Ozama e Isabela recorren cientos de kilómetros para copular en el entorno de humedales del Parque Ecológico Las Malvinas y la pequeña isla La Esperanza, dentro del territorio urbano del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Ambos ríos llegan a su encuentro heridos de contaminación para crear un curso de agua con mayor pestilencia que va a morir -literalmente- a la costa del Mar Caribe.
El alto grado de contaminación de los ríos, producto de la presión agrícola en la zona rural, de la carga demográfica de sus riberas en la parte urbana y de las industrias que vierten residuos en sus cañadas y afluentes, roban a todo el país la posibilidad de aprovechar con eficacia importantes recursos hídricos y amenazan el desarrollo turístico e inmobiliario proyectado por el sector privado.
En torno a la desembocadura del Ozama nació una promesa de desarrollo turístico e inmobiliario a partir del 3 de junio de 2005, cuando el Ministerio de Obras Públicas firmó el contrato de venta de 495,211.58 metros cuadrados del litoral de Santo Domingo. La constructora Inversiones Turísticas Sansoucí, conformada por Juan B. Vicini Lluberes, Lisandro Macarrulla y Osvaldo A. Oller Villalón, acordó pagar US$39,375,000 por el terreno.
Al aprobar el acuerdo, el Senado resaltó que el proyecto incluía, en su área inmobiliaria, unos 1,000 apartamentos donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Armada y la Escuela Naval.
Inversiones Turísticas Sansoucí promete, a través de su web, crear “una comunidad urbana única”, con uno de los proyectos de infraestructura privado “más grande de todo el país”.
Pero, uno de los escollos que debe superar la iniciativa será la contaminación del Ozama y el Isabela. Una de las últimas medidas para lograr ese propósito la dispuso el Ministerio de Medio Ambiente, con la resolución No. 13-2016, del 7 de octubre, que prohíbe desguazar barcos en sus riberas.
Luego de la disposición, Juan T. Filpo, director de Protección Ambiental, y el analista Patricio Cuevas, de Emergencias Ambientales, realizaron un levantamiento en Metales Antillanos, Dique o Canal La Barquita, Astillero Hermanos Benítez o Legus Enterprise y Atracadero Vicini (antiguo Metaldom). Estos cuatro muelles se dedican “al desguace, reparación y estacionamiento de embarcaciones”, en su mayoría proveniente de Jamaica, Venezuela y Panamá, con el propósito de exportar sus metales ferrosos.
Los técnicos oficiales determinaron que sólo Metales Antillanos, representado por José Alberto Acero, cuenta con un permiso ambiental modificado, marcado con el No. 0558-07.
El Dique y Atracadero Vicini, representados respectivamente por Porfirio Hernández y José Alberto Acero, carecen de autorización ambiental; lo mismo que Astilleros Hermanos Benítez, bajo responsabilidad de Miguel Ángel Pichardo.
El informe deplora el impacto ambiental en los ríos de los desguazaderos, de los que el más viejo opera desde 1968. Más de 650 personas trabajan, la mayoría de forma temporal, en el desmantelamiento de los barcos, indica.
“Todos los lugares visitados operan dentro de área de los 30 metros de las riberas Ozama e Isabela”, determina. Los muelles desguazan al año entre 10 y 12 barcos de 100 a 120 metros de eslora.
La resolución de Medio Ambiente otorgó hasta el 1 de enero a los desguazaderos para que culminen todas sus operaciones. Además los obliga a limpiar, remediar y restaurar las áreas afectadas en un radio de 40 metros de los cursos de agua.
La decisión reitera la prohibición, en la cuenca alta, media y baja de Ozama e Isabela, de “cualquier actividad industrial que presente riesgo potencial de contaminación en el orden físico, químico y orgánico, térmico, radioactivo o de cualquier otro orden”.
Fuentes contaminantes de ríos Ozama e Isabela
El presidente Danilo Medina conformó, mediante el Decreto 260-14, de junio de 2014, una comisión para rehabilitar, sanear y preservar la cuenca Ozama-Isabela. Ese organismo encabezado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, plantea que más de 3.5 millones de personas viven en el entorno de esos ríos, de los que el 40% ocupan zonas de derrumbes.
Estima que el 10% de la población que habita en zonas inundables se encuentra en los alrededores del Ozama y el Isabela.
En 30 de los barrios más cercanos a sus riberas la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registra 816,283 habitantes.
Silmer González Ruiz, directora de Calidad Ambiental de Medio Ambiente, asegura que, además de prohibir el desguace de barcos a orillas del Ozama y el Isabela, esa dependencia busca suspender las descargas de aguas residuales de actividades industriales que violen las normas vigentes.
El pasado mes, Medio Ambiente identificó 21 empresas que descargan aguas residuales con o sin tratamiento a los ríos, incluyendo textilerías, destilerías, industrias de alimento, mataderos, procesadoras de cárnicos, hoteles, parques industriales y rellenos sanitarios.
De las industrias identificadas, solo 13 cuentan con autorización ambiental.
“Entre las ocho restantes, seis solicitaron la autorización y abandonaron el proceso, y dos nunca se registraron en este Ministerio”, indica el informe.
“Se estima que más de cincuenta industrias descargan sus aguas residuales directa o indirectamente a los ríos Ozama e Isabela”, explica el documento.
Al resumir las mayores problemáticas, señala que Gildan Activewear Properties, que opera en el paraje Monte Palma, sección Bella Vista, del municipio Guerra, en Santo Domingo, “ha sido sancionada varias veces por el vertido del sistema de tratamiento de aguas residuales por incumplimiento de los parámetros de descarga”.
La empresa cuenta con 10 lagunas para el tratamiento de las aguas salinas, pero sus vertidos llegan al arroyo La Pipa, afluente del Ozama. Gildan promete poner en funcionamiento este diciembre un nuevo sistema de tratamiento.
Según Medio Ambiente, el Matadero Alpa Import Mercarne vierte en un pozo séptico y “todos los valores presentados están por encima de los permitidos por la Norma de Calidad de Agua”.
Del Parque Industrial Duarte y la Industria de Papel Sido señala que mantienen abandonadas sus plantas de tratamiento. Además, que Munné vierte “todas sus aguas industriales y domésticas” en el alcantarillado sanitario.
A los ríos llega…
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) firmó el 24 de febrero de 2011 un contrato con la firma española Icatema Consulting, para la construcción, bajo la modalidad “llave en mano”, de una planta depuradora de aguas residuales que descargan en el Ozama. El acuerdo y sus dos enmiendas del 15 de marzo y el 15 de octubre de 2013, asciende a un monto de 55.7 millones de euros.
El informe de Medio Ambiente cita 14 plantas de tratamiento municipales de aguas residuales. La de Invivienda tiene el reactor anaeróbico fuera de operación y la de Los Ríos está sobrecargada. Las de Los Alcarrizos, Lotes y Servicios y Puerta de Hierro se encuentran abandonadas.
La de INVI-Villa Liberación, diseñada para servir a 25,000 personas, se encuentra “desmantelada” y “los terrenos fueron usados para construir una escuela”, dice.
La de Villa Pantoja se encuentra fuera de servicio y las aguas son desviadas directamente al arroyo Lebrón que descarga en el Isabela. También se encuentra abandonada la planta de Ciudad Satélite. “Su laguna está completamente sedimentada y llena de malezas”.
La planta del sector Salomé Ureña, que sirve a unos 25,000 residentes en la cuarta etapa de El Almirante, sufrió un agrietamiento en el fondo de su laguna facultativa. La de La Zurza está abandonada y sin los motores del reactor aeróbico.
Medio Ambiente también evaluó 13 cañadas que conducen residuos, líquidos y sólidos, a los ríos, incluyendo las de La Ciénaga y El Farolito, que reciben descargas de los hospitales Luis Eduardo Aybar y Darío Contreras.
La Nueva Barquita; el primer gran avance en la zona
El Gobierno se propone reforestar con especies nativas un área de 150,000 metros cuadrados que antes eran ocupados por residentes de La Barquita, un sector de Los Mina trasladado al otro lado del Ozama con un ambicioso proyecto habitacional de 1,782 apartamentos, que conlleva una inversión superior a los RD$4,000 millones.
La ejecución del proyecto cuenta con el apoyo del empresario José Miguel González Cuadra, del Centro Cuesta Nacional (CCN), quien encabeza la Unidad Ejecutiva para la Readecuación de La Barquita (URBE). La iniciativa se propone convertir, con el apoyo técnico del Jardín Botánico Nacional, a La Vieja Barquita en un parque ecológico y fluvial.
Además del ejecutivo de CCN otras empresas apoyan iniciativas orientadas al saneamiento del Ozama y el Isabela. La Fundación Tropigas, que forma parte de la Coalición Río, ha propiciado más de 50 estudios de las aguas de los ríos.
También apoya la reforestación en la cuenca alta y jornadas de limpieza en las cañadas. Asimismo, el Banco de Reservas desarrolló un programa en el sector El Dique, mediante el cual intercambiaba bonos con los residentes del populoso sector, a cambio de toneladas de desperdicios, sobre todo plástico, retirados de las aguas del río Ozama.
