A pesar de su notable crecimiento, la inversión pública en infraestructura en República Dominicana ha experimentado un descenso significativo en la última década, pasando del 1.5% al 0.7% del producto interno bruto (PIB). Un reciente informe del Banco Mundial destaca que, dado que la economía dominicana depende en gran medida de los servicios y el turismo, además de estar altamente expuesta al cambio climático, se requiere un aumento de la inversión al 3.12% para avanzar hacia un desarrollo sostenible. La clave radica, por lo tanto, en una mejor gestión del gasto y un incremento en las inversiones.
El informe “Diagnostico del Sector Infraestructura (InfraSAP) de República Dominicana” señala que la falta de accesibilidad rural continúa siendo un obstáculo para lograr un desarrollo territorial equilibrado. Asimismo, la puntualidad y fiabilidad de la logística se ven afectadas por problemas como la congestión, el uso de vehículos obsoletos y una infraestructura inadecuada. Además, se evidencia una insuficiente financiación sostenible para el mantenimiento de las carreteras, lo que hace que las infraestructuras de transporte sean vulnerables a los daños e interrupciones provocados por el cambio climático.
Ante este escenario, el Banco Mundial propone mejorar la gestión de los activos viales mediante contratos basados en el rendimiento y alianzas público-privadas (APPs). Según la institución, estas medidas implican el uso de contratos a largo plazo que abarcaría toda la red vial, incluidas las carreteras secundarias y rurales, promoviendo así una mayor participación del sector privado.
El informe también sugiere profesionalizar el sector del transporte por carretera a través de una regulación más efectiva, desarrollo de capacidades y oferta de incentivos para coordinar el transporte de mercancías. Además, aboga por la digitalización y renovación de la flota, así como por planes de adaptación al cambio climático centrados en las infraestructuras de transporte, especialmente puertos y carreteras.
En el ámbito del transporte urbano, destaca que los tiempos de viaje son considerablemente altos en las principales ciudades debido a la congestión. Con el aumento proyectado en las tasas de motorización, es urgente, afirma, mejorar la capacidad y fiabilidad del transporte público mediante la implementación de corredores BRT, expansión del sistema metro e integración del cobro tarifario.
El informe también subraya la importancia de continuar con los esfuerzos para acelerar la transición del transporte informal (conchos), apoyándolos con programas de desguace y sistemas reforzados de inspección vehicular. Asimismo, enfatiza la necesidad de mejorar y mantener el transporte no motorizado en las dos principales ciudades del país.
Para optimizar el gasto público, recomienda adoptar modelos de gestión basados en el desempeño con un enfoque a mediano y largo plazo. “La gestión eficiente debe considerar no solo factores financieros sino también técnicos, institucionales y legales que impactan en la ejecución y mantenimiento”, señala el documento.
A diferencia del modelo tradicional basado en insumos, sugiere implementar contratos CREMA (rehabilitación, explotación y mantenimiento) que integren desde su inicio diseño, rehabilitación y mantenimiento durante un período de cinco a diez años con pagos vinculados al desempeño. La experiencia internacional indica que estos contratos fomentan mejores condiciones viales y reducen costos finales.
Otras recomendaciones son reforzar la seguridad vial mediante una adecuada recolección de datos y mejoras institucionales. También plantea impulsar el uso del transporte público y no motorizado para mitigar la congestión y reducir el impacto ambiental asociado a la movilidad urbana.
Puntualiza que un sistema vial seguro no solo protegerá vidas, sino que también impulsará la economía nacional, incrementando conectividad y competitividad para consolidar a República Dominicana como referente global hacia 2030.
