Los elevados precios de los “commodities” y un sólido desempeño operativo no siempre se traducirán en una mayor calidad crediticia de las petroleras nacionales de América Latina. La intervención del Gobierno en la fijación de los precios de los combustibles para proteger a los consumidores supone diversos grados de riesgo para estas compañías, con implicaciones directas sobre la visibilidad del flujo de efectivo, la liquidez y la política financiera.
Así lo revela “Moody Ratings” en un informe que establece que los controles de precios, los subsidios o los mecanismos de estabilización pueden respaldar objetivos sociales y macroeconómicos, pero que, con frecuencia, trasladan la volatilidad de los precios a los balances de las petroleras nacionales. Esto incrementa los requerimientos de capital circulante y debilita la previsibilidad y la puntualidad del apoyo gubernamental.
Asimismo, la firma considera que la interacción entre la política energética, la capacidad soberana y la fortaleza financiera corporativa seguirá siendo un factor central para la calidad crediticia de las petroleras nacionales de la región.
Para Moody´s Ratings, que analizó los casos de Petrobrás (Brasil), Ecopetrol (Colombia), YPF (Argentina), Enap (Chile), Pemex (México) y Petroperú (Perú), la interacción entre la política energética, la capacidad soberana y la fortaleza financiera corporativa seguirá siendo un factor central para la calidad crediticia de las petroleras nacionales de la región. Aquellas con balances más sólidos, fuentes de ingresos diversificadas y políticas internas claras de fijación de precios pueden absorber mejor los shocks relacionados con políticas.
Por el contrario, destaca, la liquidez débil, los retrasos en los pagos soberanos y una mayor interferencia política pueden exacerbar las vulnerabilidades de las petroleras nacionales incluso cuando los precios de los commodities son favorables.
En su análisis, indica que todas las petroleras analizadas comparten que presentan algún nivel de riesgo crediticio, mantienen exposición a las actividades de exploración y extracción “upstream” y de refinación y comercialización “downstream”, además de estar sujetas a la intervención de los gobiernos de sus respectivos países. No obstante, señala que lo que varía entre ellas es el grado de riesgo y de exposición en cada uno de estos indicadores, lo que influye en su desempeño financiero y operativo.
Beneficios
En ese contexto, el documento afirma que los precios más altos del petróleo benefician de forma inmediata el segmento de exploración y producción (E&P) de Petrobras, lo que le permitirá eventualmente trasladar ese beneficio a su segmento “downstream”. Sin embargo, las nuevas medidas del Gobierno de Brasil para combatir la inflación limitarán las ganancias de la petrolera brasileña derivadas del aumento de los precios del crudo y los combustibles. Aun así, plantea que la gestión de cartera y los sólidos márgenes de producción de petróleo compensan en gran medida ese riesgo.
Explica que el flujo de efectivo operativo de Petrobras se incrementa significativamente ante mayores precios del petróleo y los combustibles. Estima que un aumento de US$10 por barril en el Brent genera un alza de US$5,000 millones en su flujo operativo, mientras que incrementos equivalentes en los precios del diésel y la gasolina elevan el flujo en US$1,900 millones y US$1,000 millones, respectivamente.
Sin embargo, indica que el Gobierno de Brasil también busca reducir los efectos inflacionarios del aumento de los precios del petróleo mediante subsidios al diésel por BRL1.12 por litro (US$0.21) y a la gasolina por BRL0.44 por litro, además de la aplicación de un impuesto temporal del 12% a las exportaciones de crudo.
Ambas medidas limitarán los beneficios de Petrobras derivados del aumento de los precios del petróleo. La empresa deberá pagar el impuesto adicional sobre las exportaciones de crudo, mientras que el subsidio al diésel reducirá efectivamente el precio de paridad de importación a partir del cual Petrobras fija sus propios precios de los combustibles.
En lo que compete a la petrolera de Colombia, indica que la política de precios locales de los combustibles en ha cobrado mayor importancia para la calidad crediticia de Ecopetrol en un contexto de precios elevados del petróleo.
Moody Ratings explica que, dado que Colombia no ajusta completamente los precios locales de los combustibles de manera acorde con los referentes internacionales, el Gobierno compensa parte del aumento a través del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
La calificadora señala que este subsidio limita la capacidad de Ecopetrol para trasladar a los clientes los mayores costos del petróleo utilizado para producir combustibles, lo que reduce su generación de flujo de efectivo derivada del downstream.
No obstante, indica que el aumento de los precios del petróleo sigue suponiendo un beneficio neto para Ecopetrol. Asimismo, precisa que los altos precios del petróleo están ampliando la brecha entre la paridad internacional y los precios regulados de los combustibles en Colombia, lo que genera déficits mensuales en el FEPC de entre un billón de pesos colombianos y 1.8 billones (US$286 millones-US$514 millones).
Agrega que los déficits anuales superarán los diez billones de pesos colombianos si se retrasan los ajustes de los precios locales y que un precio promedio del Brent de US$93 por barril elevaría el déficit a hasta los 24 billones de pesos.
En esa misma línea, los altos precios del petróleo tienen implicaciones crediticias mixtas para YPF. Moody Ratings afirma que la política de precios de los combustibles en Argentina influye de manera significativa en la calidad crediticia de la compañía, ya que, incluso tras un reciente cambio nominal hacia ajustes basados en el mercado, los precios locales de los combustibles siguen sujetos a ajustes ad hoc cuando aumentan las tensiones macroeconómicas.
Añade que YPF sigue estando muy expuesta a la influencia de políticas debido al control estatal y a su papel estratégico en el suministro interno de combustibles.
Como muestra de ello, señala que, tras el aumento de aproximadamente el 25% en los precios de la gasolina y el diésel en Argentina a principios de 2026, YPF y otros productores y refinerías acordaron en abril mantener sin cambios los precios minoristas de los combustibles durante 45 días. La medida temporal respondió a riesgos externos e internos, incluido el fuerte aumento de los precios del petróleo, el debilitamiento de la demanda de combustibles y la inflación del sector de consumo.
Por su parte, el aumento de los precios del petróleo apenas supone un beneficio crediticio sustancial para Pemex, ya que el Gobierno de México limita efectivamente el beneficio de la empresa en términos de flujo de efectivo derivado del alza de los precios internacionales del crudo y los combustibles.
Moody Ratings explica que los mayores precios del petróleo incrementan la carga fiscal de Pemex más de lo que mejoran su rentabilidad derivada del downstream, por lo que la empresa seguirá necesitando un apoyo considerable del Gobierno.
Asimismo, indica que México ha tomado medidas para estabilizar los precios de los combustibles mediante el ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otras medidas de estímulo fiscal. Estas medidas restringen la capacidad de Pemex para trasladar sus mayores costos a los consumidores de gasolina y diésel, lo que limita los márgenes del downstream en períodos de precios elevados.
Detalla que las medidas de política recientes implican aproximadamente MXN4.6 por litro (US$0.26) en subsidios para el diésel y MXN3.3 por litro para la gasolina, por lo que Pemex se mantiene expuesta a la política de precios locales en lugar de a los precios de mercado. La política gubernamental también sigue distorsionando la economía operativa de Pemex.
En ese mismo orden, la liquidez, los altos niveles de deuda y la continuidad operativa, más que los controles de precios de los combustibles siguen siendo los principales riesgos crediticios para Petroperú.
Moody Ratings sostiene que, a pesar de la mejora en su desempeño operativo, la calidad crediticia de la empresa sigue reflejando un estrés agudo de liquidez, elevadas necesidades de capital circulante y dependencia de una intervención oportuna del Gobierno peruano.
La calificadora explica que los mayores márgenes de refinación ayudaron a Petroperú a generar aproximadamente US$273 millones en Ebitda durante el primer trimestre de 2026, en comparación con niveles cercanos al punto de equilibrio del año anterior.
Además, indica que su liquidez continúa siendo débil, con solo alrededor de US$34 millones en efectivo disponible y una ratio actual de cobertura de intereses (EBITDA/gastos por intereses) de aproximadamente 0.8 veces, mientras que las cuentas por pagar elevadas siguen financiando las operaciones.
