En República Dominicana la discusión fiscal suele moverse entre dos extremos, quienes rechazan cualquier aumento de carga tributaria, y los que entienden que el Estado necesita mayores ingresos para atender sus compromisos sociales, de infraestructura y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el nuevo paquete fiscal anunciado por el Gobierno requiere una lectura más equilibrada. No estamos frente a una reforma fiscal integral, sino ante un conjunto de medidas puntuales que combinan alivios, ajustes recaudatorios, formalización y controles tributarios eficientes.
Desde el punto de vista financiero, el primer elemento relevante es su magnitud, la recaudación deseable se ubica entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones. Si se toma como referencia un déficit fiscal estimado superior a RD$280,000 millones para 2026, el paquete cubriría apenas una fracción (entre un 14% y un 18%) dependiendo del cierre fiscal. Esto no le resta importancia, pero sí permite dimensionarlo correctamente: es una medida de contención fiscal, no una solución estructural al problema de las finanzas.
En términos prácticos, estos recursos podrían ayudar a reducir presiones de caja, moderar parcialmente la necesidad de endeudamiento y enviar una señal de responsabilidad fiscal. Sin embargo, la sostenibilidad de las finanzas públicas seguirá dependiendo de factores más profundos como el crecimiento económico, el control del gasto, la calidad de la inversión pública, la eficiencia institucional y una revisión más amplia del sistema tributario.
Uno de los aspectos más interesantes del paquete es su diseño político y económico, en el cual, el Gobierno evita tocar de manera frontal el ITBIS, que probablemente es el impuesto con mayor capacidad recaudatoria, pero también el de mayor sensibilidad social. En cambio, concentra buena parte del esfuerzo en grandes empresas, transferencias electrónicas, pasajes aéreos, juegos de azar, sectores de difícil fiscalización y espacios de informalidad, y al mismo tiempo, introduce atenuantes que benefician a las micro y pequeñas empresas, asalariados, adquirientes de viviendas, familias que realizan transmisiones patrimoniales y nuevos negocios.
La lógica es clara: recaudar más sin afectar de forma generalizada el consumo básico. En ese sentido, el paquete intenta balancear capacidad contributiva, eficiencia recaudatoria y alivio económico.
El impacto en las finanzas públicas puede dividirse en tres componentes. El primero es la recaudación directa, proveniente de medidas como el aumento temporal del ISR a grandes empresas, el incremento del impuesto a las transferencias electrónicas, el aumento en los pasajes aéreos, la mayor tributación a juegos de azar y nuevos selectivos como el aplicado a cigarrillos electrónicos. Estas medidas tienen bases relativamente identificables y, por tanto, una capacidad de recaudación más previsible.
El segundo componente es la recaudación por formalización y control. Aquí entran la percepción de ITBIS en Aduanas para contribuyentes informales, la trazabilidad fiscal en combustibles y mayores retenciones a contribuyentes de difícil fiscalización. Este bloque puede ser importante, pero su éxito dependerá de la capacidad operativa de la administración tributaria. No basta con crear la norma; hay que ejecutarla bien, con tecnología, fiscalización inteligente y procesos simples.
El tercer componente es la eficiencia indirecta. La eliminación de impuestos de baja efectividad, la reducción de recargos, la formalización de acuerdos de pago y la amnistía tributaria pueden mejorar el cumplimiento voluntario, recuperar deudas y reducir fricciones entre contribuyentes y administración. Este efecto puede ser positivo si se traduce en mayor formalidad y no únicamente en una recaudación extraordinaria de corto plazo.
Ahora bien, el riesgo está en sobreestimar el rendimiento del paquete. Si la economía crece menos de lo previsto, si las utilidades empresariales se reducen o si parte de los nuevos costos se traslada a precios, la recaudación efectiva podría quedar por debajo de lo esperado. Por eso, más que evaluar el paquete únicamente por cuánto recaude en su primer año, debe analizarse por cuánto contribuya a mejorar la disciplina fiscal, la formalización y el cumplimiento tributario.
Para las empresas, el paquete envía señales mixtas. Las microempresas se benefician con la eliminación del anticipo, una medida positiva porque mejora el flujo de caja y reduce presión sobre negocios con baja capacidad financiera. Las pequeñas empresas también reciben alivio al pasar de pagos mensuales a tres pagos anuales, lo que permite una planificación más razonable. En el sector agropecuario, la eliminación del anticipo y del impuesto a los activos reconoce la naturaleza cíclica, riesgosa y muchas veces vulnerable de esta actividad.
En contraste, las grandes empresas asumirán una mayor carga con el aumento temporal del ISR hasta 30% para compañías con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Desde una perspectiva de equidad, la medida puede justificarse porque recae sobre contribuyentes de mayor capacidad económica. Pero desde una perspectiva de inversión, debe manejarse con cuidado. Si la temporalidad no queda claramente blindada, puede afectar expectativas, dividendos, reinversión de utilidades y decisiones de expansión.
En los hogares, el impacto tampoco será uniforme. Para los estratos de menores ingresos, el efecto directo parece limitado, principalmente porque no se plantea una ampliación generalizada del ITBIS. Además, la indexación del mínimo exento del ISR puede dejar fuera del pago a una parte importante de asalariados. Sin embargo, estos hogares podrían verse afectados indirectamente si algunos costos empresariales se trasladan a precios.
La clase media podría experimentar un efecto mixto. Por un lado, se beneficia de la indexación del ISR, mayores deducciones por gastos educativos, eliminación del impuesto a hipotecas y reducción de cargas en transmisiones patrimoniales, pero por otro lado, podría sentir el impacto del aumento en transferencias electrónicas, pasajes aéreos y posibles ajustes de precios en bienes y servicios.
En los estratos de mayores ingresos, el impacto es más directo. El nuevo tramo de ISR personal para salarios superiores a RD$400,000 mensuales, el aumento del ISR a grandes empresas y ciertos impuestos selectivos concentran parte del esfuerzo en contribuyentes de mayor capacidad. Esa progresividad puede ser positiva, siempre que venga acompañada de transparencia, eficiencia y buen uso de los recursos.
Entre los elementos positivos del paquete está la eliminación de impuestos que generaban fricción económica, como los aplicados a hipotecas, constitución de compañías y seguros de vida. También destaca el alivio a microempresas, pequeñas empresas y agropecuarios; la actualización de umbrales tributarios; la mejora de facilidades de pago; y el enfoque en combatir evasión e informalidad.
Aunque existen riesgos importantes, el primero, es que el paquete sea entendido como sustituto de una reforma estructural, y no lo es, puede ayudar a ganar tiempo, pero no corrige por sí solo las debilidades permanentes del sistema fiscal. El segundo riesgo es que medidas anunciadas como temporales terminen convirtiéndose en permanentes, lo cual afectaría la credibilidad fiscal. El tercero es que impuestos transaccionales, aunque formalmente recaigan sobre empresas, terminen trasladándose a consumidores. Y el cuarto es que las medidas de control aumenten la carga operativa de los contribuyentes formales sin lograr una reducción efectiva de la informalidad.
El Gobierno debería utilizar este paquete como un puente hacia una agenda fiscal más amplia, presentado una ruta de mediano plazo con metas claras de déficit, deuda, gasto de capital, subsidios y eficiencia del gasto. Sin una hoja de ruta, las medidas fiscales tienden a percibirse como aisladas y aumentan la incertidumbre.
También sería importante blindar la temporalidad de las medidas extraordinarias.
Si el aumento del ISR a grandes empresas será por tres años, debe establecerse con claridad su fecha de vencimiento y las condiciones bajo las cuales se desmontaría. La confianza empresarial depende tanto de la tasa como de la previsibilidad.
Otro punto esencial es acompañar la recaudación con una agenda visible de calidad del gasto. La ciudadanía y el sector privado aceptan mejor un esfuerzo fiscal cuando perciben reducción de duplicidades, priorización de inversión, mejor ejecución presupuestaria, compras públicas eficientes y control de subsidios. La discusión no debe limitarse a cuánto recauda el Estado, sino a qué resultados produce con cada peso adicional.
El nuevo paquete fiscal es una respuesta pragmática ante una presión fiscal que no puede ignorarse. Tiene medidas positivas: elimina impuestos distorsionantes, alivia a microempresas, actualiza umbrales, mejora facilidades de pago y busca que contribuyentes de mayor capacidad aporten más. Pero también tiene límites claros: no resuelve el déficit estructural, puede generar presiones de costos y dependerá en gran medida de su ejecución.
Finalmente, debe cuidarse que la formalización no se convierta en castigo, si se quiere incorporar más contribuyentes al sistema, las reglas deben ser simples, proporcionales y acompañadas de servicios, tecnología y facilidades reales de cumplimiento. El país necesita recaudar mejor, pero también gastar mejor. Necesita combatir la evasión, pero sin castigar la formalidad. Necesita apoyar a los sectores vulnerables, pero sin descuidar la inversión privada que genera empleo y crecimiento.
En tal sentido, el debate no debe reducirse a si el paquete es bueno o malo. La pregunta de fondo es si estas medidas serán el inicio de una “política fiscal” más ordenada, transparente y orientada a resultados, o será simplemente una solución temporal frente a un problema estructural que seguirá esperando una respuesta más profunda.
