La informalidad es uno de los principales obstáculos para la aplicación de la Ley No. 42-08 sobre Defensa de la Competencia en República Dominicana, donde cerca del 85.2% de las micro, pequeñas y medianas empresas operan al margen de las regulaciones formales, según la encuesta nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) 2022-2023 del Banco Central (BCRD).
Así lo afirmó la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, durante su intervención en la mesa redonda “Aplicación de la legislación sobre competencia en los mercados informales”, celebrada en el Foro Global sobre Competencia 2025, que tiene lugar en París, Francia.
Vásquez Taveras explicó que la informalidad dificulta el seguimiento de las transacciones económicas, debilita el funcionamiento de los mercados y genera profundas desigualdades que impiden detectar y sancionar prácticas anticompetitivas. Agregó que cuando empresas formales e informales coexisten en un mismo mercado se produce una competencia desigual que limita el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales y regulatorias exigidas por el Estado.
Recordó que entre 2018 y 2023 ProCompetencia se vio obligada a cerrar o suspender 17 investigaciones debido a la falta de información verificable o al carácter informal de los mercados analizados.
“Estos 17 casos evidencian cómo la informalidad afecta sectores críticos de la economía dominicana y obstaculiza la aplicación de la legislación de competencia, impactando no solo la labor investigativa de ProCompetencia, sino también la protección efectiva de los consumidores y de los agentes económicos que cumplen con la ley”, afirmó.
También detalló que la informalidad debilita la eficacia de la defensa de la competencia al impedir la realización de análisis económicos por falta de datos fiables; limitar la influencia de ProCompetencia en la elaboración de políticas públicas; dificultar la coordinación interinstitucional debido a la dispersión e incompletitud de la información; y generar distorsiones macroeconómicas que afectan la productividad, el crecimiento y la toma de decisiones públicas.
Ante este escenario, adelantó que se trabaja en la creación del observatorio de la competencia y la informalidad, una herramienta que permitirá centralizar datos, analizar el impacto de la informalidad en los mercados y apoyar la formulación de políticas públicas mediante protocolos que garanticen la confidencialidad y la trazabilidad de la información.
Asimismo, señaló que el proyecto de reforma de la ley de competencia contempla la ampliación del régimen de sanciones a personas físicas, lo que permitirá perseguir prácticas anticompetitivas incluso cuando se cometan en el ámbito de la informalidad.
Vásquez Taveras compartió panel con Mahmud Momtaz, presidente de la Autoridad de Competencia de Egipto; Francis Kariuki, consultor sénior en política comercial y de competencia de Bowmans y exdirector de la Autoridad de Competencia de Kenia; Jorge Grunberg, fiscal de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile; Carolina Alessi, abogada experta en Competencia de la OCDE; y Frédéric Jenny, presidente del foro.
Sobre el Foro
El Foro Global sobre Competencia 2025 es organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y reúne anualmente a altos funcionarios de más de 100 autoridades de competencia alrededor del mundo. Este año, el encuentro se centra en analizar los efectos de la inteligencia artificial en la competencia, el comportamiento de los mercados informales y los desafíos del sector salud.
