El presidente de la República, Luis Abinader, firmó el pasado 19 de noviembre el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, acompañado de 121 entidades públicas y privadas. Este acuerdo tiene como objetivo implementar estrategias integrales para reducir los siniestros viales y sus devastadoras consecuencias en el país.
A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosos esfuerzos similares, como la foto del periódico Listín Diario, el documento del Defensor del Pueblo y otros estudios de diversas instituciones. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, el caos en las calles sigue siendo una realidad cotidiana para los dominicanos.
Una crisis persistente
Cada día, los periódicos están repletos de noticias sobre el problema del tránsito y sus secuelas. Este fenómeno afecta gravemente la vida diaria de los ciudadanos, con un saldo alarmante de fallecidos, heridos y pérdidas económicas que se agravan con el tiempo.
A pesar de estos esfuerzos, la población mantiene un profundo escepticismo hacia las autoridades. Muchos consideran que este nuevo pacto no resolverá el problema y que se trata, más bien, de un gesto demagógico para calmar la creciente preocupación de la opinión pública.
¿Un pacto por encima de la ley?
El acuerdo firmado el 19 de noviembre plantea serias preguntas sobre el respeto a la institucionalidad y la Ley 63-17 sobre Movilidad y Transporte Terrestre. Si las leyes existen para regular el tránsito, ¿por qué es necesario firmar pactos para garantizar su cumplimiento? Este hecho parece subestimar el trabajo del Congreso, que invierte tiempo y recursos significativos en la creación de normativas que, en última instancia, nadie hace cumplir.
Medidas concretas, no palabras
La falta de voluntad política para aplicar las leyes es evidente. Las autoridades, en lugar de atacar las raíces del problema, parecen enfocadas en ganar notoriedad con anuncios rimbombantes. Sin embargo, el camino hacia la solución requiere acciones específicas.
Por ejemplo, aplicar de manera estricta el mandato del Artículo 161 de la Ley 63-17 sobre la movilidad de los vehículos pesados, minibuses y autobuses sería un buen punto de partida. Además, es crucial comenzar a cobrar las multas para que los conductores entiendan que violar las leyes tiene consecuencias reales.
El país necesita más que pactos simbólicos; necesita voluntad y acción para transformar el sistema vial y garantizar la seguridad de todos, sin importar posición social, económica y de cualquier índole de cada uno de los usuarios de los medios de transporte.
Continuaremos en un próximo artículo.
