Las remesas no son solo una estadística sobre las divisas que aporta como sector externo. Son un flujo privado que cumple funciones sociales clave, aunque no responda a un diseño explícito de política pública y del que la economía dominicana depende.
Según estadísticas del Banco Central, República Dominicana recibió US$11,800 millones en remesas en 2025. Esa cifra equivale a alrededor de 9% del producto interno bruto (PIB). Para 2026, se proyecta que superen los US$12,200 millones. Esta escala obliga a mirar el tema con más rigor, pues un flujo de esa magnitud sostiene consumo, aporta divisas, reduce presiones sociales y ayuda a financiar educación, salud, vivienda y pequeños negocios. También compensa, en muchos hogares, ingresos laborales insuficientes y brechas de protección social.
Pero esa misma relevancia plantea una pregunta de política pública. El país recibe un flujo estructural, masivo y recurrente, pero todavía lo procesa principalmente como ingreso familiar. Llega, circula, sostiene y estabiliza. Solo una parte limitada se convierte en ahorro formal, inversión productiva o patrimonio seguro.
El impuesto federal de 1% que aplica en Estados Unidos a ciertas remesas enviadas al exterior no debe sobredimensionarse. No grava todas las transferencias. Pero sirve como advertencia: cuando una economía depende de ingresos generados fuera de su territorio, decisiones tomadas fuera también pueden incidir en su estabilidad interna.
La respuesta no puede ser pedirle más a la diáspora ni pretender dirigir desde el Estado recursos que son privados. La agenda es otra: crear condiciones para que una parte de ese ahorro pueda convertirse, voluntariamente y con confianza, en inversión.
Ahí entran el mercado de valores y el sector inmobiliario. El primero puede canalizar ahorro externo hacia instrumentos formales, transparentes y supervisados. El segundo seguirá siendo una vía natural de construcción de patrimonio para muchos dominicanos en el exterior. Pero ambos requieren confianza.
No basta con ofrecer fondos, bonos, apartamentos o proyectos. Se necesita información clara, protección efectiva al inversionista, intermediarios regulados, educación financiera, debida diligencia y trazabilidad. En el sector inmobiliario, además, hacen falta mayores estándares de profesionalización, uso adecuado de fideicomisos y protección frente a proyectos incumplidos o poco transparentes.
Convertir remesas en capital no significa capturar recursos privados. Significa construir canales para que el vínculo económico de la diáspora pueda traducirse en vivienda formal, instrumentos de inversión, emprendimientos, infraestructura y desarrollo territorial.
Las remesas seguirán siendo esenciales. Pero una economía no se transforma solo porque recibe dinero. Se transforma cuando ese dinero encuentra instituciones capaces de convertir confianza en activos, productividad y capacidad nacional.
República Dominicana no tiene un problema de vínculo con su diáspora. Ese vínculo ya existe. Lo que falta es organizarlo mejor.
Recibir remesas alivia pero construir capital cambia la trayectoria.
