[dropcap]L[/dropcap]a Ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos es, con toda seguridad, una de las conquistas más importantes en materia de transparencia que puede mostrar República Dominicana. Esta legislación coloca al país en un mapa especial en todo el mundo.
Sin embargo, a juzgar por los resultados, el mejor trofeo será lograr su aplicación efectiva, que haya un cambio radical o diametral de la mentalidad y/o accionar de quienes llegan a una función pública. Las leyes, históricamente, han sido violentadas o inobservadas en grado superlativo por la mayoría de los ciudadanos. En este caso no es la excepción.
Quizá la falta de cultura de transparencia sorprendió hasta a quienes levantaron la mano en el Congreso para aprobarla, a quienes tienen la obligación de cumplirla y de las autoridades que deben aplicarla. Pero posiblemente los más sorprendidos han sido los políticos que llegan a una función pública, pues una declaración jurada de patrimonio (un inventario de lo que poseen al momento de asumir el cargo) los obliga a ser transparentes en lo adelante. Esto, por supuesto, tendría una conexión obligatoria con lo que han declarado ante Impuestos Internos.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) ha sido enfática y persistente en el tema. Ha organizado múltiples eventos para discutir sobre este asunto. El más reciente reunió a tres expertos y defensores de la transparencia.
Servio Tulio Castaños Guzmán, un jurista caracterizado por pronunciamientos muy explícitos respecto a la necesidad de cumplir y hacer cumplir las leyes; Fernando Ferrán, estudioso de la temática, catedrático y defensor de una gestión pública pulcra; y Rafael Dickson Morales, jurista que ha sido consultor de órganos administrativos para la elaboración de normas y regulaciones, liderando licitaciones públicas internacionales, fueron coincidentes en la incapacidad explícita de los órganos de control y fiscalización para aplicar la Ley 311-14.
Previo a su participación el escenario fue de Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, que según la legislación es el órgano responsable del control, fiscalización y aplicación de la norma. Ferrán llegó a pedirles a las autoridades que si no pueden empoderarse como manda la ley es más digno que renuncien.
Para Castaños Guzmán, que lo sustentó en más de una ocasión en su intervención, la Cámara de Cuentas debería ser considerada como la institución más poderosa del Estado tomando en cuenta su capacidad de acción sobre quienes administran los recursos públicos.
Dickson Morales ve la ley como el instrumento idóneo para que República Dominicana practique la transparencia como una forma de vida, de defensa de los intereses de la ciudadanía y como una norma obligatoria sin necesidad de recordárselo al que llegue a un puesto estatal.
En lo que sí hay un acuerdo, sea del litoral que venga lo opinión, es que esta legislación permite a la ciudadanía tener conocimiento de la procedencia de los bienes de los funcionarios y, de esta manera, aumentar la transparencia y capacidad de detección de enriquecimientos ilícitos. La declaración jurada de patrimonio consiste en un inventario de bienes autenticados por notario público, que debe publicarse por cualquier medio electrónico o impreso.
Habría que preguntarse cómo es que tantos funcionarios no han hecho su declaración jurada de patrimonio. Y peor: ¿Por qué no se aplican las sanciones que manda la ley? ¿Por qué Impuestos Internos y el Ministerio Público no actúan en consecuencia? Las respuestas las seguiremos esperando.
La sociedad en pleno merece verdaderos servidores públicos y no oportunistas que lleguen a los cargos del Estado a cebarse del erario. Aquí se incluyen aquellos que se niegan a transparentar sus bienes.
