Cada día de 2027, antes de pagar un salario o un kilómetro de carretera, el Gobierno dominicano tendrá que separar unos RD$962 millones para intereses de deuda. El proyecto de Presupuesto General del Estado enviado al Congreso prevé RD$351,327 millones en el año, el 23.2% de los ingresos, según elDinero.
De cada RD$100 que recaude el Estado, poquito más de RD$23 irán a pagar el costo de deudas. Esa partida se acerca a los RD$365,570 millones para la educación preuniversitaria y supera en RD$93,000 millones todo el gasto de capital previsto, es decir, la inversión en obras y equipos.
¿Es una señal de alarma o el precio razonable de una economía que crece? A mi juicio, República Dominicana todavía tiene margen, pero ese margen depende cada vez más del costo al que el Estado se refinancia, dentro y fuera de aquí.
Crecer con deuda cara
Conviene empezar por lo que funciona. Según el Banco Central (BC), la economía creció 4.5% entre enero y agosto. Moody’s elevó la calificación soberana a Ba2 en 2025, a dos escalones del grado de inversión, la categoría que abre el financiamiento más barato. A inicios de julio, el riesgo país dominicano, la prima que exigen los inversionistas sobre los bonos de Estados Unidos, rondaba 161 puntos, frente a 251 del promedio latinoamericano.
Lo que preocupa es el precio. La deuda del sector público no financiero, que incluye al Gobierno y a sus empresas, pasó de US$61,550 millones en diciembre de 2025 a US$67,827 millones en julio, un aumento que, según elDinero duplica el ritmo anual de años anteriores.
Su costo, en cambio, sí aumentó. Según la Dirección de Crédito Público, la deuda interna creció 20.6% en el primer semestre y paga en promedio 10.8%, frente a 6.4% de la externa. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) volvió a subir su tasa en septiembre y el BC dominicano llevó la suya a 5.50%.
La aritmética del interés
Más allá de las cifras, lo importante es entender cómo crece esta partida. El proyecto de presupuesto prevé ingresos por RD$1.51 billones y gastos por RD$1.84 billones, un déficit de 3.4% del producto interno bruto (PIB). Si se excluyen los intereses, el Gobierno tendría un pequeño superávit de unos RD$24,000 millones, de modo que todo el déficit, y algo más, se explica por intereses.
Sin los intereses, el presupuesto de 2027 cerraría con un pequeño superávit. Es la situación de una familia cuyo salario cubre la comida y el alquiler, pero que cada mes toma prestado para pagar los intereses de la tarjeta. No gasta de más, y aun así su deuda crece.
La regla de sostenibilidad es sencilla. Mientras la economía crezca en pesos más rápido que la tasa promedio de la deuda, la carga se diluye. Con un crecimiento real cercano a 4.5% y una inflación de 5.12% en septiembre, estimo que la economía crece en pesos alrededor de 10% al año. La tasa promedio ponderada de la deuda, según cálculos propios, ronda 7.7%. Hay margen, pero se estrecha a medida que pesa más la deuda interna, que paga 10.8%.
¿Por qué endeudarse más en pesos si cuesta más? Hay un incentivo legítimo: la deuda en moneda local elimina el riesgo de que una devaluación encarezca los pagos. A cambio, el Estado paga una tasa más alta.
A mi juicio, hay también un incentivo político: la deuda se aprueba con menos costo que un impuesto, en un país cuya presión tributaria ronda 14% del PIB, entre las más bajas de América Latina.
Hay un matiz: al menos US$2,278 millones de esa deuda son bonos para recapitalizar el Banco Central, cuyos intereses quedan dentro del sector público. Equivalen a 1.6% del PIB y no cambian la conclusión.
Quién paga la factura
Para el Gobierno, el impacto real se observa en lo que deja de hacer. El gasto de capital sube 19.7% en 2027, hasta RD$257,764 millones, pero sigue por debajo de los intereses.
Para empresas y consumidores, cuando el Estado capta una parte creciente del ahorro en pesos, compite con el sector privado por los mismos recursos. Estimo que eso ayuda a sostener tasas altas: según el Banco Central, la tasa activa promedio de la banca múltiple llegó a 13.79% en julio.
Para los inversionistas, los bonos de Hacienda ofrecen rendimientos atractivos. El riesgo es de concentración: en el caso de los fondos de pensiones, cerca de dos tercios del patrimonio está en bonos del Estado, de modo que el ahorro de los trabajadores queda atado a la salud del fisco.
De cada RD$100 que recaude el Estado en 2027, unos RD$23 irán a pagar intereses.
El fenómeno no es dominicano. En Estados Unidos, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que los intereses netos superarían US$1 billón en el año fiscal 2026, por encima del gasto en defensa. En América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima la deuda pública promedio en 52.3% del PIB, y advierte que los intereses limitan la inversión.
Jamaica muestra la otra cara: según un estudio de Brookings, bajó su deuda de 144% a 72% del PIB en una década con superávits primarios sostenidos, es decir, ingresos mayores que el gasto antes de intereses, y reglas fiscales respaldadas por acuerdos sociales.
Dos caminos
En el escenario favorable, la inflación vuelve al rango meta, los bancos centrales empiezan a bajar tasas en 2027 y el país avanza hacia el grado de inversión. Refinanciar sería más barato y el peso de los intereses podría estabilizarse.
En el menos favorable, el petróleo caro y una Fed más dura mantienen las tasas altas justo cuando hay que refinanciar. Estimo que la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal enfrentaría su primera prueba seria.
La oportunidad está del lado de los ingresos y de la calidad del gasto. Las exenciones fiscales cuestan RD$458,630 millones, 4.8% del PIB, según el análisis del proyecto publicado por Revista Mercado. A mi juicio, revisar cuáles cumplen su objetivo ampliaría el margen sin subir las tasas impositivas.
Con lo que se sabe hoy, los RD$962 millones diarios son manejables para una economía que crece a este ritmo. Me preocupa más la tendencia, porque cada año esa partida le resta espacio a la inversión pública, y creo que la discusión fiscal de los próximos meses debería empezar por ahí.
