En un país donde la carne de cerdo es la segunda proteína más consumida, pero donde ya se importa el 75% de lo que se come, la peste porcina africana (PPA) se ha convertido en una amenaza persistente para la seguridad alimentaria de República Dominicana.
Desde su reaparición en 2021, la enfermedad ha sido implacable. La producción local cayó de 1.6 millones de quintales en ese año a 1.4 millones en 2024. Frente a este panorama, la bioseguridad se presenta como una vía técnica posible para salvar la industria porcina nacional.
El especialista en sanidad animal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y coordinador del Plan Nacional de Bioseguridad en República Dominicana, Diego Rojas, es claro: “La bioseguridad es quizás la única herramienta que tienen los productores que hoy siguen manteniendo esta noble labor”, asegura.
Desde 2023, la FAO, junto al Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería y con financiamiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, implementa un plan nacional que ha comenzado a rendir frutos.
El programa consta de un sistema de evaluación de bioseguridad que analiza 74 variables técnicas a través de un “checklist”. “Las granjas deben alcanzar al menos el 70% del puntaje total (171 de 250 puntos) y cumplir con 11 variables no negociables para obtener la certificación”, explica Rojas.
Entre esos requisitos ineludibles están los cercos perimetrales en buen estado, mallas antipájaros, protocolos estrictos de desinfección, filtros sanitarios y la separación de otras especies animales. Este último punto sigue siendo común en predios donde conviven cerdos con aves, bovinos o incluso mascotas, aumentando el riesgo de contagio.
La PPA no se transmite a humanos, pero es altamente contagiosa entre cerdos. “Yo la puedo llevar en la piel, la puedo llevar en la ropa, en las botas. Es un virus muy pequeñito, que tiene una viabilidad en el ambiente muy alta. Entonces, es muy fácil de transmitir”, alerta.
Desde que inició el plan, 17 granjas han sido certificadas como bioseguras. Y hasta la fecha, ninguna ha sido contaminada con el virus.
Además, el programa ha logrado que más del 82% de la porcicultura tecnificada esté incluida en el plan de bioseguridad. Se han realizado más de 800 visitas técnicas y 600 capacitaciones en todo el país, alcanzando a más de 7,500 personas.
“Hoy vas a las granjas y te hablan de bioseguridad. Eso tiene una connotación importante porque la bioseguridad al final depende de qué tan comprometidos estén con lo que se hace al interior de la granja”, comenta Rojas.
También se han capacitado más de 40 mataderos municipales en buenas prácticas de sacrificio, entregando equipos de protección y kits de desinfección que buscan reducir el riesgo de diseminación del virus durante la matanza.
Riesgos latentes
El camino para contener la peste porcina africana (PPA) en República Dominicana aún está lejos de concluir. La mayoría de las 634 granjas inscritas en el programa están en distintas fases del proceso, y la informalidad sigue siendo un enemigo silencioso.
“Fundamentado en el tema de la movilización ahí hay un trabajo por hacer muy importante”, admite, señalando que eso hace más difícil el control de la enfermedad. En este sentido, explica que la Dirección General de Ganadería ha comenzado a implementar patrullas en rutas estratégicas y puestos sanitarios en diversas carreteras del país para monitorear y frenar el movimiento no autorizado de animales.
Sin embargo, incluso aquellas granjas que ya han sido certificadas no pueden bajar la guardia. “Tengo que continuar ese reforzamiento de las medidas de bioseguridad porque afuera sigue estando el virus activo. Lo que hacemos es evidenciar diferentes factores de riesgos. Basureros, mataderos, rutas de transporte cercanas”, explica Rojas, al insistir en que la bioseguridad no admite medias tintas: “O se tiene o no se tiene”.
La estrategia dominicana para contener la PPA no ha pasado desapercibida a nivel internacional. Rojas revela que el modelo del Plan Nacional de Bioseguridad ha sido reconocido en escenarios globales. “Fuimos invitados a presentar la experiencia en un foro global en Roma, donde ganamos el primer lugar, y hemos sido invitados a dictar una serie de charlas en la implementación de este programa”, detalla.
En paralelo, el Gobierno ha implementado mecanismos de financiamiento a través del Banco Agrícola para que más productores puedan mejorar sus instalaciones y sumarse al plan. Esto permitirá ampliar la cobertura del programa y reducir el riesgo de que el país pierda por completo su capacidad de producción porcina.
En medio del debate sobre cómo erradicar la enfermedad de forma definitiva, algunos sectores, como el Colegio Dominicano de Veterinarios, han propuesto eliminar completamente el hato porcino nacional y comenzar desde cero con animales sanos, tal como se hizo en 1978. No obstante, Rojas considera que esa es una decisión que debe discutirse ampliamente. “Son decisiones que deben tratarse y deben discutirse en el seno de las autoridades del país”, señala.
Para él, es clave que los productores tengan voz en este tipo de medidas. “Yo creo que es importante integrar a los porcicultores en estas decisiones y por eso nosotros nos ceñimos al tema del Plan Nacional de Bioseguridad, que para nuestro caso es, quizás, nuestro mayor interés y creo que es punta de lanza para poder mitigar el riesgo de diseminación de la enfermedad”, explica.
Además, Rojas recuerda que, en muchas comunidades rurales del país, el cerdo es más que una fuente de carne: es un mecanismo de ahorro. “Mucha gente lo usa como una alcancía. Lo engorda y lo vende cuando necesita dinero o lo sacrifica para alimentar a la familia”, reconoce.
Predios inscritos
De acuerdo con documentos suministrados por la FAO, el Programa Nacional de Bioseguridad cuenta con 630 predios inscritos, de los cuales 326 (51.75%) predios corresponden a predios comerciales tecnificados, 173 (27.46%) predios a granjas vacías y 131 (20.97%) a granjas a granjas comerciales no tecnificadas.
El número total de animales es de 359,415, lo que representa el 82% de la porcicultura tecnificada de República Dominicana. Con corte a marzo de 2025, se han realizado 630 evaluaciones de bioseguridad, indican informes.
