“Yo tengo como 36 o 37 autobuses míos, los debo sí, pero son míos. Yo soy empresario, sindicalista y político”. Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) domina, al igual que Juan Hubieres y Blas Peralta, una rama de la actividad económica criolla cuyos trabajadores escenifican con cierta frecuencia episodios que recuerdan la forma en que el líder sindical “Jimmy” Hoffa impuso su poder en Estados Unidos.
“Yo soy de to’ en este país, porque a mi la Constitución no me lo impide”, añade Marte, fundador del partido Primero la Gente, quien asegura que aunque está pendiente de aprobación en la Junta Central Electoral (JCE), su organización obtuvo en las elecciones del pasado 15 de mayo tres diputados, 17 regidores y un alcalde, en alianza con otras fuerzas políticas. “Porque se hizo una negociación con el PLD, el PRM y hasta con el PRD”.
Antonio Marte compitió como candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras organizaciones de la oposición en provincia Santiago Rodríguez, donde obtuvo 41.3% de los votos (13,968). Antonio Cruz, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ganó con 58.02% (19,639).
La prensa registra que los seguidores de ambos políticos se enfrentaron a tiros, aunque sin heridos, en el colegio electoral ubicado en la escuela Clara Luz Lora, del sector Los Tomines, donde los dos aspirantes coincidieron.
El empresario, según explica, funge como socio de las compañías Tareas Bus y Asomiro, pero insiste en que Conatra, como organización, “solo tiene diez autobuses que yo le compré para que tuviera sus propios ingresos”.
“Tú te metes a Impuestos Internos y te vuelves loco (con la cantidad de vehículos) a nombre de Conatra”, advierte. Pero añade que su organización solo importa los vehículos y a veces lo hace a través de firmas como el proyecto que desarrolló con Peravia Motor.
“Peravia Motor compró 1,000 vehículos en China y las matrículas salen a nombre de Conatra; tú puedes decir: coño, pero Conatra es un monopolio. No, esos vehículos no son de Conatra. Cada propietario, cada chofer, cada dueño de carro tiene un dueño particular”.
Los números de Antonio Marte dan una idea del poder de su sindicato: “Tenemos 85,352 vehículos y somos 81,676 propietarios. Hay empresas que tienen casi mil vehículos, pero también un chofer que tiene un solo vehículo; empresas que tienen 20, 10, 12, etc.; entonces, no es ningún monopolio. Monopolio es la Cervecería y la Colgate Palmolive y otras empresas que están en el Conep”, afirma.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y más de 80 organizaciones empresariales presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con el objetivo de que las autoridades pongan fin al monopolio de los transportistas de carga y pasajeros.
La instancia plantea que la Conatra controla el 98% del servicio interurbano y turístico de pasajeros y que sus sindicatos “limitan con medios violentos el acceso a ese servicio por parte de las empresas no agrupadas en dicha confederación”.
Entre sus peticiones, los empresarios reclaman al tribunal que ordene a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) “cumplir con los deberes administrativos previstos en los artículos 1 y 2 del Decreto No. 489-87, y en consecuencia proceder a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las prácticas anticompetitivas y de concertación de precios existente en el transporte terrestre de pasajeros” a cargo de entidades como la Conatra y otros sindicatos. La instancia busca garantizar la libre competencia en la prestación de tales servicios por las empresas que procuren operar en dicho sector.
“Ellos (los empresarios) pueden ir a la OTTT a buscar rutas y a la AMET. Ahora, hay un reglamento que dice que tú no puedes hacer una parada a menos de cinco kilómetros de otra. Ellos pueden hacer sus propias paradas, eso no se le ha impedido nunca en la vida; el problema es que ellos están pidiendo que se nos cancelen los permisos de operación de rutas y no es posible, porque nosotros pagamos impuestos; ellos tienen que fajarse a ‘guayar la yuca’ para hacer sus rutas”, dice Marte.
Pero el exjuez de la Suprema Corte de Justicia Julio Aníbal Suárez, experto en derecho laboral, asegura que, en la práctica, los sindicatos incurren en un atentado contra la libertad de trabajo de los transportistas que no se le afilien.
Suárez lamenta que en República Dominicana exista una distorsión respecto a los sindicatos del transporte, debido a que los integrantes actúan como patronos. “Un grupo de hasta 20 choferes puede formar un sindicato, pero tienen que tener una relación de dependencia laboral; o sea, no pueden ser propietarios de los vehículos; si son dueños de vehículos sería una asociación comercial de dueños de vehículos”, dice.
Explica que, aunque en el país existen sindicatos de patronos, en ese caso deben actuar como “empresarios”.
Recuerda que una vez la gestión de Rafael Alburquerque en la Secretaría (ahora ministerio) de Trabajo intentó enfrentar las distorsiones y dispuso la cancelación de varios registros sindicales, “pero el tribunal no se atrevió a emitir un fallo”.
También tiene una cooperativa
Antonio Marte explica que Conatra compra los taxis de la compañía Tuv Sud a través de su cooperativa Conaentra que “compra los vehículos y se los entrega a los choferes con 5,000 pesos de inicial para que el chofer pague una cuota diaria”. “Soy el presidente de la cooperativa; tú vienes y trae 10 millones de pesos y te los pagamos a un 7 o a un 8 (por ciento) y se los prestamos a los choferes a 1.5”.
Rechaza a Uber
Como otros gremios, la Conatra rechaza la presencia de Uber en República Dominicana. Alega que los conductores afiliados a la empresa estadounidense deben registrarse como transportistas para poder operar.
Antonio Marte fue indultado
Casimiro Antonio Marte Familia estuvo en prisión implicado en el caso de corrupción del Plan de Renovación del Transporte (Plan Renove). El 23 de diciembre de 2008 el entonces presidente Leonel Fernández lo indultó mediante el Decreto número 847-08, fechado el día anterior.
En marzo de ese año la Suprema Corte de Justicia había ratificado una condena de tres años de cárcel y el pago de una multa de RD$8.0 millones que impuso a Marte por su implicación en un fraude de más de RD$1,800 millones cometido por varios funcionarios de la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) y transportistas a través del Plan Renove.
