[dropcap]N[/dropcap]o sé a usted, pero a mí (en lo personal) me sorprendió muchísimo (más de lo que pudo haber causado en otros lares) la declaración del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de que el Gobierno está dispuesto a colaborar en el caso Odebrecht.
No sé usted, pero a mí me late que algunas veces olvidamos que la ley no tiene que ver que sea Presidente de la República o cualquier otro funcionario para ser aplicada. Supongo que el tiempo que podamos tener “subidos en el palo” nos puede borrar algunas informaciones importantes de nuestro cerebro, como que somos empleados públicos, o sea, del pueblo, y que nos debemos a quienes pagan nuestros salarios.
Los funcionarios, sean quienes sean y de la gestión que sea, están obligados a inclinarse ante la sociedad. La transparencia no sólo debe ser un ejercicio mediático o de declaraciones de momentos. Este caso, como otros en nuestro país, podrá morirse en el tiempo. Sin embargo, la diferencia ahora es que se trata de un evento con repercusiones internacionales.
Odebrecht pagó US$788 millones en sobornos en 12 países, incluida República Dominicana donde habría desembolsado alrededor de US$92 millones desde 2001, según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por suerte, y debemos tomarle la palabra a Peralta, la administración que encabeza el presidente Danilo Medina y sus funcionarios ha mantenido una lucha constante para que las cosas que hagan bien en el país.
El año recién pasado año, por supuesto, se caracterizó por una profundización de la desconfianza de los dominicanos en las instituciones públicas. La capacidad de asombro estuvo a prueba constantemente con hechos que marcaron la agenda de la opinión pública.
Al caso Odebrecht habrá que agregarle la venta de un barrio, los asaltos de película a varios bancos, una muestra del fracaso en materia de seguridad ciudadana, y el caos que reina en el tránsito de la capital. Ah, y la hipersensibilidad de algunos burócratas.
