La minera australiana Resolute Mining pagará a la junta militar de Malí US$160 millones (€151.5 millones) para cerrar un conflicto tributario con las autoridades de la nación africana, que se ha saldado con la detención el pasado 8 de noviembre de su consejero delegado, Terence Holohan, y otros dos empleados.
Según una nota de prensa, ya se han abonado US$80 millones (€75.7 millones) y se transferirá la otra mitad del montante acordado “en los próximos meses” a cargo de las reservas de efectivo de la compañía.
Además, Resolute ha firmado un memorándum de entendimiento con el Gobierno referido a sus operaciones en Malí a largo plazo, lo que incluye la adecuación de los activos de la empresa al Código de Minería de 2023, al tiempo que se garantiza la seguridad de la plantilla.
“El protocolo también establece que todas las reclamaciones pendientes del Gobierno contra la empresa, incluidas las relacionadas con impuestos, gravámenes aduaneros, mantenimiento y gestión de cuentas extraterritoriales, quedan saldadas”, ha resumido el comunicado.
Resolute ha asegurado que sigue trabajando para la liberación de sus tres trabajadores. No obstante, ha precisado que todos están “sanos y salvos” y que están siendo atendidos por sus respectivas embajadas y consulados.
La multinacional australiana posee una participación del 80% en la filial propietaria de la mina de oro de Syama, en el suroeste de Malí, mientras que el Estado ostenta el 20% restante.
