La Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que se deriva de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes, ha acaparado la atención pública luego de que el Gobierno dispuso un plazo hasta el 30 de este mes para que los funcionarios que aún no lo han hecho procedan a cumplir con ese mandato legal.
Sobre esa legislación hay mucho que decir y lo primero ha de ser que su efectividad no es tan efectiva. En cambio, su existencia y cumplimiento es más una señal de responsabilidad ciudadana de parte de las personas que han de servir en alguna posición del Estado.
Pero las distorsiones, tanto de parte de algunos funcionarios al hacer sus declaraciones, como del lado de “hacedores de opinión pública” con críticas infundadas, no se hacen esperar.
Por ejemplo, cuando un funcionario nuevo presenta una declaración jurada de RD$200 millones, se tiende a expresar asombro por tan “elevada” fortuna, cuando en la realidad un patrimonio de esa cantidad no es del todo exagerado en un profesional con varias décadas de trabajo.
Además, se tiende a hacer comparaciones con otros funcionarios que, en cambio, declaran tener patrimonios de RD$10 millones. Pero ante eso uno se pregunta si no es más creíble el que declaró RD$200 millones que quien se atreve a declarar RD$10 millones, cuando todo el mundo sabe que solo eso puede costar una casa en cualquier zona residencial del país.
También están los “comunicadores” que muestran sorpresa con determinadas fortunas de funcionarios, mientras algunos de ellos mismos tienen fortunas mayores y saben que el monto no es tan elevado como lo quieren presentar para provocar reacciones de los oyentes o televidentes.
Lo otro es pensar que todo el que acumula varios millones de pesos luego de ocupar una posición en el Estado ha incurrido en actos de corrupción. Un juicio de valor muchas veces injusto que puede afectar la reputación de gente seria.
Tengo un amigo que trabajaba en una institución descentralizada del Estado con un salario de RD$300 mil mensuales. Es posible que su ingreso limpio, luego de impuestos, fuera de RD$225 mil. Con un modo de vida moderado, él se desenvolvía con RD$150 mil al mes y estaba ahorrando RD$75 mil. En un año de ahorro podría llegar a RD$900,000. En cuatro años de gestión gubernamental en el cargo, podría acumular un ahorro de RD$3.6 millones.
El año pasado el Presidente de la República designó a mi amigo en un puesto cuyo salario asignado es de RD$700 mil mensuales. Él ha decidido seguir su ritmo de vida igual, además de que sobre ese sueldo recibe otros beneficios como gastos de representación, combustible y pagos de servicios, lo cual le permite mejorar su condición de vida sin incurrir en gastos adicionales.
Si mi amigo decidiera, adicional a los RD$75 mil que ahorra cada mes, agregar otros RD$275 mil, entonces su ahorro sería de RD$350 mil mensuales. Al cabo de un año llegaría a acumular RD$4.2 millones y en cuatro años de gestión se montaría en RD$16.8 millones de ahorro.
Todo eso sin robarse un solo centavo del Estado, sin coger comisiones, sin aceptar sobornos, sin sobrevaluar compras; sólo con el ahorro mensual de una buena parte de su elevado salario.
Pero cuando él salga del Gobierno y declare que su patrimonio pasó, por ejemplo, de RD$13.2 millones a RD$30 millones, habría múltiples críticos que insinuarían que pudo incurrir en actos de corrupción, cuando lo único que hizo fue ahorrar parte de su sueldo. Eso sin agregar posibles ingresos adicionales de sus actividades privadas.
Otra cosa es lo que hacen algunos funcionarios, que ponen a nombre de familiares la mayor parte de su patrimonio para presentarse con bajos ingresos, o los que declaran más de lo que tienen para cuando salgan con fortuna acumulada decir que eso lo tenían antes de llegar al cargo.
Otro asunto. No es necesaria la propuesta de modificar la ley para obligar a que cada declaración jurada sea acompañada de comprobantes de pago de impuestos. Ese mandato legal ya existe. Sólo es una labor de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ponerlo en práctica.
Lo que pasa es que en este país sobran las propuestas de leyes para luego no cumplirlas.
