Por: Iris Villafaña
Abogada
En un reciente mensaje al país, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, respondió a los cuestionamientos que ha enfrentado el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante los casos de narcotráfico que involucran a algunos de sus miembros. Durante su intervención, explicó las medidas que el partido ha adoptado para enfrentar estas situaciones y anunció propuestas para prevenir que se repitan. Entre ellas, destacó que el gobierno impulsará la modificación de la Ley 155-17 para que los partidos políticos sean considerados sujetos obligados dentro del sistema dominicano de prevención del lavado de activos.
Este anuncio plantea una discusión necesaria: ¿es suficiente convertir legalmente a los partidos en “sujetos obligados” para garantizar que actúen con transparencia, integridad y eficacia? ¿O el verdadero desafío es estructural y cultural, es decir, de prácticas internas, valores y decisiones que no dependen exclusivamente de una ley, sino de la voluntad real de las organizaciones políticas de actuar con responsabilidad?
En la República Dominicana -y en cualquier país con retos institucionales similares- la existencia de una norma no implica necesariamente su cumplimiento. La obligatoriedad legal puede constituir un avance, pero no exime a los partidos de la responsabilidad ética, política y operativa de gestionar de forma real, y no solo formal, sus procesos internos. La ley puede imponer controles; la cultura organizacional es la que determina si esos controles se respetan, se simulan o se evaden.
La inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados bajo la Ley 155-17 no es un simple “capricho” normativo. Estas organizaciones representan un canal vulnerable para la penetración de capital ilícito, especialmente durante los procesos electorales y en el financiamiento de campañas. Sin embargo, dicha inclusión no debe interpretarse como un escudo que asegura transparencia ni como una solución automática. La ley no reemplaza la obligación moral de un partido de depurar a quienes aspiran a representarlo ni la responsabilidad de vigilar a aquellos que intentan comprar influencia mediante recursos opacos.
Este contexto plantea una reflexión fundamental: si los partidos políticos, fuente de elección de legisladores, alcaldes, senadores y presidentes, no internalizan procesos rigurosos de debida diligencia, depuración de afiliados y construcción de sistemas genuinos de cumplimiento, la mera obligación legal, aunque valiosa, corre el riesgo de quedarse solo en el papel. El cumplimiento no comienza cuando la ley obliga, sino cuando la organización decide actuar con integridad.
No basta con reportar operaciones sospechosas, crear reglamentos internos o cumplir el mínimo normativo. El cumplimiento real exige decisiones difíciles: rechazar aportes, aunque sean cuantiosos, impedir candidaturas con patrimonio inexplicable, expulsar figuras cuya reputación compromete a la institución y priorizar propuestas sobre bolsillos. Implica comprender que no debe permitirse la entrada de una persona “porque sí”, simplemente porque aporta recursos, votos o influencia.
El desafío no es únicamente jurídico; es cultural, estructural, político y, sobre todo, ético. Pensar que el cumplimiento depende solo de estar incluidos o no en la Ley 155-17 conduce a una prevención aparente, pero no verdadera. Pueden completarse formularios, entregarse reportes y aprobarse reglamentos; sin embargo, si la cultura interna continúa tolerando lo que la ley prohíbe en teoría, el resultado será el mismo: cumplimiento de papel.
Un partido que se limite a cumplir con el mínimo legal, sin internalizar un verdadero programa de cumplimiento, depuración y rendición de cuentas, corre el riesgo de que el dinero ilícito, la corrupción y la impunidad definan su identidad, su liderazgo y su futuro.
Por tanto, lo que está en juego no es únicamente la modificación normativa. Es la transformación organizacional y cultural de los partidos: que prioricen la integridad tanto como la estrategia electoral; que valoren la ética tanto como los votos; que comprendan que la democracia no se fortalece por obligación, sino por convicción.
