[dropcap]H[/dropcap]ay subsidios que distorsionan el mercado, pero hay otros, como el que se entrega al Metro de Santo Domingo, que sí llegan a quienes realmente lo necesitan.
No hay duda de que las exenciones que recibían los empresarios del transporte de pasajeros y de carga en los combustibles, por demás protagonistas de episodios perturbadores, no eran más que el resultado de un proceso de chantaje hacia el Estado.
Revisar los subsidios a todos los sectores es una medida saludable no sólo para la economía del país, sino también para las finanzas públicas. Y hay que hacerlo sin distinción. El gasto tributario en este año terminará en aproximadamente RD$218,000 millones y en 2017 está estimado en RD$231,000, o sea, RD$13,000 millones más, equivalentes a un 6%.
Los empresarios, incluyendo a los del transporte, rechazaron de plano una reforma fiscal, la cual condicionaron a la firma del Pacto Eléctrico. El Gobierno, que sabe por dónde se pueden cerrar algunas llaves o huecos, comenzó a aplicar una nueva estrategia para buscar, por lo menos en parte, los RD$47,000 millones extras que significará el Presupuesto de 2017, estimado en RD$711,389 millones.
Entre las medidas aplicadas, algunas en curso, están: elevar el precio del peaje, marbete, fiscalizar negocios de una forma más estrecha para frenar la evasión (los negocios del Barrio Chino y otros saben de qué se trata esta medida); eliminación del subsidio a los combustibles que llegaba a los sindicatos y, la más reciente, suspender las licencias a suplidores de vendedores irregulares de combustibles. Sin duda, hay una estrategia montada para buscar el dinero que cubrirá parte del aumento estipulado en el Presupuesto de 2017.
Como advertencia, mediante la Resolución 239, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que suspenderá hasta por 60 días las licencias de las distribuidoras de combustibles que suplan a personas físicas o jurídicas dedicadas a vender al detalle en tanques o depósito sin contar con permiso de operación.
De inmediato se inició la inhabilitación de los tanques o dispositivos para depósito de combustibles líquidos instalados por personas físicas o jurídicas que, sin disponer de una licencia de operación de estación de expendio, se compruebe estén vendiendo al detalle o suministrando combustibles al consumidor final desde depósitos irregulares.
La energía con que actúa Industria y Comercio debería ser emulada por otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público con los casos pendientes y que, al parecer, se espera que el tiempo se encargue de ellos. Esta energía también debería ser utilizada por el Ministerio de Salud Pública para agilizar los certificados de aprobación de nuevos productos farmacéuticos o renovación de licencias que cumplan con las normas.
Y quizá lo más importante: decretar una mejora en las condiciones o niveles de ingresos de los policías y militares, quienes han visto la forma desproporcionada en que otros estamentos públicos reciben salarios extravagantes, además de los beneficios colaterales.
Apoyar al Ministerio de Industria y Comercio es un imperativo. La entidad, para esta decisión, tomó en consideración que en los últimos años viene detectando la mala práctica de algunas personas físicas y jurídicas que adquieren “irregularmente combustibles derivados del petróleo, así como gas natural, para almacenarlos en dispositivos de depósito o tanques con la intención de venta al detalle al consumidor final, sin contar con licencia de operación de estación de expendio de combustibles y por tanto de instalaciones que garanticen las condiciones de operación y seguridad necesarias”.
A apoyar, pero todos. Algunas de estas medidas podrán parecer antipopulares, y posiblemente lo son, pero al final de cuentas será el país el más beneficiado.
