La información estadística no es un simple conjunto de números inertes; es, en esencia, una herramienta de poder. Para un Estado, los datos representan la brújula que guía el diseño de políticas públicas; para los ciudadanos y los sectores productivos, son el insumo vital del camino a la toma de decisiones estratégicas.
Sin embargo, para que esta utilidad sea real, la base fundamental debe ser la transparencia absoluta. Sin claridad en el origen, la metodología y el alcance de las cifras, cualquier análisis corre el riesgo de naufragar en la especulación. La verdad del dato no se sustenta en la persona que lo emite, sino en el protocolo y rigurosidad.
Recientemente, este medio, publicó un reporte que pone en perspectiva el flujo de visitantes de cruceros y cuántos de ellos realizan procesos migratorios. Lo que en principio parece un dato técnico, destapó una realidad preocupante: la existencia de una “estela de indefinición” en la forma en que las instituciones del Estado presentan sus logros de gestión. El aprendizaje es para todos.
La confusión generada, sobre si los datos de migración equivalen realmente a quienes bajan del barco, no es un error de interpretación de la prensa, sino el síntoma de una carencia de protocolos claros en la comunicación estadística oficial. Un medio especializado, regido por la ética y el rigor técnico, parte de una premisa de buena fe: confiar en las estadísticas que emanan de las entidades estatales. Es una obligación institucional que la fuente oficial sea la más confiable.
No obstante, cuando los datos se presentan de forma ambigua, se erosiona la credibilidad institucional y se dificulta la labor de fiscalización y análisis que la sociedad demanda. Las estadísticas oficiales no deben usarse como herramientas de propaganda para inflar éxitos, sino como espejos fieles de la realidad operativa del país.
En el caso específico del turismo de cruceros, la distinción entre un pasajero en tránsito y uno que efectivamente impacta la economía local mediante el desembarco es crucial. Mezclar estos conceptos sin una metodología pública y auditable genera una distorsión que afecta las proyecciones de inversión y la planificación de servicios.
El análisis económico no puede permitirse el lujo de trabajar sobre supuestos; requiere certezas que solo el Estado, como administrador de la frontera y el puerto, puede proveer. Nadie más. Las navieras, por ejemplo, no son entes estatales.
La transparencia no es solo publicar una tabla de Excel; es explicar qué significa cada celda. Es responsabilidad de las instituciones garantizar que el dato sea íntegro, oportuno y, sobre todo, desglosado. El país necesita un sistema estadístico donde la precisión sea la norma y no la excepción, evitando que la discrecionalidad política nuble la objetividad técnica.
Para evitar que el debate público siga cayendo en la infructuosa tarea de comparar peras con manzanas, lo ideal es que haya una transparencia radical en las estadísticas publicadas. Esto incluye el desglose detallado de los protocolos de captura de datos y los criterios de clasificación. Solo así se evitarán confusiones y se permitirá que tanto los medios como los analistas realicen su labor sobre una base de verdad que fortalezca, y no debilite, el desarrollo nacional.
