[dropcap]L[/dropcap]a falta de voluntad política ha sido un mal histórico en República Dominicana. La planificación a largo plazo, salvo la irrespetada y soslayada Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ha estado ausente en la mayoría de las acciones del Estado.
Los responsables de tomar las decisiones trascendentales para el desarrollo inclusivo han echado de lado la vista y, de vez en cuando, actúan presionados por circunstancias. Los ejemplos sobran.
La economía dominicana, por supuesto, ha experimentado un crecimiento constante durante las últimas dos décadas, motivo de orgullo ante los pares de la región. Sin embargo, lograr que esa expansión económica sea equitativa es una materia pendiente. No basta con decir y ufanarse de que al producto interno bruto (PIB) será de US$73,000 millones este año si eso no se traduce en bienestar colectivo.
Lo que sí ha demostrado el liderazgo político dominicano es una falta mayúscula de visión de largo plazo. La inmediatez ha primado en la mayoría de las decisiones. Pensar en el ahora sin planificar cómo habrá que reaccionar en el mañana es una práctica cotidiana.
Si los políticos copiaran el modelo de gestión de la mayoría de las empresas dominicanas, en referencia a esa capacidad de planificación a largo y mediano plazos, posiblemente muchos de los problemas sociales, acumulados y dimensionados durante décadas, fueran temas resueltos.
La educación es sólo un ejemplo. La crisis en el sector eléctrico es otro de los tantos puntos de referencia de lo mal que ha actuado la dirigencia política en República Dominicana. A juzgar por los resultados, todos los gobernantes han fracasado pues no han logrado resolver uno sólo de los grandes problemas que han prometido resolver.
Si hoy existe un problema enorme de inseguridad en el país, que ha sido objeto de estudio para saber cuánto afecta la certidumbre de las personas y la operatividad de las empresas, es porque las decisiones coyunturales y cortoplacistas han sido un fracaso total. Un pueblo sin educación, por ejemplo, es caldo de cultivo para generar delincuentes.
Sobre la falta de voluntad política hay mucho que decir. La Ley de Educación, aprobada en 1997, es otro ejemplo. Su aplicación se hizo realidad 15 años después tras la presión de la sociedad que obligó a los políticos a firmar un compromiso para su implementación. Le tocó a Danilo Medina porque él fue quien ganó las elecciones de 2012.
Pero República Dominicana tiene muchas reformas y proyectos pendientes que son vitales para garantizar el crecimiento inclusivo. Las reformas a los códigos Tributario y de Trabajo; los pactos Fiscal y Eléctrico, la implementación de una Ley de Salud acorde a los nuevos tiempos y una profilaxis profunda en el sistema de justicia, son sólo algunos de los ejemplos más apremiantes.
Es oportuno destacar que aquí sólo ha habido voluntad política para reformar la Constitución de la República para el provecho particular de Presidentes, finalizar obras de infraestructura a la carrera en tiempos de campaña y aprobar financiamientos y contratos en el Congreso tras la voluntad de un solo hombre. Esta no es una visión de país, no es el Estado que soñaron los fundadores de la Patria. ¿Pasará igual con la Ley de Quiebras? Esperemos que no.
