los homicidios tienden a concentrarse en áreas cercanas a las fronteras nacionales, la infraestructura de transporte clave y las zonas costeras, y se dan más frecuentemente en ciudades y regiones donde las poblaciones son más jóvenes y menos educadas.
El FMI añade que el crimen es un obstáculo clave para hacer negocios y los costos directos, el valor de las pérdidas debido al crimen y el gasto de las empresas en seguridad se estiman en alrededor del 7% de las ventas anuales.
La situación se agrava cuando hay presencia de delincuencia organizada y de tráfico de drogas, con la existencia de cárteles. En México, por ejemplo, los costos son cuatro veces más altos para las empresas que denuncian la existencia de bandas delictivas en sus inmediaciones.
Para mejorar la vida de los ciudadanos, apuntó en la rueda de prensa Rafael Espinoza, subdirector de división del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, “es fundamental que los responsables de las políticas aborden la delincuencia violenta y la inseguridad en la región”.
En la institución recomiendan una serie de recetas, entre ellas promover el crecimiento inclusivo. “Las medidas que promuevan la estabilidad macroeconómica, la inclusión social, el acceso a oportunidades laborales para los trabajadores jóvenes y las mejoras en el Estado de derecho son importantes”, señaló.
Además, los gobernantes deben asegurarse de que el gasto en seguridad sea eficiente. “Las revisiones públicas pueden ayudar a fortalecer las instituciones de justicia penal, combatir la corrupción y el lavado de dinero y mejorar la cooperación entre todos los niveles de gobierno, lo que será crucial”, señaló.
Para el BID, por su parte, si bien se ha avanzado en la comprensión de los costos de la delincuencia, aún queda mucho por hacer y, por ejemplo, son necesarias metodologías sólidas para cuantificar los costos directos e indirectos de la delincuencia y la violencia.
“Los gobiernos, con apoyo internacional, deben redoblar los esfuerzos para combatir el delito y la violencia”, señala en su informe. La evidencia muestra que “la prevención dirigida y los sistemas de seguridad y justicia efectivos son clave para un cambio duradero”.
