Silenciosos y muchas veces invisibles para quienes transitan las zonas costeras, los manglares de República Dominicana figuran entre los ecosistemas más valiosos del país. Constituyen una de las principales barreras naturales para proteger las costas, reducir la erosión, mitigar el impacto de tormentas, servir de refugio para la fauna marina y capturar carbono contra el cambio climático.
Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan una severa presión debido a la expansión urbana, el desarrollo turístico sin regulación, la agropecuaria y la contaminación. Más de un tercio de los manglares dominicanos ha desaparecido en los últimos 50 años, amenazando la biodiversidad y afectando directamente a sectores clave como la pesca y el turismo.
Ante este escenario, la Fundación Atabey plantea trascender la simple medición de cobertura para evaluar la salud ecológica, la titularidad de los terrenos y el almacenamiento de carbono.
Para lograrlo, se impulsa la creación del Fideicomiso Público Bolsa de Carbono Azul de República Dominicana, un instrumento diseñado para canalizar recursos con transparencia, trazabilidad y reglas claras de reinversión territorial.
“El manglar no puede seguir considerándose un terreno pantanoso disponible para ser rellenado: es infraestructura natural, defensa costera, fuente de alimentos, activo climático y patrimonio económico de República Dominicana”, expresa Domingo Contreras, presidente del Centro de Innovación Atabey.
Esta propuesta, asegura la entidad, busca atender vacíos clave en la gestión ambiental, tales como la falta de una línea base nacional consolidada, la necesidad de supervisión rigurosa sobre los desarrollos costeros, protocolos de restauración hidrológica y una estructura financiera que cubre los costos de validación y certificación internacional (como los estándares Verra/VCS) de los créditos de carbono azul.
“Precisamente por eso promovemos la creación del fideicomiso público bolsa de carbono azul de la República Dominicana, como instrumento para organizar y canalizar recursos con transparencia, trazabilidad y reglas claras de reinversión territorial”, señala Domingo Contreras, presidente del Centro de Innovación Atabey, en entrevista a elDinero.
Para Contreras, el enfoque debe cambiar radicalmente. “El manglar no puede seguir considerándose un terreno pantanoso disponible para ser rellenado: es infraestructura natural, defensa costera, fuente de alimentos, activo climático y patrimonio económico de República Dominicana”, precisa.
A nivel institucional y normativo, subraya que el país enfrenta el reto de consolidar un mercado de carbono azul plenamente operativo. Esto requiere definir reglas sobre la titularidad y transferencia de créditos, así como reglamentar los procedimientos de los ITMOs (Resultados de mitigación transferidos internacionalmente) bajo el artículo 6 del Acuerdo de París para evitar la doble contabilización. Asimismo, la sostenibilidad de estos modelos exige integrar a las comunidades costeras mediante la generación de empleos verdes y la distribución justa de los ingresos derivados del mercado de carbono.
Más allá de los manglares, otro ecosistema clave para la salud de las costas dominicanas atraviesa una situación crítica: los arrecifes de coral. El biólogo marino Rubén Torres, fundador y presidente de Reef Check República Dominicana, entiende que la tarea pendiente es convertir la protección de los arrecifes en acciones efectivas: hacer cumplir las áreas marinas protegidas, controlar la pesca, reducir la contaminación y fortalecer la vigilancia en el mar.
Para Torres, también es clave la capacidad de las instituciones y preparar los ecosistemas para enfrentar el cambio climático, reduciendo las presiones locales que los hacen más vulnerables.
Por su parte, Michael del Rosario, coordinador de Comunicaciones y Educación Ambiental de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), sostiene que el reto principal es conectar a la población con el mar para que conozca el valor de los arrecifes, manglares y demás ecosistemas. Su planteamiento parte de la educación ambiental y de recuperar una relación más cercana con el entorno marino, especialmente en un país insular donde muchas personas viven de espaldas al mar.
La bióloga Andreina Valdez, gerente de operaciones de Fundemar, advierte que sin ecosistemas marinos saludables no hay playas, y sin playas no hay turismo. Asegura que, si el modelo actual se vuelve insostenible y el costo de rellenar artificialmente las playas supera las ganancias, el sector turístico simplemente migrará hacia mejores destinos, dejando a República Dominicana sin su principal motor económico y sin sus recursos naturales.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representados por Mario Gonzáles y Hori Tsuneki, el reto central radica en compatibilizar el desarrollo turístico costero con la conservación marina. Consideran que el principal desafío para República Dominicana es compatibilizar el desarrollo turístico y costero con la conservación de los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos. Para ello, destacan la necesidad de fortalecer la gestión de las zonas costeras, mejorar la calidad del agua, ordenar el uso del suelo y ampliar los esfuerzos de monitoreo, conservación y restauración.
Ambos especialistas subrayan que los arrecifes de coral constituyen una infraestructura natural clave para reducir los riesgos asociados a huracanes, inundaciones, marejadas y erosión costera. Por esta razón, entienden que es fundamental aumentar la conciencia de turistas, comunidades y sectores productivos sobre la importancia de estos ecosistemas para la resiliencia de las zonas costeras y de las actividades económicas vinculadas al mar.
Gonzáles y Tsuneki señalan que el sector turístico debe asumir un papel más activo en la conservación, monitoreo y financiamiento de los arrecifes, dado que su competitividad de largo plazo depende de la salud de estos ecosistemas. Asimismo, consideran indispensable involucrar a las comunidades locales y al sector educativo para garantizar una protección sostenida y de largo alcance.
Los arrecifes actúan como infraestructura natural clave frente a huracanes, marejadas e inundaciones. Por ello, el BID apoya iniciativas como el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible y el Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, los cuales promueven soluciones basadas en la naturaleza, pagos por servicios ambientales y tecnologías agropecuarias inteligentes para reducir la erosión, mejorar la calidad del agua y proteger manglares y ecosistemas costeros.
Además, explican que el BID trabaja junto con los ministerios de Turismo y de Medio Ambiente para fortalecer una gestión integrada y resiliente de las zonas costeras. Paralelamente, la entidad impulsa un mecanismo técnico y financiero orientado a garantizar la sostenibilidad del monitoreo y la restauración de los arrecifes de coral, con el objetivo de consolidar un sistema permanente de conservación respaldado por financiamiento de largo plazo.
Visión del sector turístico
El sector privado y hotelero también fija su posición sobre el compromiso que deben asumir ante el deterioro ambiental. Al respecto, Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), subrayó a elDinero que la tarea pendiente para el sector turístico es asumir la conservación como parte de la competitividad del destino.
Esto implica ampliar la restauración de arrecifes y manglares, fortalecer el monitoreo científico y las alianzas público-privadas y desarrollar un turismo más resiliente, donde la protección del patrimonio natural sea parte de la estrategia económica del sector.
De su lado, Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Grupo Puntacana, plantea a este medio que la tarea pendiente es abordar el deterioro de los arrecifes como un problema que trasciende al sector hotelero. Aunque muchos hoteles cuentan con plantas de tratamiento, el crecimiento urbano alrededor de los polos turísticos no siempre avanza con la infraestructura sanitaria necesaria. Por ello, se plantea fortalecer el alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, mejorar el ordenamiento territorial y aumentar la inversión pública para evitar que la contaminación terrestre siga afectando los ecosistemas marinos.
En tanto, Jorge Subero, presidente ejecutivo de Cap Cana, indica a elDinero que el desafío está en actuar simultáneamente sobre la salud de los arrecifes y sobre las causas que los deterioran. Cap Cana plantea mantener el monitoreo y la rehabilitación coralina, mientras avanza en descarbonización, protección de bosques, gestión de residuos y otras medidas de sostenibilidad que reduzcan la presión del cambio climático sobre los ecosistemas.
Para frenar el deterioro costero se requiere además una visión integral sobre las cuencas y el diseño de la infraestructura pública y privada. Ernesto Reyna, exministro de Medio Ambiente, considera necesario fortalecer la protección de las zonas costeras, los manglares y las cuencas hidrográficas para reducir la llegada de contaminantes al mar. Para ello, además de recursos financieros, identifica como fundamentales la educación ambiental y una decisión política firme para hacer cumplir las medidas de protección.
En ese sentido, Hamlet Jiménez, ingeniero oceánico, indica que la tarea pendiente consiste en lograr que las obras de infraestructura costera se adapten a la dinámica natural del litoral, en lugar de alterarla. Esto supone evaluar cuidadosamente muelles, puertos, rompeolas y muros de contención, minimizar el dragado y la afectación de corales y manglares y priorizar, cuando sea posible, la recuperación de las barreras naturales que protegen la costa.
A pesar de las distintas perspectivas, los especialistas y actores del sector coinciden en puntos centrales para la recuperación del patrimonio marino. Torres, Del Rosario y Reyna coinciden en que la protección comienza por conocer y valorar los ecosistemas marinos.
Torres propone fortalecer la vigilancia, hacer cumplir las áreas marinas protegidas y reducir la pesca y la contaminación; Del Rosario apuesta por recuperar la conexión de la población con el mar mediante la educación ambiental; Mientras Reyna reclama mayor protección de costas y cuencas hidrográficas, además de recursos, educación y voluntad política.
En el ámbito económico, Bancalari, Subero y Kheel ponen el foco en la responsabilidad del sector turístico y en las condiciones que permiten la recuperación de los arrecifes y manglares. Bancalari plantea ampliar la restauración, el monitoreo y las alianzas para hacer más resilientes los destinos; Subero apuesta por combinar la rehabilitación coralina con medidas de sostenibilidad y reducción de emisiones; y Kheel advierte que el crecimiento urbano debe ir acompañado de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y ordenamiento territorial para evitar que la contaminación siga llegando al mar.
Por su parte, Jiménez incorpora la perspectiva de la ingeniería: el desarrollo de infraestructura costera debe adaptarse a la dinámica natural del litoral y minimizar la afectación de corales y manglares. Su planteamiento coincide con el de los demás especialistas en una idea central: la protección de estos ecosistemas requiere pasar de las declaraciones a acciones concretas, con planificación, inversión, vigilancia y corresponsabilidad entre autoridades, sector privado y sociedad.
El reto no es solo salvar corales y manglares, sino reconocer que de su salud también depende las playas, la economía y la seguridad de las comunidades costeras. Protegerlos exige pasar de las advertencias a la acción: más ciencia, vigilancia, saneamiento, educación y voluntad política para hacer cumplir las normas.
