República Dominicana ha dado pasos significativos en el fortalecimiento de su marco de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT). Las recientes normativas y la labor proactiva de instituciones como la Superintendencia de Bancos (SB) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) subrayan un compromiso firme por cerrar brechas y alinear al país con estándares internacionales.
Así lo afirman los expertos en gestión integral de riesgo, Cibeles Jiménez, fundadora de Ribels y consejera de entidades financieras y Héctor del Rosario Rodríguez, VPA de Cumplimiento PLAFT Banco Promerica, quienes resaltan la necesidad de que el ecosistema regulatorio reflexione sobre los límites y responsabilidades en esta lucha compartida.
Mencionan que la Circular SIB No. 003-2018 y la reciente Carta Circular CCI-REG-202400015 son parte de un marco normativo diseñado para “blindar el sistema financiero”. Estas disposiciones, explican a elDinero, exigen que todos los sujetos obligados, desde abogados hasta casas de empeño y constructoras, estén debidamente registrados ante la UAF y capacitados para reportar operaciones sospechosas a través de la plataforma “GoAML”.
Jiménez y Del Rosario explican que esta “obligación” implica que las entidades de intermediación financiera (EIF) deben verificar dicho registro como parte de su proceso de debida diligencia ampliada. Esto, a su juicio, eleva los estándares de cumplimiento a niveles que podrían generar una sobrecarga en lugar de una mejora efectiva, creando así un nuevo Riesgo de Supervisión Delegada.
Ambos expertos enfatizan que un marco más estricto no siempre se traduce en uno más eficiente. Plantean la cuestión de si las entidades financieras deben asumir un rol “cuasi supervisor” sobre terceros sujetos obligados, más allá del principio “conocer a su cliente”, ya que esto podría distorsionar el equilibrio funcional del sistema y desincentivar el fortalecimiento institucional de los órganos responsables.
Advierten riesgos técnicos
Los especialistas también advierten sobre el riesgo técnico que implica descargar funciones propias en el sector financiero. Añaden que esto podría llevar a los supervisores sectoriales a no evolucionar hacia esquemas más proactivos e inteligentes basados en riesgos.
Destacan que la arquitectura institucional actual ya está claramente definida para supervisar a los distintos sujetos obligados, incluyendo profesionales liberales, constructoras, joyeros y operadores de juegos de azar.
Critican la idea de que una entidad financiera se encargue de fiscalizar el cumplimiento por parte de un abogado con respecto a la Ley 155-17, afirmando que esto no es competencia técnica ni normativa del sector financiero. Sin embargo, reconocen el liderazgo activo demostrado por la SB al aplicar un enfoque basado en riesgos, elevando así los estándares del cumplimiento dentro del sector financiero.
Indican que la Circular 003/18 exige a las entidades financieras adoptar un programa de cumplimiento integral alineado con las mejores prácticas internacionales, lo que ha requerido inversiones significativas en tecnología y cultura organizacional. Los expertos advierten que estas exigencias no pueden trasladarse informalmente a entidades fuera del ámbito natural de regulación.
Abogan por una visión sistémica de la PLAFT, donde cada actor cumpla con su rol desde sus competencias, y donde las entidades financieras, lejos de convertirse en supervisores informales, actúen como promotores de buenas prácticas y guardianes de su propia exposición al riesgo.
