Mientras se desarrollaba el fraude en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), yo escribía en mayo y junio sobre los delitos que se cometen en el mercado asegurador, sin imaginar que en esa prestigiosa institución se estaba gestando un escándalo de gran magnitud. En 2019, SeNaSa había recibido el Premio Iberoamericano a la Calidad, un reconocimiento ganado por la adm. De Mercedes Rodríguez y otorgado durante la gestión del doctor Santiago Hazim, quien sustituyó a mi apreciada amiga.
¿Quién podría haber imaginado lo que se estaba fraguando contra los más pobres afiliados del sistema de seguridad social?
Los bancos, los puestos de bolsa, las administradoras de fondos de pensiones, las gestoras de inversiones y las aseguradoras manejan fondos del público, por lo que la supervisión estatal debe ser constante, rigurosa y efectiva.
Sin embargo, el órgano supervisor permitió que SeNaSa incumpliera la obligación de publicar sus estados financieros, donde se refleja la salud económica de la institución. Algo similar ocurre en el mercado de seguros, donde los índices de solvencia no se publican desde el año 2023.
Uno de los pilares fundamentales del sector asegurador son las reservas técnicas, que constituyen el respaldo financiero que garantiza que la compañía pueda cumplir con sus compromisos futuros. Cuando una aseguradora vende una póliza, asume una obligación que puede materializarse meses o incluso años después. Por ello, debe reservar anticipadamente parte de sus ingresos (las primas) para responder ante esas eventualidades.
Sin reservas suficientes, una aseguradora puede volverse insolvente con facilidad. En las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la relación de reservas debe ser de RD$1 por cada RD$1 reclamado; es decir, desde el momento en que se acepta una reclamación, debe reservarse el monto correspondiente. Lo mismo aplica para las aseguradoras generales (no de salud): cuando se reporta un incendio o un accidente vehicular, el monto estimado de la pérdida debe registrarse como cuenta por pagar.
La tarea básica del supervisor es verificar que las aseguradoras cumplan con estos parámetros, para evitar atrasos o insolvencias que afecten el pago de sus obligaciones al público.
El SUPERVISOR DEBE VELAR POR:
1. Estabilidad del mercado asegurador
Las reservas son esenciales para mantener la confianza del público en el sistema. Los asegurados necesitan la certeza de que, ocurra lo que ocurra, su compañía podrá pagar sus reclamaciones.
Por eso, los entes reguladores —como la Superintendencia de Seguros en la República Dominicana— exigen niveles mínimos de reservas técnicas y matemáticas, según el tipo de seguro.
2. Gestión técnica del riesgo
Las reservas permiten medir y administrar adecuadamente los riesgos.
Cada tipo de reserva (de primas no devengadas, de siniestros pendientes o no reportados, etc.) refleja la madurez técnica y la salud financiera de la empresa. Un cálculo erróneo o manipulado distorsiona los resultados, creando una falsa imagen de rentabilidad.
3. Protección al consumidor y al sistema financiero
El seguro cumple una función social: proteger vidas, patrimonios y empresas.
Por eso, las reservas no solo resguardan a la aseguradora, sino también la estabilidad del sistema económico.
La quiebra de una aseguradora puede generar un efecto dominó: pérdida de confianza, impagos y perjuicios para miles de personas y entidades.
Ante estas obligaciones del supervisor, cabe preguntarse:
¿Están nuestras instituciones realmente cumpliendo con la responsabilidad que la ley les asigna para garantizar la seguridad, estabilidad y confianza del público en el sistema asegurador?
Seguiremos con el tema en el próximo artículo.
