[dropcap]E[/dropcap]l sector empresarial en pleno ha expresado su apoyo a la Procuraduría General de la República para que actúe con firmeza en el caso Odebrecht. En mis años de ejercicio periodístico no había sido testigo de un movimiento tan fuerte a favor de la transparencia, el fin de la impunidad y el castigo a los corruptos.
Hay corruptos y corruptores en ambas esquinas. Ahora bien, el hecho es que ahora hay toda una disposición generalizada de la sociedad, incluyendo sectores que jamás pensábamos que se meterían en estos temas, que indican claramente que la ciudadanía dominicana está harta del sistema de cosas que ha imperado en los últimos 20 años.
Con el caso Odebrecht se ha presentado una coyuntura especial: el escándalo es internacional y la presión mediática ha estado por encima hasta de aquellos altoparlantes, muchos pagados por quienes fueron beneficiados de los sobornos, que buscan minimizar lo que está sucediendo, queriéndolo ubicar dentro de un guion elaborado para entretener a la opinión pública.
El apoyo que ha ofrecido el sector privado a través del Conep, o sea, medio centenar de organizaciones empresariales, es un indicativo de que la sociedad está ávida de justicia, de que funcione el régimen de consecuencia y que prime la transparencia. Para nadie es un secreto que la corrupción también es un elemento de costo, de muy alto costo, que afecta la competitividad de las empresas.
La extorsión, como una práctica cotidiana para agilizar procesos aduanales, es tan sólo uno de los tantos obstáculos que deben encarar los empresarios en el día a día. Y ni hablar del transporte de carga, a pesar de la sentencia.
Los dominicanos estamos obligados a construir una sociedad donde prime el imperio de la ley. Todo el que tiene que explicar algo, sea o no responsable en el caso de Odebrecht, debe ser llevado a la justicia. Si como país damos el ejemplo ahora que la historia nos da esta oportunidad, es muy probable que corruptos en potencia lo piensen más de una vez antes de cometer el delito.
Los sobornos que pagó Odebrecht en el país, cuyo monto declarado por la empresa es de al menos US$92 millones, es como la gota que derramó el vaso. Para los empresarios, este caso podría ser considerado como uno de los mayores escándalos de corrupción de República Dominicana en los últimos años. Afirman que pone al descubierto una cultura de sobornos, así como la debilidad institucional en el país.
Y no hay duda, apoyando lo que sostienen las organizaciones empresariales, esta situación representa una oportunidad para que las autoridades competentes demuestren su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y el efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, haciendo que el mismo llegue hasta sus últimas consecuencias y que se convierta en un precedente aleccionador que ponga fin a este tipo de prácticas.
Es más, con sólo resolver el gravísimo problema de la corrupción se estarían solucionando definitivamente docenas de problemas que impiden el desarrollo equitativo en República Dominicano. ¡Entrémosle! Hagamos la prueba, demos el ejemplo ahora, y veremos que valdrá la pena sacar de cuajo la corrupción en el sentido amplio de la acepción.
