A pesar de los avances en la incorporación femenina al mercado laboral en República Dominicana, la participación de las mujeres sigue condicionada por desigualdades que incluyen tanto diferencias salariales como restricciones de acceso a sectores productivos estratégicos. Según el Ministerio de Trabajo, la tasa de ocupación femenina superó el 50% durante el actual gobierno, aunque la brecha de género se mantiene en 16.4 puntos porcentuales.
En ese sentido, las políticas de equidad de género, lideradas por el Ministerio de la Mujer y coordinadas con otras instituciones estatales, buscan incrementar la presencia femenina en la fuerza laboral y consolidar su autonomía económica.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó que el presupuesto oficial del ministerio se sitúa alrededor de RD$1,200 millones, un incremento respecto a los RD$700 millones que recibía la institución al inicio del gobierno. “El haberlo duplicado prácticamente en los primeros 4 años de la gestión del presidente Luis Abinader es un indicador claro de que se necesita invertir mucho más recurso para la igualdad”, afirmó.
Jiménez aclaró a elDinero que los recursos del Ministerio de la Mujer representan solo una fracción del presupuesto estatal destinado a políticas de género. Según la funcionaria, la inversión del Estado en igualdad y equidad de género para 2023, 2024 y 2025 ronda los RD$17,000 millones, debido a la transversalidad de estas políticas en todas las instituciones.
La ejecución presupuestaria reportada hasta junio de 2025 evidencia que RD$860.1 millones se destinaron a actividades vinculadas con la reducción de disparidades e inequidades de género. De este monto, los servicios generales concentraron el 43.8% del gasto, principalmente en administración general (RD$342.3 millones), mientras que los servicios sociales representaron 41.9%, con énfasis en la función de equidad de género (RD$357.2 millones). La subfunción de prevención, atención y protección de violencia de género absorbió 52.2% de los recursos de esta finalidad. Los servicios económicos, orientados a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, recibieron RD$122.5 millones, el 14.2% del gasto total.
Jiménez subrayó la necesidad de incrementar la inversión para consolidar políticas de prevención y atención de violencia de género, educación para la igualdad y derechos sexuales y reproductivos, considerando que la tasa de embarazos en adolescentes se mantiene alrededor del 18%. “Es alto para la región, pero es la primera vez que en la República Dominicana esos datos empiezan a bajar”, indicó la ministra.
Políticas de empleo y participación femenina
Durante la 20ª Reunión Regional Americana de la OIT (RRA2025), el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, resaltó que el gobierno impulsa la inserción laboral femenina en diversos sectores productivos. “Ya hemos avanzado en la participación de la mujer; estamos llegando al 51% en la ocupación formal”, afirmó.
Olivares señaló la implementación de programas específicos para jóvenes y mujeres en sectores como turismo, industrial y zona franca, así como incentivos para empresas que contraten personal en programas de primer empleo. En turismo, por ejemplo, la apertura de un hotel proyecta generar 6,000 puestos de trabajo, mientras que en la zona franca se aplicó un incremento salarial del 25% en el año en curso.
En el caso del sector informal, el gobierno promueve la formalización laboral de 180,000 mujeres, especialmente en actividades tradicionales como bancas de lotería. “Eso va a mover la aguja de la formalidad, positivamente”, señaló Olivares a elDinero, destacando que la creación de empleo sostenible y constante forma parte de una política que busca mejorar las condiciones laborales de mujeres, juventud y sectores vulnerables.
A pesar del crecimiento en la participación femenina, la brecha de género en el mercado laboral permanece. Según datos del Banco Central, los hombres ocupan 2.9 millones de puestos de trabajo, mientras que las mujeres suman 2.1 millones, lo que equivale a una diferencia absoluta de 842,455 personas. Esto se traduce en que los hombres representan el 58.2% de los ocupados frente a 41.8% de las mujeres, con una brecha de 16.4 puntos porcentuales.
En ese sentido, Jiménez señaló que, aunque las políticas de género se han fortalecido, todavía existen limitaciones presupuestarias y estructurales. “Con el presupuesto disponible debemos trabajar en transversalidad de enfoque de género, planificación de género, pero la mayoría de las acciones del gobierno van hacia protección, no tanto a lo que queremos, que es la mujer más empoderada, con más participación”, indicó.
La ministra también destacó la importancia de políticas de cuidado que redistribuyan responsabilidades y permitan la participación femenina en el mercado laboral. Entre estas, se incluyen la atención a personas adultas mayores, protección a la primera infancia y políticas para personas con discapacidad. “Históricamente, estas acciones han sacrificado muchas oportunidades de la mujer de incorporarse al mercado del trabajo”, sostuvo.
Educación, capacitación y autonomía económica
El fortalecimiento del capital humano femenino se ha vinculado a la formación y capacitación laboral. Olivares recordó que el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) ha ampliado sus extensiones de cinco o seis a 57 en todo el país, con programas orientados a la inserción laboral de mujeres y jóvenes.
El Ministerio de la Mujer complementa estas acciones con programas educativos, como la Escuela de Igualdad, que busca promover la educación para la igualdad y la participación de las mujeres en distintas esferas. Según Jiménez, estas medidas se enfocan en asegurar que las mujeres estén en el centro de las políticas públicas y que su autonomía económica se vea fortalecida mediante oportunidades de empleo y acceso a recursos estatales.
El Gobierno dominicano proyecta continuar incrementando la participación laboral femenina y juvenil, con metas concretas como elevar la ocupación formal de mujeres por encima del 51% y la empleabilidad juvenil por encima del 59%.
En este contexto, la inversión estatal en equidad de género, junto con la coordinación interinstitucional, constituye un indicador de cómo las políticas públicas buscan impactar de manera sostenida el mercado laboral femenino y la autonomía económica de las mujeres, aunque los desafíos de desigualdad estructural continúan siendo un componente central del debate económico en el país.
