República Dominicana está obligada, y más que eso, comprometida, a mantener un crecimiento económico fuerte, que le diga al mundo que este es un país con excelentes condiciones para vivir e invertir; para generar empleos de calidad y venir a hacer turismo; para apostar al progreso, al optimismo y al bienestar común.
Esta aspiración, por supuesto, es una meta que no compete sólo a un gobierno en particular, a un funcionario, sea éste Presidente o no, o a los empresarios, sin importar su incidencia en la economía; tampoco es de las iglesias de manera separada o de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Apostar al optimismo y no a la incertidumbre es una obligación de toda la ciudadanía.
El país necesita, ante todo, de la unión de voluntades positivas y propositivas; de ciudadanos comprometidos con el trabajo arduo y sacrificado; de dueños y ejecutivos de empresas que asuman un papel activo en sus comunidades y con el entorno que les permite operar y generar riquezas. Un país posible sólo se logra con instituciones fuertes y una población consciente de sus responsabilidades con el Estado, con el futuro de las generaciones que sucederán a las que hoy están obligadas a sentar bases fuertes.
La sociedad está obligada, al mismo tiempo, a levantarse cada día con el pie derecho, o sea, convencida de que todo lo bueno y fructífero saldrá bien. Producir, producir, producir y producir para el desarrollo sostenible de todos, sin excepciones, debería estar inculcado en cada gen.
La meta positiva, es decir, la actitud proactiva, ayuda a combatir todos los males: corrupción, falta de educación y salud; inseguridad ciudadana, pobreza, desempleo y todos los obstáculos que hoy merman las perspectivas de desarrollo. ¿Por qué? Cuando hay unidad de criterios respecto a lograr la consecución de metas sobre la base del trabajo digno, sin importar los retos, las sociedades salen adelante.
Si la actitud hubiera sido positiva desde la fundación de la República, sin importar el tipo de gobierno, posiblemente no existieran muchos de los problemas que hoy impiden el desarrollo pleno de los dominicanos. La educación sustentada en valores, por ejemplo, debió haber sido una práctica desde mediados del siglo XIX cuando se logró la Independencia. Incluso, hoy no se estuviera hablado de la profunda debilidad institucional que corroe los estamentos fundamentales del Estado.
Apostar al optimismo incide en los resultados. Es hora de fortalecer la alianza público-privada para echar a un lado los intereses particulares y defender la transparencia a toda costa. Una sociedad transparente beneficia a todos sin discriminación. Cuando un empresario logra un permiso para instalar una fuente de generación de empleos, y mejor si es una industria con vocación exportadora, sin acudir al soborno sus costos se disminuyen mejorando considerablemente sus niveles de competitividad.
Echar a un lado los intereses particulares es apostar al bienestar de todos. Cuando una población, vista como consumidores, mejora su poder adquisitivo el beneficio se distribuye en igual proporción: gana el Estado a través de las recaudaciones fiscales, pero también el empresariado porque vende muchísimo más y puede contratar más empleados. Y mucho mejor: cuando una economía alcanza el pleno empleo los niveles de inseguridad también mejoran. ¿Para lograrlo? La fórmula está escondida en la actitud particular de cada dominicano.
