República Dominicana se ha propuesto duplicar el tamaño real de su economía hacia 2036. La discusión se ha concentrado, con razón, en inversión, infraestructura, educación, tecnología y capital humano. Pero alcanzar esa meta también dependerá de cómo funcionan nuestros mercados: qué tan fácil es entrar, crecer, innovar y competir con empresas establecidas.
La competencia no debe discutirse únicamente en términos de legislación, sanciones o fusiones. Su dimensión económica es más amplia: crear condiciones para que la productividad, la calidad y la innovación determinen qué empresas crecen y hacia dónde se dirigen los recursos.
El BID estima que, si América Latina y el Caribe alcanzara niveles de competencia comparables a los de economías avanzadas, el PIB per cápita regional podría ser alrededor de 11% mayor. No es una proyección para República Dominicana, pero ilustra la relevancia del tema.
Ahora bien, más competencia no equivale necesariamente a más empresas ni menos concentración. En economías pequeñas, la escala puede ser indispensable para producir eficientemente, invertir y competir internacionalmente. La pregunta relevante es si una empresa con una mejor propuesta puede entrar y crecer, y si quienes ya operan tienen incentivos para seguir mejorando.
La política de competencia debe estimular esa rivalidad sin penalizar el crecimiento empresarial ni tolerar restricciones artificiales a la entrada. Experiencias regionales muestran cómo intervenciones puntuales pueden dinamizar los mercados. En Uruguay, la portabilidad numérica facilitó cambiar de operador sin perder el número telefónico. En Brasil, la portabilidad de créditos redujo costos de financiamiento donde existían alternativas bancarias. Ambos casos muestran cómo remover obstáculos puede beneficiar a los usuarios.
El Estado también influye en las condiciones de competencia. Algunas regulaciones responden a objetivos legítimos de seguridad, calidad o protección del consumidor; otras pueden crear barreras injustificadas. Trámites innecesarios, requisitos desproporcionados o compras públicas poco abiertas pueden restringir la entrada y la innovación. El desafío es evitar ventajas indebidas sin debilitar protecciones necesarias. De ahí la importancia de articular la política de competencia con la regulación sectorial y el desarrollo productivo, como plantea la CEPAL.
La reforma de la legislación de competencia, incluido el control previo de concentraciones, debe analizarse en ese marco. La OCDE y el BID han recomendado incorporar este mecanismo con umbrales definidos, criterios técnicos y garantías procedimentales adecuadas. No se trata de impedir que las empresas alcancen escala, sino de examinar las eficiencias y los posibles efectos de determinadas operaciones sobre la competencia, bajo reglas previsibles.
De cara a Meta RD 2036, los avances no deberían medirse solo por expedientes o fusiones revisadas. Importará saber si disminuyen barreras injustificadas, si aumenta la innovación y si las empresas productivas, nuevas o establecidas, pueden crecer y ofrecer mejores productos y servicios.
La inversión seguirá siendo indispensable. Pero su aporte al desarrollo dependerá de mercados que conviertan capital, talento e innovación en productividad. La política de competencia debe contribuir a ese objetivo con reglas técnicamente sólidas, proporcionales y compatibles con el crecimiento empresarial y la seguridad jurídica.
