Las galletas han dado de qué hablar en las últimas semanas. Hay hasta galletazos de por medio, discursos bien estructurados, analistas probados en la configuración perfecta de narrativas que pudieran torcer cualquier verdad y hacerla creíble. Realmente, entre la harina y los subproductos envueltos, hay de todo. Si, también hay intereses económicos.
En una esquina del cuadrilátero están los supermercados, que importan cuantas marcas de galletas pudiéramos imaginarnos, y en otra aparece, bien posicionada, la industria nacional con su versión. Todos aseguran tener la razón.
La Comisión de Defensa Comercial (CDC) es la que tiene el rancho ardiendo. Debe decidir la pertinencia o no de la medida de salvaguardia solicitada por Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao, principales productores y suplidores del mercado local. ¿Qué solicitan? Una medida de salvaguardia a las galletas importadas, que llevaría el arancel del 20% actual al 87.1%, por un alegado “daño grave” a la industria.
Como es obvio, los supermercados no se quedaron tranquilos. Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo solicitaron la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguardia a las galletas, alegando fallas graves en el procedimiento y una situación de “indefensión” para el sector importador.
Según los importadores, es decir, los supermercados, aunque también las industrias importan galletas y, por supuesto, harina, desde el inicio de la investigación la CDC no ha entregado documentos esenciales del expediente, incluidos anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencias que sustentan el supuesto “daño grave” alegado por las empresas solicitantes. Aseguran que, pese a que la Ley 1-02 Sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardas obliga a proveer el expediente íntegro, esta información no ha sido puesta a disposición de las partes interesadas.
Ahora, es pertinente contar en detalles cómo comenzó todo este galletazo repartido por doquier, tomando en cuenta que todos los actores alegan tener la razón. ¿Dónde está la génesis de este enfrentamiento entre quienes producen, importan y comercializan galletas en República Dominicana?
En un lenguaje sencillo, hace un año y pico (seis meses) las empresas productoras de molinería, es decir, las que producen galletas y otros productos derivados de la harina, plantearon preocupaciones porque las importaciones del ramo, principalmente las procedentes de Turquía, se estaban vendiendo en el mercado local sin etiquetado en español, sin registro sanitario y especificar los componentes de enriquecimiento que manda la legislación. Esto fue, a grandes rasgos, la primera señal de que algo andaba mal.
En ese momento, al ver que obviamente sucedía algo fuera de lo normal, la industria local coordinó una serie de investigaciones con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), del Ministerio de Salud Pública, para poner en evidencia las pruebas de todo. Efectivamente, las autoridades hicieron una evaluación interna y comprobaron que algunos habían solicitado sus registros sanitarios, mientras que otros estaban en el mercado sin siquiera haberlo solicitado.
De hecho, la información disponible establece que lograron identificar poco más de 50 marcas de galletas importadas, incluyendo pastas variadas, que se estaban comercializando localmente sin etiquetado en español y sin registro sanitario. En algunos casos ni siquiera hacía mención del fabricante, lo que constituye una falta grave y que, ciertamente, demostraba fallas en los procesos de fiscalización del Estado.
La verdad hay que decirla: no sólo sucede con las galletas y productos similares, también sucede con otras ofertas en el mercado que aparecen en las góndolas de reconocidas cadenas de supermercados sin el debido etiquetado en español, lo mismo que la ausencia de registro sanitario. Uno de los ejemplos, entre miles, se dio con los famosos turrones. Fueron vendidos en diciembre y sólo decían “producto de España”, pero sin decir el fabricante. Lo mismo sucedió con otros.
Por el lado de la Dirección General de Aduanas (DGA), además de estos temas, también se evidenció otra sospecha: muchos productos comercializados en el mercado local eran traídos desde Haití, obviamente fabricados en otros países. Informes de la industria local establecen que presentaron estas pruebas a las autoridades correspondientes.
En este punto, pidieron que se investigaran las importaciones en tránsito hacia Haití, pues al llegar a centros logísticos o almacenes fiscales y no declararse más que con el manifiesto de carga, aparentemente, se quedan en República Dominicana, aprovechando que los camiones salen por tierra con destino al vecino país.
Lo grave del caso, por lo que se sabe hasta el momento, es que esta anormalidad no sólo está sucediendo con las galletas, sino que hay otros productos que, sin explicación aparente, no llegan a Haití, sino que se quedan en el mercado local. El tema podría ser más grave porque la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no tiene potestad para ingresar a los almacenes fiscales.
Pasó el tiempo y la industria local pidió más fiscalizaciones de estos productos, es decir, los que pasan por los centros logísticos, pero no pasaba nada que satisficiera las expectativas. ¿Qué sucedió ante la inacción de las autoridades pertinentes? Uno de los accionistas de una de las industrias supuestamente afectadas puso el tema en conocimiento de la opinión pública. ¡Cáspita! El director de Aduanas hizo algo al respecto. Ordenó que todos los productos de molinería de trigo necesitaban una autorización de Digemaps antes de ser importados. La medida duró alrededor de tres meses siendo efectiva, pero dejó de aplicarse por razones que aún se desconocen.
En la actualidad
Lo que se sabe hasta ahora es que el nuevo director de Aduanas, Nelson Arroyo, reactivará la medida, lo que prueba que sin voluntad institucional resulta cuesta arriba hacer cumplir las leyes, en este caso en un tema que pondría en riesgo la salud de los consumidores y, por qué no decirlo, la competitividad de la industria de llegarse a probar las irregularidades.
Ahora bien, independientemente de lo anterior también aparece en el escenario supuestas subvaluaciones. La industria local entendía, y así lo plantearon a las autoridades, que las importaciones estaban llegando por debajo del precio real. Lo difícil, por supuesto, era demostrarlo, pues las aduanas, luego de la firma de los acuerdos comerciales y con la Organización Mundial de Comercio (OMC), deben aceptar las facturas presentadas como válidas. Para cambiar ese valor, en todo caso, hay que fiscalizar a las empresas fabricantes.
Ante este escenario, de por sí complejo, es que los industriales nacionales le piden al economista Roberto Despradel un análisis de las importaciones para evaluar la posibilidad de una medida de defensa comercial contra lo que consideran prácticas desleales de comercio. Se evaluaron para pastas y galletas. La harina, según la información disponible, tiene problemas, pero no tantos como las galletas y las pastas.
Comienzan el proceso con la convicción de que el dumping (competencia desleal) es muy difícil de demostrar, pues lo primero que debe lograrse es entrar a las fábricas y eso retrasaría cualquier decisión mientras el mercado es inundado de los productos bajo cuestionamientos. Lo que se evaluó, entonces, fue someter una medida de salvaguarda, bajo la cual se debe demostrar que ha habido importaciones súbitas en un período de tres años, las cuales hayan causado un daño.
Lo que se ha sabido es que en el caso de las importaciones de pastas no se pudo demostrar, pues las importaciones súbitas no cumplían los tres años. Sin embargo, respecto a las galletas, sí. El daño, según lo que sostienen las empresas, estaba demostrado en sus indicadores financieros. Un detalle a tener en cuenta es que una medida de salvaguarda no discrimina, por lo que debe afectar a todos los países, ya que es para proteger la rama por un tiempo determinado. No es una medida permanente, sino que el objetivo es darle un respiro al sector para que pueda recuperarse.
Cuidando lo que pudiera suceder, principalmente con una reacción de Estados Unidos, en un escenario en que el presidente Donald Trump está muy sensible con los aranceles, encontraron precedentes en algunos países de medidas de salvaguarda dirigidas a países no resguardados por tratados de libre comercio. Sólo hay cuatro casos similares en el mundo. La única condición que puso la OMC es que se hicieron dos análisis: uno del impacto que estaría teniendo esa práctica en los países con tratado de libre comercio y otro que no estén bajo acuerdos.
Como República Dominicana ha convivido sin daños durante muchos años con los países bajo acuerdos comerciales, como sí pasó con los casos de Turquía e India, de aproximadamente un 500% de aumento de las importaciones en tres años, se decidió someter el caso porque había elementos suficientes. La CDC acoge la solicitud porque le ve méritos para iniciar la investigación sobre los daños causados a la industria nacional de parte de las importaciones de galletas.
En este proceso intervinieron diversos actores, entre ellos países que no se sabía que eran los que producían galletas de marcas de Estados Unidos, como son Perú y México. Sin embargo, el problema no es desde esos mercados, sino que el tema preocupante es por las importaciones súbitas desde India y Turquía. La industria local afirma que, en este momento, enfrentan importaciones cuyo valor declarado equivale a un tercio del costo de la producción local, lo que les resulta contraproducente para la realidad del mercado. Esta supuesta subvaluación, para la industria nacional, es el gran problema que buscan enfrentar.
En todo caso, por lo que se sabe de la posición de la industria local, tratar de denostar una medida que es legítima, legal y que busca proteger la industria nacional, tratando el tema como “un galletazo”, carece de seriedad. De hecho, mercados no tan significativos, como el de República Dominicana, son inundados porque ya estos productos no pueden entrar en otros donde sí tienen medidas de salvaguarda.
De lo que se trata, alegan las voces que defienden a los industriales locales, es de proteger un sector que genera empleos y dinamiza la cadena productiva.
Según sus alegatos, además de la estabilidad macroeconómica y un entorno que genera confianza para el capital, uno de los mayores activos que tiene República Dominicana es la diversificación de su economía.
El proceder institucional en este proceso
El manejo de la Comisión de Defensa Comercial (CDC), por lo que se sabe, se ha manejado de manera adecuada y de acuerdo con lo que manda el proceso. La ventilación del tema en los medios, al parecer, se dio luego de que no se agilizaran algunos temas relacionados.
La industria nacional defiende que ha sometido un recurso legítimo en virtud de una ley y de unos procesos establecidos en reglamentos basados en acuerdos y tratados internacionales de la Organización Mundial de Comercio (OMC), específicamente en lo relacionado con el de salvaguarda.
En todo esto, según fuentes de la industria, se han manejado cifras de ventas de la industria que incluyen a todos los segmentos, cuando en este caso sólo debería ser sobre galletas. A su entender, se desvirtúa la información en busca de resultados específicos.
Bajo escrutinio están las marcas blancas que comercializan las grandes cadenas de supermercados, ya que la industria local alega que está en capacidad de suplirlas porque sus instalaciones están preparadas. Reclaman que algunas no tienen registro sanitario ni industrial y aun así se comercializan de forma regular sin que las autoridades intervengan.
Se espera que la medida provisional se tome en abril y habría que esperar hasta agosto para la decisión definitiva. La industria local clama por que no se utilice la amenaza, extorsión o el chantaje en este tema tan serio y técnico.
Llama la atención sobre la cantidad de importaciones en tránsito que llegan supuestamente con destino a Haití, las cuales se quedan en territorio dominicano.
