Eva es una mujer con discapacidad auditiva, quien no encuentra dificultades en su casa, sin embargo, nunca ha podido insertarse al mercado laboral dominicano, debido a las barreras de accesibilidad, a las brechas de formación y experiencia, así como a los desafíos del cumplimiento legal.
Ella forma parte de las 478,300 personas con discapacidad en República Dominicana, equivalente a un 4.9% de la población total, acorde con los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Pese a que la Ley 5-13 sobre Discapacidad en República Dominicana establece la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad, las cuotas de su inserción en la formalidad no se cumplen en su totalidad, las cuales deben ser de un 5% en la nómina en el sector público y de un 2% en el sector privado.
Normativa
Al respecto, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, declara a elDinero que, el cumplimiento de esas cuotas no está fiscalizado de manera plena, a pesar de que la ley es robusta. De hecho, es competencia del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) crear mecanismos de verificación del cumplimiento de la cuota y de las condiciones de accesibilidad en las empresas privadas.
De acuerdo con el funcionario, la fiscalización se ve obstaculizada por el artículo 721 del Código de Trabajo, ya que no recoge sanciones a la omisión o exclusión del 2% de personas con discapacidad en las plantillas del personal fijo de las unidades productivas.
Olivares asegura que, aunque los artículos 140 y 141 de la Ley 5-13 recogen sanciones de 5 a 20 salarios mínimos a las empresas o funcionarios que no cumplan con las cuotas (2% y 5%), estas multas deben ser producto de una violación penal o laboral y retenidas o levantadas por los inspectores de Trabajo, sin embargo, al no estar consagradas en el Código de Trabajo, queda la incertidumbre de su aplicabilidad.
“El régimen de consecuencias debe ser ampliado y mejorado para que no haya lugar a dudas al momento de aplicar una sanción contra aquellos infractores que omitan la inclusión laboral de personas con discapacidad”, considera Olivares.
El abogado laboral Juan Rosario argumenta que, aunque la referida ley interactúa con el Código de Trabajo dominicano, existen “vacíos y desafíos”. Uno de ellos es la falta de reglamentación específica para el sector privado y la interpretación de la cuota, las cuales, a su juicio, dificultan la implementación efectiva, a pesar de los beneficios para empleadores y trabajadores. Rosario, en cambio, puntualiza que el incumplimiento de las cuotas de empleo para personas con discapacidad no se debe solo a la falta de supervisión, sino a factores económicos estructurales.
Acorde con el abogado, el Reglamento 363-16, que operativiza la Ley 5-13, representa un gran avance al establecer bases sólidas para la accesibilidad urbana, arquitectónica, transporte, así como para la inclusión. Sin embargo, resalta la necesidad de normativas más específicas, como la Norma Nacional de Accesibilidad Universal, la cual consistiría en detallar requisitos técnicos para el sector público y privado, incluyendo industrias específicas.
El titular del Ministerio de Trabajo resalta la necesidad de crear y poner en funcionamiento la Unidad de Orientación Laboral y Colocación para fomentar la integración laboral, coordinar la colocación de personas con discapacidad, así como supervisar el cumplimiento de las cuotas establecidas. Él favorece la creación de un registro y seguimiento de personas con discapacidad en condiciones de ser insertadas en el mercado laboral.
Informa, además, que la institución rectora del trabajo en el país, a través del Viceministerio de Sectores Vulnerables y Trabajo Infantil, dirige varios programas y desarrolla proyectos “permanentes” de sensibilización en las empresas del sector privado, así como entre grupos vulnerables para reducir a su “mínima expresión” la discriminación en todas sus manifestaciones (raza, etnia, color, posición social, condición de VIH).
El encargado del Departamento de Políticas Públicas del Conadis, Ramón Muñoz, expone que el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035, que encabeza la institución, no solo viene a dar respuesta al reto de las cuotas, sino que busca lograr los cambios paradigmáticos en la sociedad dominicana en materia de accesibilidad y que la población con discapacidad tenga más oportunidades de inclusión.
Asimismo, propone un cumplimiento escalonado del 5% en el sector público para asegurar que no sea solo una contratación numérica, sino funcional. El funcionario adelanta que esa institución ha establecido una ruta crítica junto al MAP. A través del Sistema Nacional de Monitoreo (Sismap), se ha incorporado un subindicador exclusivo de inclusión y accesibilidad para 2025 en el sector público.
Agrega que la iniciativa de 10 años se compone de seis ejes fundamentales para poder garantizar derechos (salud, empleo, educación, protección social) y asegurar la implementación de mejoras sustanciales en todos los aspectos de accesibilidad, tanto en infraestructura física como del entorno.
Muñoz explica que el Conadis implementará un calendario de cumplimiento escalonado para la cuota laboral en el sector público. La ruta inicia en 2026 con un 1%, incrementando a un 2% en 2027 y un 3% en 2028, hasta alcanzar el 5% legal en 2030. El funcionario aclara que el primer año será clave para definir el régimen de sanciones y establecer los mecanismos oficiales de levantamiento de información.
También, uno de los ejes del plan es la armonización legal. Al respecto, puntualiza que la discapacidad debe ser un eje transversal en toda la legislación dominicana: “No solo la Ley 5-13 debe hablar de inclusión; marcos como el Código Civil y el Penal deben integrar estas disposiciones para garantizar derechos efectivos”, enfatiza el experto.
Inserción y accesibilidad
Para Rosario Nicasio, quien es fundadora de la Fundación Loata, una asociación sin fines de lucro que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad, el país ha avanzado en el establecimiento de marcos legales y políticas orientadas a la inclusión laboral, no obstante, persisten “importantes vacíos” y fallas de mercado que limitan el acceso equitativo al empleo, especialmente para poblaciones vulnerables.
Datos de Loata, proporcionados a este medio, establecen que 8 de cada 10 personas con discapacidad mayores de 18 años están fuera del mercado laboral formal en República Dominicana, mientras que aproximadamente el 66% de la población con discapacidad no está ocupada en una actividad económica.
De hecho, el Ministerio de Trabajo, a través del Sistema de Registros Laborales (Sirla), registró 8,084 personas con discapacidad en el mercado laboral dominicano durante el período enero-julio de 2025. La institución rectora del trabajo detalla que estos registros pertenecen a los reportes de las empresas formalizadas del sector privado no sectorizado, registradas en el sistema, por lo que no contemplan la población nacional total.
“Los programas de empleo están poco adaptados a las realidades rurales y hay poca presencia de servicios de formación y orientación laboral fuera de ciudades principales”, explica al tiempo de afirmar que esos desafíos reducen la productividad nacional, profundizan desigualdades y limitan el potencial de crecimiento económico inclusivo.
De su lado, la titular de la Fundación Gissell Eusebio, Gisela Eusebio, advierte que las barreras de inteligencia artificial implican falta de conocimientos técnicos, dificultad para usar herramientas digitales, barreras de idiomas y de acceso a la información, diferencias educativas, culturales y cognitivas, entre otras.
Eusebio aboga por la creación de marcos legales que faciliten recursos tecnológicos sin costo a la población con discapacidad. Para Eusebio, el cierre de la brecha digital debe ir de la mano con una infraestructura escolar que elimine cualquier barrera física o comunicacional.
Capacitación
A pesar de los desafíos, Eva y su esposo José, quien también tiene discapacidad auditiva, han encontrado un espacio seguro que ofrece capacitación gratuita en distintos oficios. Se trata de la Escuela Taller Santo Domingo, perteneciente al Ministerio de Trabajo, la cual impulsa el talento para que pueda participar del mercado laboral dominicano.
La oferta formativa de esa entidad incluye albañilería, artesanía, herrería, electricidad, dibujo, ebanistería, así como plomería durante seis meses. Según su director, Samir Santos, el ministerio ha contratado una consultoría para evaluar la pertinencia de la oferta formativa. Esto busca comprobar la necesidad de transformar el currículum educativo, o si por el contrario, se sigue capacitando en las áreas mencionadas.
De acuerdo con el Portal Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana, 645 personas finalizaron sus capacitaciones en la Escuela Taller en el período 2020-2024. De ese total, 195 tenían alguna discapacidad, equivalente a un 30.23%.
Santos asegura a elDinero que la Escuela Taller se enfoca en que aproximadamente el 20% de sus estudiantes tenga algún tipo de discapacidad. De hecho, los tipos de discapacidad de jóvenes y adultos que participan de los programas son visual, auditiva, físico motora, así como neurodiversidad.
“Este semestre (julio-diciembre) supera el 30%, porque tenemos 103 estudiantes y 35 tienen algún tipo de discapacidad”, sostiene Santos. Asimismo, señala que aproximadamente un 5% de los estudiantes con discapacidad se logra insertar en empresas formales, sin embargo, la mayoría se dedica a sus emprendimientos con el apoyo de sus familiares.
Pese a que el país cuenta con una normativa, él destaca la necesidad de hacer ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan insertarse en el mercado laboral. “Esos ajustes razonables no son costosos, todo lo contrario. Además de que pueden ser descontados de los impuestos, permite tener una mano de obra más enfocada, porque las personas con discapacidad se concentran en el trabajo que están haciendo”, manifiesta.
Formación
Mauricio estudió Historia en la universidad, sin embargo, perdió el 100% de su visión debido a un tumor, lo que le planteó retos importantes para adaptarse a su nueva realidad. Él cuenta que tardó ocho años para conseguir trabajo, debido a que no había puestos ajustados a su discapacidad.
Él se ha formado en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en diversos cursos. De hecho, estas capacitaciones le han servido para desenvolverse con excelencia en su trabajo formal como recepcionista y como masajista en un centro.
El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, indica que la entidad que preside cuenta con la Política de Inclusión y Accesibilidad, la cual busca garantizar la calidad y el acceso a la formación técnico profesional de todas las personas, bajo la premisa de la equidad y la no discriminación.
“El currículo técnico profesional es inherentemente adaptable, siempre que su desarrollo incorpore recursos y estrategias que garanticen la participación efectiva y el logro de los aprendizajes para todas las personas”, detalla.
Datos de esa entidad establecen que se han impartido 313 acciones formativas a 6,521 personas con 24,027 horas ejecutadas entre 2020 y septiembre de 2025, destacando las áreas metropolitana y Cibao norte con mayor participación. Del total de participantes, 2,532 tienen discapacidad visual, 1,437 tienen discapacidad motriz, 625 tienen discapacidad auditiva y 1,927 no especificada.
De su lado, Olivares considera que la eficacia de los programas de formación debe medirse por la tasa de inserción laboral formal efectiva; una métrica, que a su juicio, debe ser implementada, mejorada y publicada anualmente. Él menciona que es competencia del Infotep establecer planes y programas permanentes para la formación de personas con discapacidad en coordinación con instituciones de rehabilitación.
Para el ministro de Trabajo, es imperativo que el Infotep diversifique sus programas de capacitación, ya que la Ley 5-13 busca la inclusión plena en el mercado laboral formal competitivo.
Sectores
La necesidad de impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad va más allá de un acto de solidaridad o de cumplimiento legal, se trata de una decisión que fortalece los diversos sectores productivos de República Dominicana.
De hecho, el sector turístico ha incursionado en programas de inserción al mercado de trabajo dominicano. Para la vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor, se trata de una visión estratégica que no solo aporta valor a la persona, sino a la empresa y al destino.
“Abordamos la inclusión laboral desde el componente humano, la gestión del talento y la productividad”, comenta al tiempo de añadir que “cuando se integra como eje del negocio, impacta directamente en la calidad del servicio, la diversidad y estabilidad de la fuerza laboral, y en la reputación de un destino cada vez más consciente y exigente”.
Lendor afirma que la inclusión laboral de las personas con discapacidad se erige como un imperativo de competitividad en el sector turístico, debido a que este compite globalmente bajo estándares crecientes de calidad, sostenibilidad y gobernanza.
Además del turismo, los programas de inclusión son perfectamente replicables en sectores como servicios, logística, financiero, seguros y atención al cliente.
De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, destaca que la inclusión de personas con discapacidad en el entorno productivo dominicano ha avanzado, especialmente en aquellas áreas donde los procesos están más definidos, controlados y estandarizados.
“La experiencia sectorial y las buenas prácticas observadas sugieren que funciones como control de calidad, empaque, etiquetado, inspección visual, ensamblaje ligero y tareas administrativas ofrecen entornos más seguros y manejables para la integración de personas con discapacidad, al permitir mayor control del riesgo y del flujo operativo”, declara a este medio.
Según él, este patrón se observa con mayor frecuencia en industrias que operan bajo normas internacionales de calidad y seguridad, como manufactura ligera, alimentos y bebidas, donde existen protocolos claros, auditorías frecuentes y programas de formación continua.
En cambio, la presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, precisa que la inclusión laboral de personas con discapacidad sigue siendo limitada en la formalidad.
Agrega, además, que los programas de acompañamiento desarrollados en el sector público son determinantes para que las empresas puedan identificar las necesidades y crear condiciones para el acceso de las personas con discapacidad.
Sobre el cumplimiento de la cuota del 2% de personas con discapacidad en el sector privado, la presidente de la Copardom enfatiza que alcanzar este objetivo no depende solo de las empresas, sino de las instituciones encargadas de implementar la normativa vigente.
Acciones
El ministro de Trabajo subraya que la iniciativa más significativa y disruptiva para la empleabilidad de las personas con discapacidad es la implementación del Sistema Flexible de Empleo “RD Trabaja”, la cual se enmarca en la política central “Empleo decente, formal y suficiente” y en Plan Estratégico Institucional 2025-2028.
“RD Trabaja” es un sistema integral de políticas activas de empleo, que busca mejorar la inserción laboral y fortalecer las habilidades para la empleabilidad. El proyecto financiará acciones específicas para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en las oportunidades ofrecidas por el sistema, pero, además, se financiará la formación en habilidades blandas, habilidades verdes y habilidades técnicas, con una oferta formativa que incluirá pasantías y entrenamientos.
Muñoz, del Conadis, refiere que esa institución tiene el Sistema Nacional de Accesibilidad, una herramienta gratuita para instituciones públicas y privadas, la cual busca identificar el grado de accesibilidad de sus infraestructuras físicas.
Lendor, de Asonahores, afirma que los beneficios de la inclusión laboral son claros: el fortalecimiento de las empresas, mejora del clima laboral, diferenciación en la calidad del servicio y consolidación de la reputación corporativa. En un contexto global, según la ejecutiva, esto impacta directamente en el posicionamiento de las empresas que lo integran.
Mientras el país avanza en normativas, programas y formación técnica, historias como la de Eva, José y Mauricio recuerdan que la inclusión laboral no se resuelve solo con leyes, sino con voluntad institucional, ajustes razonables y un cambio cultural sostenido.
La deuda no es individual, es estructural, y su pago impacta directamente en la productividad, la equidad y el desarrollo de República Dominicana. En el sector privado, hay quienes expresan que, independientemente de que la persona tenga una discapacidad, es preciso que cuente con las capacidades necesarias para ejercer el puesto que ha de ocupar.
