[dropcap]L[/dropcap]os compromisos que asume el Gobierno dominicano con el gasto público presionan las finanzas públicas. Por un lado no está contemplado una reforma fiscal, pero por el otro está la necesidad de incrementar las recaudaciones sobre la base del esquema tributario actual.
¿Qué hacer, entonces? La mirada está puesta en las exenciones o privilegios impositivos que reciben algunos sectores de la economía. El sector transporte ya sabe de qué se trata, pues agarró su dosis en noviembre de 2016.
Y si no es por un lado será por el otro. La decisión de seguir revisando las exenciones, motivadas en el impulsar diversos sectores, está tomada.
El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, refirió que hay actividades que reciben exenciones tributarias, incluyendo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y Selectivo al Consumo (ISR), así como otros gravámenes, que deben ser revisadas porque permitirán, junto con el ahorro del 1% que ahora significan las plantas de Punta Catalina, recaudar los recursos necesarios para revertir la tendencia de crecimiento de la deuda respecto al producto interno bruto (PIB).
Considera que el fortalecimiento de las cuentas fiscales debe venir por la revisión de las exenciones que hoy alcanzan un 6.4% del PIB. Esto es, según la proyección de 2017, un monto cercano a los US$4,800 millones. Sin embargo, indicó, de ese gasto tributario hay una parte que a nadie se le ocurría tocar, pues tienen que ver con exenciones a actividades fundamentales como educación y salud.
La Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica está bajo las luces de las autoridades. “Hay exenciones que se han otorgado que deben revisarse. Algunas de ellas son de reciente establecimiento, como es la Ley de Cine, que si bien es necesario que se mantengan como tal hay que flexibilizar la capacidad del Estado de fiscalización de los incentivos que se están dando a través de algunas de estas leyes”, sostuvo.
El funcionario explicó que cuando habla de flexibilizar lo hace porque están viendo que aún coordinando las actividades de Impuestos Internos y Aduanas el sistema tiene “cierta rigidez que nos acerca al techo de 16% con la figura actual”.
Más allá de las locaciones que ofrece República Dominicana, la Ley 108-10 ha servido para impulsar la industria cinematográfica. Los productores dominicanos reciben una deducción del 100% de lo invertido por sociedades comerciales en un largometraje para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con un tope de un 25% del total a pagar por este concepto.
Las producciones extranjeras tienen un crédito fiscal de 25% transferible sobre los gastos incurridos. Además, la legislación contempla una exención del 18% del ITBIS, que aplica para los bienes y servicios relacionados con la preproducción, producción y posproducción de obras cinematográficas y audiovisuales.
En ese sentido, entiende que se debe ser flexible en cuanto a acceder, que en su caso, dijo, significa que con esa misma figura el Estado debe estar en capacidad de revisar su aplicación y fiscalizar para tener mayores niveles de recaudación de impuestos.
Según el Ministerio de Hacienda, el gasto tributario se define como los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas zonas o contribuyentes. Los gastos tributarios se hacen efectivos a través de exenciones, deducciones y créditos o pagos diferidos.
Mala práctica con los incentivos fiscales
El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, sabe que hay otros sectores que pudieran estar mal utilizando los incentivos o facilidades que reciben para sus operaciones. El de zonas francas, reveló ante periodistas de economía, ha hecho algunas cosas fuera de las disposiciones legales.
Señaló que en la práctica hay algunas de esas figuras que han sido usadas. Recordó que el año pasado se vio con el tema del uso de los carnés de ITBIS por parte de empresas de zonas francas.
“Todas tienen derecho a un carné que les permitan hacer compras locales. Algunas de esas empresas estuvieron con ese carné comprando insumos o pagando actividades que no se corresponden con la naturaleza de la empresa. Había empresas pagando flores, palos de golf, cuotas de gimnasio con ese carné y se supone que no se use para esos fines”, dijo.
Indicó que son empresas que no están supuestas a pagar hoteles de sus ejecutivos con el carné que les permite comprar bienes para sus operaciones libre de impuestos.
“Eso ha sido corregido y han sido de las medidas administrativas que nos han permitido, al igual que con el tema de los hidrocarburos, mejorar las recaudaciones fiscales”, explicó el ministro.
