República Dominicana, su sistema judicial y sus procuradores, deben mirarse al espejo ante la reciente condena al exsenador Bob Menéndez por cargos de corrupción. Pues, a diferencia de ese vecino y amigo país, en el nuestro, los sonados casos de corrupción administrativa lucen estancados y carentes de una estrategia integral que permita lograr condenas a aquellas personas que han violentado nuestras normas legales.
El caso Menéndez ha sido emblemático en los Estados Unidos por formar parte de una estrategia real e integral de lucha y castigo contra la corrupción. Menéndez era senador por el partido demócrata, representando al estado de Nueva Jersey por casi 19 años, y se consideraba como uno de los líderes del cuerpo legislativo y de ese partido, además de ser, quizás, el político más importante en su demarcación.
A pesar de lo anterior, el Departamento de Justicia (equivalente a la Procuraduría General en la República Dominicana) del gobierno de Joe Biden -un demócrata- encausó a Menéndez por cargos de corrupción. Según la acusación, el exsenador aceptó sobornos en efectivo, lingotes de oro, prendas de lujo y demás, para ayudar a varios empresarios locales (los cuales también fueron encausados y condenados) a obtener beneficios económicos de parte del gobierno federal.
Aunque Menéndez quiso insinuar persecución política en su contra, la realidad de que el Departamento de Justicia de un demócrata estuviese detrás de la acusación sirvió para neutralizar el argumento, de la misma forma que la importante cantidad de evidencias que fueron recabadas.
Menéndez fue encausado en septiembre de 2023, pronunciado culpable en julio 2024, y condenado a 11 años de prisión en enero de 2025. Es decir, en el caso de un poderoso senador, de hecho, con vínculos a nuestro país, el proceso completo duró aproximadamente 16 meses.
Esto es un importante mensaje para la sociedad estadounidense, de que los casos de corrupción administrativa serán juzgados por tribunales imparciales, con agilidad y respeto de los derechos, al lograr una resolución expedita, evitando un limbo de meses o años.
Nuestro país ha experimentado grandes avances en materia de lucha contra la corrupción administrativa. Sin lugar a dudas, la designación de una procuradora independiente en el año 2020, con un equipo de fiscales muy capacitados y deseosos de poner fin a este fenómeno que desgasta nuestra sociedad y es causa primordial del subdesarrollo, han sido elementos que nos han permitido sentir esperanza.
Sin embargo, vemos que los sonados casos de corrupción se empantanan en los tribunales, con expedientes demasiado voluminosos para ser conocidos de manera expedita. Entendemos que los fiscales desean “asegurar” que los expedientes no sean cuestionados por “falta de pruebas”, pero también el exceso de cantidad es una invitación para la demora en los procesos.
Aunque no somos Suiza -ni Estados Unidos- llama la atención que un caso tan importante de corrupción administrativa pueda ser resuelto en cuestión de 16 meses, pero aquí, no parece haber luz al final del túnel de casos que ya llevan años. Algo no estamos haciendo bien, y lo debemos rectificar.
