El reciente enfrentamiento entre Ricardo Salinas Pliego, un poderoso magnate de México, y la presidente Claudia Sheinbaum, pone de relieve un dilema central en las democracias latinoamericanas: ¿puede el Estado ejercer sanciones fiscales drásticas contra grandes conglomerados sin que ello se devenga, o al menos sea percibido, como persecución política?
Salinas lidera un imperio diversificado, con intereses que van desde la banca y el comercio hasta medios de comunicación y entretenimiento. El Gobierno mexicano acusa al grupo empresarial Grupo Salinas, de adeudar hasta 4 mil millones de dólares en impuestos atrasados, una cifra que para muchos implica evasión, mientras que Salinas sostiene que su deuda real rondaría los 400 millones de dólares.
El conflicto escaló tras una sentencia de la corte suprema, que está compuesta por jueces electos y alineados con el partido gobernante, que rechazó los recursos legales presentados por empresas del conglomerado, ratificando créditos fiscales por más de 2.5 mil millones de dólares.
Este pulso entre poder económico y fiscalización estatal trasciende el ámbito mexicano. Para nuestro país, y en general para economías emergentes, representa una señal clara de lo que podría ocurrir cuando estados con déficit fiscales estructurales deciden reforzar su recaudación.
En contextos donde la desigualdad social y la necesidad de recursos públicos para programas sociales son apremiantes, la tentación de ejercer mayores controles fiscales puede chocar con el riesgo reputacional y la fuga de inversiones. El caso Salinas–Sheinbaum encierra lecciones enormes sobre gobernanza, legitimidad del poder judicial y confianza de los inversionistas. Que una corte suprema revise y confirme de manera rápida deudas tributarias billonarias a un empresario emblemático levanta cuestionamientos sobre independencia judicial, debido proceso y seguridad jurídica.
Para economías pequeñas y abiertas como la dominicana, con sectores prominentes de zonas francas, turismo e inversión extranjera, cuidar la estabilidad regulatoria y la predictibilidad fiscal es esencial. Un precedente como el de México puede generar desconfianza entre empresarios, especialmente si se percibe riesgo de arbitrariedad.
Pero también deja una enseñanza: la recaudación efectiva y la lucha contra la evasión deben articularse a una reforma estructural del sistema impositivo, con reglas claras, procedimientos transparentes y garantías de debido proceso. Fiscalizar a los grandes contribuyentes no basta: es necesario fortalecer instituciones, transparencia y rendición de cuentas.
En resumen, el choque entre Salinas y el gobierno Sheinbaum no es solo una disputa mediática o personal: es una prueba de fuego para el equilibrio entre Estado, mercado y ciudadanía. Para República Dominicana, debería servir como alerta y guía. Si aspira a consolidar un régimen fiscal serio sin espantar inversiones, debe combinar recaudación con certeza jurídica, institucionalidad y coherencia regulatoria.
Ese es el verdadero reto de la región: construir un ambiente donde los grandes capitales contribuyan con justicia, sin que el temor a arbitrariedad frene el desarrollo.
