Desde hace años, las motocicletas se han consolidado entre los principales medios de transporte en República Dominicana. De acuerdo con el Boletín del Parque Vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a diciembre de 2025 había registradas 3,846,694 motocicletas, equivalentes al 57.9% del total de 6,640,871 vehículos con registro en esa institución.
Al relacionar estas cifras con la población adulta, datos de la Junta Central Electoral (JCE) indican que en el padrón utilizado para las elecciones presidenciales y congresuales de 2024 había inscritas 7,281,763 personas (local), excluyendo a los dominicanos residentes en el exterior. Esto representa aproximadamente una motocicleta por cada dos personas adultas residentes en el país.
Ante este escenario surge una pregunta clave: ¿por qué hay tantas motocicletas en el país? La alta presencia de este medio de transporte está vinculada a factores económicos y estructurales. Este tipo de transporte representa una opción más accesible frente a otros medios de transporte, tanto por su bajo costo de adquisición como por su menor consumo de combustible. A esto se suma la facilidad de financiamiento informal y su uso como herramienta de trabajo en actividades como el “motoconcho” y los servicios de entrega.
Según un informe de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto), en los hogares de menores ingresos este vehículo representa una parte importante del gasto en transporte, al ser una opción accesible y esencial para la movilidad.
Asimismo, el 60% de los motoconchistas son jefes de hogar. Además, el sector desempeña un papel importante al financiar a más de 125,000 personas cada año para la adquisición de una motocicleta.
Accidentes
Esta realidad revela una paradoja: mientras las motocicletas se consolidan como una solución de movilidad y sustento económico, también se posicionan como uno de los principales factores de riesgo en las vías, en un contexto marcado por el bajo cumplimiento de las normas de tránsito.
De acuerdo con cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), aproximadamente 2,018 personas murieron en accidentes de tránsito en 2025, tanto en motocicletas como en automóviles. En tanto, entre enero y abril de 2026 se han registrado 678 fallecimientos, reflejando la persistencia del problema.
Por otro lado, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre 2020 y 2024 el país registró un promedio anual de 1,728 siniestros viales con fallecidos en el lugar del hecho. Solo en 2024, el 70.48% de las muertes por accidentes de tránsito correspondió a motociclistas, muy por encima de otros medios de transporte.
En cuanto a la distribución geográfica, las provincias con mayor incidencia de muertes por siniestros viales han sido de forma recurrente el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, La Vega, Santiago y Puerto Plata.
Ante la gravedad de la seguridad vial, las muertes y lesiones por incidentes en las vías generan un efecto significativo tanto en las familias de las víctimas como en el Estado y la sociedad en general.
Aproximadamente dos tercios de las víctimas corresponden a usuarios de motocicletas, en su mayoría hombres jóvenes entre 15 y 29 años, lo que evidencia la alta incidencia de este grupo. Estas fatalidades no solo representan un alto costo humano, sino también económico, estimado en alrededor del 2.2% del producto interno bruto (PIB).
Estos costos incluyen gastos directos como indemnizaciones, atención médica y reparación de daños; pérdidas económicas por la interrupción de ingresos de las personas afectadas; compensaciones por muertes o discapacidades; y consecuencias sociales y emocionales difíciles de cuantificar, que profundizan las condiciones de vulnerabilidad en los hogares.
Educación vial
A propósito de la alta incidencia de accidentes de tránsito, instituciones como el Intrant y la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial) han desarrollado iniciativas de educación vial como respuesta a esta problemática. A través de estos programas, más de 150,000 ciudadanos fueron capacitados en seguridad vial entre 2024 y 2025, incluyendo conductores, motociclistas y estudiantes.
Estas acciones buscan mejorar el conocimiento de las normas de tránsito y promover una cultura de respeto en las vías, en un contexto donde los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte en el país.
No obstante, la magnitud del problema evidencia que la educación vial aún no logra un impacto suficiente en el comportamiento de los usuarios de las vías. Aunque se han implementado programas formativos obligatorios para la obtención de licencias de conducir.
