[dropcap]E[/dropcap]l inicio de este año 2017 nos permite reflexionar sobre los desafíos legales que enfrentará República Dominicana durante los próximos doce meses. Si bien es cierto que el panorama a nivel macroeconómico luce complicado, con temas presupuestarios espinosos, los desafíos en materia legal también son sustanciales y revisten gran importancia para el clima de negocios en el país.
El primer desafío será el mandato de la Constitución de la renovación de las Altas Cortes –Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral– durante los próximos años, proceso que debe iniciar en corto plazo. En este caso, es importante que el partido mayoritario adopte una actitud de equilibrio y sensatez para mantener el orden constitucional. Por igual, debe imperar el criterio de identificación y designación de profesionales capacitados e independientes.
El segundo desafío es “Pacto Fiscal”, el cual tendría la finalidad de identificar y consensuar entre los sectores público y privado cambios en el marco impositivo, con el objetivo de captar mayores recursos para el Estado. Sin embargo, como se ha señalado en diversas ocasiones, no tiene sentido hablar de un “Pacto Fiscal” sin antes hablar de mejorar la transparencia en la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto (por ejemplo, una reducción de la abultada nómina pública).
El tercer desafío es la consolidación de la institucionalidad y buenas prácticas de gobierno a nivel nacional. A pesar del esfuerzo realizado por el Gobierno para mejorar la calidad de la administración, este reto es quizás el más difícil de solventar, pues requiere profundos cambios en la cultura y en el menester de la administración.
Otros desafíos se centran en temas puntuales, aunque de gran importancia. Por ejemplo, el mercado de la energía renovable continúa atrayendo mucho interés de inversionistas extranjeros, pero las reglas en el mercado continúan siendo complejas y aplicadas con cierta discrecionalidad. Por igual, queda pendiente una reforma consensuada y balanceada de la normativa vigente en el mercado de valores, con la finalidad de impulsar su crecimiento.
Por otra parte, la insistencia de algunos municipios de cobrar arbitrios que ya han sido declarados inconstitucionales (como el de la publicidad rodante) sigue siendo un elemento de preocupación. Finalmente, la aprobación de un Código Penal que sancione los crímenes económicos también es una prioridad.
¡Esperemos que este 2017 sea de prosperidad y un año en el que enfrentemos los desafíos que nuestro país tiene por delante!
